[Editorial] Nuevo gobierno y Bicentenario

Este 28 de julio se cumple el Bicentenario de la Independencia y al mismo tiempo se produce el cambio de gobierno. Como se ha señalado muchas veces, esta fecha tan significativa, que se esperaba fuera ocasión de celebraciones, llega en un momento de crisis para el país. Se trata, por un lado, de la crisis sanitaria y económica originada en la pandemia, y, por otro lado, de la crisis política que se arrastra desde hace ya casi cinco años. Todo ello en conjunto determina que en esta fecha reine un clima de incertidumbre, no uno de festividad.

Y, sin embargo, pensando con perspectiva histórica, es importante reconocer que muchos aspectos de la vida nacional también han tenido una evolución positiva. Tal vez la forma más resumida de referirse a todo ello sea señalar que estos dos siglos de vida también han sido un periodo de consistente ampliación y reconocimiento de derechos, así como de paulatina inclusión social. Este proceso no siempre ha tenido lugar por iniciativa del Estado ni de los sectores sociales que han gobernado históricamente al Perú. La mayoría de las veces la democratización del país ha tenido como protagonista, como factor causante, a los sectores excluidos, mediante su tenaz reclamo de derechos y su progresiva conquista de ciudadanía en diversos momentos de la vida nacional.

Lo dicho no significa, desde luego, desconocer lo mucho que hace falta avanzar para convertir al Perú en una sociedad verdaderamente democrática. Es todavía muy intensa la marginación de amplios sectores de la ciudadanía, así como en el trato cotidiano resultan patentes las prácticas de racismo y el peso de una cultura jerárquica que se resiste a desaparecer. Así mismo, es innegable que los derechos, si bien consagrados universalmente en nuestras constituciones desde la Carta de 1979, no son ejercidos realmente por toda la población. La falta de acceso a servicios públicos básicos, o la mala calidad de muchos de los servicios que se presta a amplios sectores de la población, son una prueba de lo dicho. A pesar de eso, también es justo reconocer que el Estado se va democratizando, y que el Estado peruano del año 2021, pese a todas sus deficiencias, se ha vuelto más democrático y algo más sensible, por ejemplo, al hecho de que nuestra sociedad es pluricultural, y que la administración pública debe serlo también. Todavía es necesario, ciertamente, moldear un Estado más decidido a garantizar efectivamente los derechos de los pueblos indígenas y de varios otros sectores desfavorecidos de la población. Y es absolutamente legítimo y necesario que la sociedad siga reclamando por ello. Pero es una ruta en la que hemos avanzado, no retrocedido.

La continuación de ese avance y la superación de los vacíos e injusticias que todavía marcan a nuestra sociedad dependerá de cómo se desenvuelva la vida política del país. Y la premisa fundamental es la preservación de la democracia y el marco de derechos y de libertades que se ha intentado afirmar en estos dos siglos. Los avances en reconocimiento y la garantía de derechos son indesligables del régimen político.

No está de más señalar que este 28 de julio se verificará el quinto traspaso del poder por vía electoral desde el año 2001. Y aunque una democracia es mucho más que elecciones libres, ese no es un elemento desdeñable. Hoy en día, en medio del clima de crispación política que aqueja al país, es importante resaltar eso: la búsqueda de justicia, de equidad, de reconocimiento y ejercicio pleno de derechos solo puede ser exitosa en democracia. Eso demanda un compromiso pleno del nuevo gobierno y de la oposición, así como de toda la sociedad. El Bicentenario de la Independencia no ha sido ocasión de festejos, pero debe ser ocasión de reafirmar un compromiso.