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Opinión 7 de abril de 2020

Escribe: Gonzalo Gamio Gehri [1]

El aislamiento social es una cosa muy seria. No poder salir de casa y ver a tus seres queridos es realmente difícil. Sólo se justifica por la convicción de que observar esta medida entraña el esfuerzo por preservar la salud de las personas que quieres, y la de tus conciudadanos. Se justifica en nombre de un bien mayor, el cuidado de la vida y de los derechos de los seres humanos que comparten una sociedad con nosotros. Tenemos que reformar nuestras costumbres, nuestra manera de pasar el tiempo, la forma en que vivimos cada día. Es duro. Pone a prueba nuestra capacidad de empatía y nuestro sentido de responsabilidad comunitaria.

Una situación tan delicada interpela en torno a nuestras prioridades, así como cuestiona los principios que regulan y orientan nuestras acciones en los escenarios de la vida cotidiana y en la vida pública. Nos preocupa nuestra situación, pero este contexto de pandemia nos lleva a pensar en la situación de los demás, en particular de aquellos que están en una condición vulnerable. Si no tomamos decisiones, el contagio se multiplicará y nuestro sistema de salud podría colapsar.  La cuarentena es una medida razonable, y tenemos que adaptarnos a sus exigencias el tiempo que se necesite para superar esta crisis sanitaria.

«La persona no puede ser sacrificada en nombre de los proyectos o los intereses de un grupo, ni siquiera puede ser instrumentalizada pensando en “la dicha futura de la mayoría”».

Resulta lamentable que algunos gobiernos no hayan tomado con seriedad la transmisión del coronavirus en su territorio. El Presidente de Brasil ha señalado que no había que darle demasiada importancia a una “pequeña gripe”, a la vez que criticaba al gobernador del Estado de Sao Paolo al decretar la cuarentena en aquella jurisdicción.  Resulta preocupante que las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido hayan minimizado la gravedad de la pandemia, y hayan perdido un tiempo valioso para tomar acción y contener sus consecuencias para la población. En algunos países afectados se está discutiendo sobre si es pertinente retirar la asistencia médica inmediata a ciertos grupos vulnerables, como los adultos mayores; en otros se pretende privilegiar la seguridad del aparato productivo por encima de la vida y la salud de los ciudadanos. Consideran que deben optar por el bienestar de las grandes corporaciones y apostar por el futuro de aquellas personas que tengan la suerte de no ver comprometida su salud en el curso de estas semanas de dolor e incertidumbre.  Esta situación debe llevarnos a pensar qué principios éticos y políticos vertebran nuestras democracias liberales, y hasta qué punto estamos a la altura de sus exigencias.

Una sociedad democrática se caracteriza por considerar que el fin último de su organización y funcionamiento es el cuidado de los derechos de las personas. Cada uno de los individuos es concebido como un agente libre, igual a sus conciudadanos ante la ley. La idea básica es que el individuo es intrínsecamente valioso, que su existencia posee dignidad y no sólo un valor de utilidad, que debe ser tratado como un fin y no exclusivamente como un medio. Esta idea fue planteada por Kant en su segunda formulación del imperativo categórico, pero ella recoge motivos prácticos presentes en el humanismo renacentista, en el cristianismo y en la Ilustración. La persona no puede ser sacrificada en nombre de los proyectos o los intereses de un grupo, ni siquiera puede ser instrumentalizada pensando en “la dicha futura de la mayoría”. Estas consideraciones sobre la dignidad constituyen la fuente de la concepción de la persona como titular de derechos humanos universales, no susceptibles de negociación. Ciertamente esta idea a su vez constituye el corazón mismo de la cultura política liberal.

En esta perspectiva, poner en peligro la salud y la vida de los ciudadanos bajo el propósito de proteger el funcionamiento del aparato productivo o para preservar los intereses de las corporaciones constituye una estrategia que es incompatible con el principio de dignidad y con el sistema de derechos. La promoción de la eficacia del mercado no puede convertirse en una prioridad sobre el cuidado del individuo, no desde un punto de vista liberal. Por supuesto, la forma cómo manejamos las situaciones de crisis puede llevarnos a enfrentar conflictos sumamente complejos – acaso trágicos -, pero no debemos abandonar el compromiso con los derechos de cada ciudadano.


[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es miembro de IDEHPUCP. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.