Estamos a menos de dos semanas de las Elecciones Generales 2021. Hasta el momento, lo más notorio del proceso es el desprestigio abismal de las organizaciones políticas que compiten por la Presidencia y por puestos en el Congreso. Sea que se trate de organizaciones con una trayectoria previa en la política nacional o de membretes activados para esta ocasión, todos son objeto de una profunda desconfianza o, en el mejor de los casos, de un completo desconocimiento por parte de la ciudadanía.
¿Evidencias de lo dicho? El candidato mejor posicionado en las preferencias electorales, según las encuestas, no llega ni al 12% de intención de voto. Los demás que se consideran con posibilidades de estar en una segunda vuelta se congratulan de tener el apoyo de entre el 7 y el 9 por ciento del electorado. En otros sistemas políticos menos arruinados que el peruano esos serían los resultados de organizaciones muy minoritarias, incluso marginales.
Es importante tener presente esas cifras para no perder de vista, después de la segunda vuelta, el verdadero estado de la política del país. Obviamente, cuando esta tenga lugar el ganador tendrá un apoyo más grande y también lo tendrá quien pierda. Pero su peso específico real, en la voluntad del electorado, es el que se está expresando ahora y el que se manifestará el 11 de abril. Lo mismo vale decir para la composición del Congreso. El mecanismo de transformación de votos en escaños arrojará cierto número de representantes para cada organización en el Parlamento. Y habrá alguna fuerza o alguna coalición de fuerzas mayoritarias. Pero hay que tener presente que, en el día de hoy, la organización con mayor apoyo apenas reúne el 12 o 13 por ciento de intenciones de apoyo. Ese es el verdadero tamaño de su representatividad.
«La agenda pública más acuciante se halla ausente o, en el mejor de los casos, es materia de declaraciones vagas o, a veces, puramente efectistas, carentes de realismo, de viabilidad técnica y, en ocasiones, carentes incluso de idoneidad legal y constitucional.»
Esta enorme desafección se explica por una diversidad de factores, entre los cuales la improvisación y la corrupción tienen un lugar principal. No se debe desatender, entre ellos, otra carencia crónica de la política nacional como es la ausencia de discusiones y propuestas sobre los temas y problemas que afectan directa y cotidianamente a la población y al orden democrático. Es cierto que las organizaciones postulantes presentan un plan de gobierno y que, en los debates que se vienen realizando, algunos candidatos –muy pocos, en verdad—explican algunas propuestas de acción. Pero en términos generales la agenda pública más acuciante se halla ausente o, en el mejor de los casos, es materia de declaraciones vagas o, a veces, puramente efectistas, carentes de realismo, de viabilidad técnica y, en ocasiones, carentes incluso de idoneidad legal y constitucional. A ese orden pertenecen, por ejemplo, muchas de las propuestas relativas a esa preocupación predominante entre la población que son la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Varias de estas propuestas, así como también las vinculadas con la migración, constituyen muestras de esos fondos oscuros de la política electoral que son la demagogia, la agitación de temores y la instigación de odios entre la población, y son contrarias a los derechos humanos y, en realidad, al orden democrático en sí mismo. La democracia peruana necesita liderazgos racionales y democráticos si ha de volver a ser realmente significativa para la población.
