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23 de junio de 2020

Por: Carlos Vásquez Ganoza (*)

 A los 100 días de la cuarenta, y como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en los penales a nivel internacional, el Perú ha emitido, luego de idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Congreso, cuatro normas con fines de deshacinamiento:

La primera de ellas fue el decreto legislativo N.º 1459 (13/04/2020), destinado a reducir el número de internos por delitos de omisión de asistencia familiar, que en enero de este año bordeaba los 2832, cifra que representa un gasto del Estado de 4.5 millones de soles anualmente solo en alimentos. La norma exige, para su egreso, el pago íntegro de la reparación civil y la totalidad de las deudas alimenticias acumuladas. En quince días de vigencia, se ha informado que 961 de ellos han egresado de penales; esto es, el 34% de los omisos.

La segunda norma fue el decreto supremo N.º 004-2020-JUS (22/04/2020), que impulsa las gracias presidenciales, especialmente los indultos humanitarios y conmutaciones de penas. La norma, según se dijo, estaba destinada a beneficiar a unos 3000 internos con fines de deshacinamiento, en especial a personas con enfermedades crónicas avanzadas, madres gestantes, internos con penas por cumplirse en los próximos seis meses o con penas menores a cuatro años, y adultos mayores de 60 años. Al día 100 de la pandemía se han otorgado las primeras gracias a 332 personas, esto es, el 10% de los que supuestamente serán beneficiados.

En resumen, al día 100 de la cuarentena, 1293 internos han egresado por políticas de deshacinamiento impulsadas por el ejecutivo, lo que representa el 1.3% del total de la población, que en marzo de 2020 ascendía a 97, 493 mil internos.

A nivel internacional, el desahacinamiento ha ido a otra velocidad: Bélgica ha excarcelado entre el 13 y el 31 de marzo a 872 internos que tenían un saldo de seis meses para cumplir sus penas; Francia ha disminuido en 6,266 su población penitenciaria entre el 16 de marzo y el 1 de abril excarcelando especialmente a aquellos que se encontraban al final de sus condenas; algunos estados de Alemania han ido en la misma dirección (en Westfalen se liberó a 1.000 internos a los que faltaba año y medio para cumplir sus condenas; en Berlín, a los que tienen pena menores a 3 años; en Bayern y Neidersachsen se aplicó la medida a condenas inferiores a 6 meses). Italia, luego de sufrir 40 motines, ha emitido un decreto para beneficiar a 3.000 internos con penas inferiores a 3 años. (European Prision Observatory, marzo 25, 2020).

El Poder Ejecutivo ha hecho un último esfuerzo con la dación de los decretos legislativos N.º 1513 y N.º 1514, ambos publicados el 4 de junio de este año. El primero de ellos establece 4 medidas excepcionales para deshacinar: dos de ellas destinadas a procesados internos (cese de la prisión preventiva por delitos de mínima lesividad y revisión de oficio de las prisiones por parte de jueces de emergencia penitenciaria); las otras dos destinadas a condenados internos (remisión condicional de la pena y proceso simplificado de beneficios penitenciarios). La norma además establece la implementación de mesas virtuales tanto del Poder Judicial como del INPE para agilizar el deshacinamiento, así como la simplificación de los trámites. La segunda norma impulsa, una vez más, la aplicación de la vigilancia electrónica personal –grilletes electrónicos– para procesados y condenados con penas de entre 4 y 10 años. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha mencionado la adquisición de 8.000 dispositivos de estos mecanismos de control.

Al día 100 las normas aún están en curso de implementación y se espera que, vencidos los plazos para las listas nominales, revisiones de oficios y expedientes electrónicos, se comience a ver resultados desde la primera semana de julio.

Ninguna medida que pueda mitigar el impacto del COVID – 19 en los penales debe ser descartada. Recordando lo que decía Hubert Lanssiers, quien liderara la comisión de gracias presidenciales en los años 90, al referirse al tratamiento de los internos en el Perú: “si tenemos que combatir caníbales, esto no nos da el derecho a comer carne humana”.

(*) Expresidente del INPE