[Editorial] Reformas y racionalidad democrática

Cuando se inició la aguda crisis institucional que ha caracterizado a este periodo de gobierno el tema predominante era la indispensable reforma del sistema político. Aparecían como problemas de atención urgente, por ejemplo, cuestiones como las reglas de financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como la manera fraudulenta como se arman partidos o alianzas para unas elecciones, sin que tengan una verdadera trayectoria pública, implantación territorial, ni, por consiguiente, un verdadero compromiso con los asuntos públicos ni con la democracia. Todo ello, se estimaba entonces, nos conducía a una representación política hueca, incompetente, carente de representatividad y, de hecho, no interesada en ser representativa. Y, por clara derivación, nos llevaba también a una profunda y extendida corrupción, que también era uno de los temas de discusión principal antes del estallido de la pandemia de Covid-19.

El fracaso en hacer una reforma política –lo cual, por lo demás, era imposible precisamente por el Congreso en funciones entonces—nos ha traído al difícil dilema que enfrenta ahora el país: la obligación de elegir entre dos candidaturas que no ofrecen garantías suficientes de responsabilidad, respeto al orden democrático ni competencias para el gobierno.

Es un evidente círculo vicioso. No se puede hacer una reforma política efectiva dado el elenco político (o clase política, como se suele decir con inexactitud) en funciones. Pero la calidad de ese elenco político no puede variar ni ser mejorada mientras no exista una reforma política sustantiva y viable.  Los próximos cinco años no anuncian nada mejor.

En ese contexto, el salvataje de lo que queda de la institucionalidad democrática, y de sus perspectivas de ser reformada, lo cual es una evidente necesidad, requieren del concurso activo de la ciudadanía organizada. Es muy elocuente que se tenga que exigir a los candidatos, como se ha hecho en la reciente Proclama Ciudadana, que se comprometan a respetar el periodo de gobierno establecido o los derechos de la ciudadanía, cuestiones que ni siquiera deberían estar en duda en una democracia. La iniciativa que produjo esa Proclama, y que exigió tales compromisos, ejemplifica la profundidad de nuestra crisis, pero ofrece también una señal de la clase de acciones que tocará a la ciudadanía emprender en el futuro.

El desdén por las formas y procedimientos democráticos es, en efecto, un elemento común de los dos candidatos. Si una candidata ha hecho campaña con la promesa de la “mano dura”, el otro propone recurrentemente una noción plebiscitaria del uso del poder. Ambas son encarnaciones de ese populismo autoritario de izquierda y de derecha que recorre diversas partes del mundo en la última década.

Esos gestos autoritarios son particularmente inquietantes, además, porque enturbian el camino hacia los cambios que se necesita hacer. El Perú necesita urgentemente grandes reformas políticas y económicas, e incluso hay una amplia demanda de reforma o de cambio constitucional que ha de ser escuchada. Pero esas reformas no pueden ser realizadas desde la fría racionalidad tecnocrática ni desde un populismo vecino de la demagogia. Ambos son anverso y reverso del autoritarismo. La vida y los derechos de los ciudadanos, sobre todo los de los más pobres, los de los históricamente marginados, los de aquellos cuyos derechos todavía no son suficientemente reconocidos, merecen propuestas más serias y, sobre todo, mejor sintonizadas con los procedimientos de debate racional y político y de respeto a los derechos fundamentales que son propios de una democracia. Por ahora, las candidaturas han ofrecido acatamiento a la democracia, pero lo han hecho bajo la presión de una segunda vuelta electoral y con un propósito táctico, no necesariamente por convicción. La hora de la iniciativa, la fiscalización y la demanda ciudadana no ha pasado todavía.