Los días 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, el Seminario Internacional Derechos Humanos y Empresas en América Latina, reunión de trabajo del Consorcio Latinoamericano de Posgrados en Derechos Humanos. En este evento, Gustavo Zambrano, investigador senior del Idehpucp presentó los hallazgos del ‘Estudio de la cadena minera y sus relaciones con los derechos humanos’, financiado por la Fundación FORD. La investigación, coordinada por Cristina Blanco, se viene realizando en el marco de un proyecto que busca reconocer, a nivel de la región, de qué manera las actividades de las empresas transnacionales extractivas pueden generar situaciones de potencial afectación a los derechos humanos.
Este proyecto, impulsado por el Consorcio de universidades con posgrado en Derechos Humanos, concluye en febrero del 2018. Cuenta con un equipo multidisciplinario integrado, además de Zambrano y Blanco, ambos investigadores senior, por la abogada, Valeria Reyes, el antropólogo, Eduardo Hurtado y Emily Button Aguilar, abogada Juris Doctor de Nueva York e investigadora del Idehpucp.
En el Seminario se presentó el documento preliminar “Estudio de la cadena minera y sus relaciones con los derechos Humanos: Diagnóstico sobre la situación en el Perú”. Este documento busca aportar un análisis académico, desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre cómo se hace minería en el país a partir de las normas e instituciones vigentes, y qué derechos ponen en riesgo o permiten afectar tales normas e instituciones. La investigación toma como punto de partida, la necesidad de que el Estado peruano funcione como palanca para promover y exigir la conducción de la actividad empresarial acorde a las exigencias mínimas de la ética que reflejan los derechos humanos.
El objetivo central de la investigación ha sido formular recomendaciones al marco normativo e institucional peruano, que permitan evitar el riesgo o afectación de derechos humanos que se observa a partir de casos emblemáticos en materia de minería a gran escala. Para ello, se planteó tomar como objeto de estudio distintos proyectos mineros con determinadas características para poder brindar luces sobre cuáles son las etapas de la cadena minera en donde se producen mayores situaciones de conflictividad y cuáles son los derechos humanos cuya vigencia y protección están en situación de riesgo como consecuencia de dicha conflictividad. Todo esto, considerando que el fin último de la investigación es la formulación de recomendaciones al marco normativo e institucional del país.
Ello se viene haciendo a través del estudio de “casos emblemáticos” de conflictividad social en materia de mega minería en los últimos 5 años. Los criterios para determinar qué casos pueden ser considerados emblemáticos fueron: i) la presencia de conflictividad social o ambiental alrededor del proyecto, ii) la existencia de situaciones de violencia en el conflicto, y iii) la intervención de instancias de Gobierno Nacional en el conflicto. Para ello, se tomó como fuentes de información los reportes mensuales de conflictos sociales elaborados por la Defensoría del Pueblo entre los años 2011 y 2016, acorde a los años en que los proyectos fueron considerados prioritarios para el Estado.
A ello se sumaron la aplicación de categorías que permitiesen tener mejores probabilidades de profundizar en los casos: niveles de documentación bibliográfica, de exposición mediática y de duración de los conflictos, y clasificarlos en función a índices de alto, medio o bajo. De ese modo se seleccionó como muestra final aquellos proyectos que el equipo consideró tuvieron mayor trascendencia en el contexto nacional (por su impacto y duración) y con mayores fuentes documentales.
El resultado de la aplicación de estos criterios fue una selección de seis (6) proyectos mineros que presentan tanto las características objetivas, como subjetivas:
- Proyecto Las Bambas, de la empresa MMG Limited, ubicado entre las provincias de Cotabambas y Grau (región Apurímac) con reservas de 7,2 Mt de cobre y cuyas operaciones de desbroce inicial comenzaron en el 2014.
- Proyecto Minas Conga, de la empresa Yanacocha, ubicado en las provincias de Celendín y Cajamarca (región Cajamarca) con reservas de 344 Mt de mineral en el depósito Perol y de 160 Mt en el depósito Chailhuagón. Las actividades de exploración se iniciaron en el 2004 y actualmente se encuentra paralizado.
- Proyecto Antapaccay, de propiedad de Glencore, ubicado en la provincia de Espinar (región Cusco) con reservas de cobre de 1,024 Mt. Constituye una sinergia con el proyecto Tintaya, de la misma empresa, en proceso de cierre.
- Proyecto Río Blanco, de la empresa Río Blanco Copper, ubicada en la provincia de Huancabamba (región Piura) con recursos estimados en 7,16 Mt de cobre y 280mil toneladas de molibdeno. Actualmente se encuentra paralizado.
- Proyecto Antamina, de BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi, ubicado en la provincia de Huari (región Áncash). El proyecto es un complejo minero polimetálico que produce cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. Actualmente se encuentra en operación.
- Proyecto Tía María, de la empresa Southern Perú Copper Corporation, ubicado en la provincia de Islay (región Arequipa) que comprende la explotación de 2 yacimientos de cobre: La Tapada con una estimación de 425 Mt de cobre y Tía María de 225 Mt. Actualmente se encuentra paralizado.
Los 6 proyectos pasaron a la etapa de análisis detallada, en la que se encuentra actualmente la investigación. Es en esta etapa donde se busca identificar, a partir de la información recabada, los escenarios en los que los derechos humanos pueden estar posiblemente afectados o amenazados, así como los momentos o etapas de la cadena de producción minera en que se produjeron estos escenarios de posibles vulneraciones. Es este análisis conjunto el que posibilita identificar patrones alrededor de “casos emblemáticos”; es decir, tendencias que proporcionan pistas sobre el origen de aquellas situaciones que luego puden ser consideradas como de vulneración de derechos en la actividad minera, ya sea en el accionar empresarial, en las respuestas del Estado ante conflictos o en el propio sistema normativo.
Así pues, el trabajo realizado y aun en actividad, busca entender el conflicto como una consecuencia suscitada por la posibilidad de que se haya vulnerado derechos humanos, sin que ello signifique sue siempre haya una vulneración debido a la conflictividad. Al retroceder hacia las causas que originaron estos conflicto, la labor propuesta es poder ver si estas calzan -y de qué manera- con la cadena de producción minera reconstruida; es decir, ver no solo la situación de violencia, sino sobre todo las causas, las manifestaciones de la conflictividad y los resultados derivados de aquel momento en el que una acción empresarial o estatal haya estado involucrada en situaciones que afectan el ejercicio de derechos humanos.
