25/08/2020

Espinar: nada cambia, todo cambia

Por: Ana María Vidal (*)

La historia: A inicios de 2015, en un evento de líderes indígenas en Cusco, uno de los líderes de la FUCAE[1] señaló que él y otros defensores de Espinar habían sido calumniados y difamados vía televisión nacional un domingo por la noche por un conocido asesor de empresas mineras. Él pedía ayuda a una congresista presente en el evento para no dejar que continuara este agravio en su contra y en contra de toda su federación. Sin embargo, también dijo algo que me sorprendió: no queremos que la mina se vaya; si tiene que quedarse, que se quede, pero que no nos mate lentamente, que no nos contamine y, sobre todo, que no nos ataquen. Un poco más de cinco años después vuelvo a hablar con el mismo líder y me dice que ya se cansó, que la mina se debe ir. ¿Qué pasó, o qué no pasó, en esos cinco años para que se diera en él este cambio?

Los enfrentamientos entre la población y la empresa minera en Espinar no son de ahora ni de hace cinco años. Desde 1991, se han repetido en 2003 y también en 2005. Ya en 2012, debido a los resultados del CENSOPAS (Ministerio de Salud) que determinaban la existencia en exceso de sustancias químicas en las personas y el ganado, hubo una protesta de la ciudadanía: decretaron un paro indefinido.

Días después, el gobierno no encontró mejor solución que decretar estado de emergencia. Así frente a una protesta que tenía como origen denunciar la contaminación, la respuesta del gobierno central fue restringir derechos y la represión policial. Esta última produjo heridos y dejó cuatro personas muertas. A la fecha, no existe sentencia contra quienes mataron a los comuneros. Sí existe un proceso judicial interminable contra los líderes de la protesta, entre ellos el exalcalde Óscar Mollohuanca.

Ocho años después, la represión se repite como una cruel tragedia: La pandemia generó restricciones en todo el Perú, las cuales no solo limitaron los derechos a la libertad de reunión o tránsito, sino que también limitaron –y continúan limitando- el derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación y a la salud, entre otros. El único sector que no ha restringido sus labores en Perú es el minero. Y la empresa Glencore no fue la excepción. Mientras la población veía que no tenía que comer, que sus hijas e hijos no pueden acceder a clases, que el hospital está desabastecido, la empresa seguía produciendo, lucrando y, lo más peligroso, generando el riesgo de contagio del COVID-19.

A mediados de mayo, y frente al abandono del Estado en plena pandemia, la ciudadanía de Espinar exigió a la empresa minera Glencore que, dentro del Convenio Marco que tienen firmado hace 17 años con esta y en el cual se contempla un fondo para ejecutar proyectos de desarrollo para la población, se reoriente un porcentaje de ese fondo y se entregue de manera directa y en efectivo un bono de emergencia de mil soles para las personas afectadas por el estado de emergencia. La minera se negaba. Su argumento: el dinero estaba destinado a ejecutar proyectos de desarrollo de la provincia.

¿Quién decide cuál es el desarrollo cuando se pasa hambre y necesidad? Por dos meses la empresa se resistió a las demandas de la población e insistía en los proyectos de desarrollo. La población, por su parte, insistía en la necesidad de recibir el dinero. Fue el gobierno central quien decidió: no envió bonos ni subsidios ni atención en salud; envió a la Policía Nacional, la cual, usando como base las instalaciones de la empresa, reprimió la protesta de la población.

La represión en Espinar violó varios estándares de derechos humanos: la policía realizó disparos contra camiones que trasladaban a la población, infiltró en las jornadas de protesta a personal policial, usó armas letales, dejó tres heridos de bala por la espalda y varias personas heridas por perdigones. Además, los agentes de policía fueron a buscar, y de ese modo intentaron intimidar, a la doctora que denunció estos hechos. Y en medio de las protestas hubo agresiones de la policía contra el periodista Vidal Merma.

Y mientras en Espinar el conflicto escalaba de manera exacerbada, el 22 de julio, en el momento más álgido de la represión policial a la protesta, el gobierno publicó una resolución ministerial para evaluar los posibles daños y ejecutar un plan de reparaciones, según corresponda. Pero esto se ha hecho solo para 13 comunidades, cuando son más las que le han señalado al gobierno que también se verán afectadas por las ampliaciones de la empresa Glencore. Así, en medio de la jornada de protesta sacaron una resolución solo para algunas comunidades excluyendo a muchas otras que protestaban. Divide y vencerás.

Además, en el discurso presidencial de 28 de julio, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que la expansión del proyecto minero Coroccohuayco, expansión impulsada desde  hace más de tres años por la empresa Glencore, ya se encontraba en “etapa avanzada”. Y, sin embargo, este proyecto aún no tiene consulta previa. Esto fue un golpe adicional a la confianza de la población. No se trata solamente de los problemas la salud y del abandono de las condiciones de vida, sino también de el no escucharla: el desprecio mostrado desde el gobierno central.

El 7 de agosto se llegó a los primeros acuerdos. Una Comisión de Alto Nivel del gobierno central, la iglesia católica (vía el obispo de Sicuani) y la empresa Glencore firmaron con algunas de las organizaciones sociales, no con todas, la transferencia de 44 millones del Convenio Marco a la reactivación económica de la población vulnerable. Para eso entregarán tarjetas con el monto de mil soles para cada persona que las reciba.

La inclusión financiera forzada: Hace poco hablé también con la defensora de derechos humanos espinarense, Elsa Merma. Me cuenta que la población está intranquila por la entrega del dinero, un dinero que necesitan porque se han quedado desabastecidos. Muchos hogares no tienen qué comer. La entrega de dinero no se da hasta ahora. Otra preocupación adicional es que la entrega será vía tarjeta. Ellas y ellos necesitan que sea en efectivo, por múltiples razones. Las más importantes: para no estar desplazándose constantemente al banco y para que la circulación de este dinero llegue hasta las comunidades más pobres. Consideran que la entrega vía tarjeta acrecentará el traslado a las ciudades de Cusco o Arequipa y el dinero irá así directamente a las grandes tiendas y no a los pequeños productores.

También me cuenta que ya la población está cansada, que la desprotección en derechos continúa y la pandemia ha empeorado la situación precaria en la que viven, con una salud debilitada debido a la contaminación en sus cuerpos generada por la mina y sin un hospital adecuado. Pero lo que más les preocupa es que el internet no llega bien, tampoco los medios de comunicación, y con esto la educación de la mayoría de niñas y niños está paralizada. Elsa Merma termina diciendo: “y de algo tan importante como la educación nadie habla”. Me despedí de ella deseándole mucha fuerza y resistencia.

El conflicto en Espinar aún no está resuelto del todo, aún continúan en tensa calma. Lo único cierto es que estamos en pandemia y si nuestra economía a nivel nacional no se ha estrellado contra el piso aún, es porque sigue cayendo en picada y no hay quien la frene. Ha terminado un periodo, pero quienes ponen las reglas de juego parecen no haber acusado recibo de esto. Insisten en que la única vía para salvar nuestra economía será el extractivismo exacerbado, ese mismo extractivismo que está incrustado en Espinar desde más de 30 años y que aún no ha llevado ni salud ni alimentación ni educación de calidad.


(*) Abogada experta en derechos humanos.

[1] Federación Unificada de Campesinos de Espinar

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