[Editorial] Día internacional de la lengua materna

El 21 de febrero se ha conmemorado el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha instaurada en la Conferencia General de la UNESCO en el año 1999 por iniciativa de Bangladesh. Esta fecha está animada por el ideal de preservar la diversidad cultural y lingüística en el mundo. Hay que señalar, además, que los derechos lingüísticos son un componente insoslayable de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Para la conmemoración de este año se ha elegido resaltar el tema del multilingüismo en la enseñanza escolar. Las Naciones Unidas instan a la comunidad mundial a ampliar y fortalecer la enseñanza en las lenguas originarias de los diversos grupos étnicos que conforman su población. Esto sirve a una variedad de propósitos. En primer lugar, como se ha dicho ya, conduce a la preservación de la diversidad cultural; en segundo lugar, lleva a cumplir con la garantía y el respeto de los derechos económicos sociales y culturales; en tercer lugar, garantiza también el derecho a la educación. Se ve con claridad el carácter integral e interdependiente de los derechos humanos.

En una sociedad como la peruana –pluricultural y al mismo tiempo marcada profundamente por la discriminación étnica—hablar de lenguas maternas exige hablar de lenguas originarias, aunque no son dos conceptos idénticos. Si bien existe entre nosotros ya una normativa que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias, así como políticas públicas que disponen el uso del enfoque intercultural, la injusticia es persistente y generalizada.

Hay que añadir que entre las muchas injusticias lingüísticas destaca el caso de la lengua de señas peruana (LSP), creada por la comunidad sorda en nuestro país. Aunque es considerada oficial (Ley 29535), el Estado no la reconoce como lengua originaria peruana, con lo cual la excluye de los servicios lingüísticos que brinda a las otras lenguas (como el entrenamiento de intérpretes, por ejemplo).

En suma, las inequidades en esta materia son un tema sobre el cual hay que llamar constantemente la atención del Estado y de la sociedad. Esa inequidad se expresa, por ejemplo, en el pobre esfuerzo realizado hasta el momento por traducir documentos oficiales a las lenguas originarias y en la formación de intérpretes para que todos los ciudadanos del país tengan igual oportunidad de acceso a las instancias oficiales –ejecutivas, legislativas y judiciales—del Estado. Los derechos lingüísticos son esenciales para el ejercicio de todos los otros derechos humanos, y, así, con un elemento constitutivo de la ciudadanía en una sociedad democrática.