Escribe: Dra. Mariella Villasante Cervello
Desde 1982, se celebra cada 9 de agosto el Día mundial de los pueblos indígenas para sensibilizar a la opinión mundial sobre la situación de los pueblos originarios que, desde 1492, viven sufriendo marginación, discriminación racista, pobreza y muchas injusticias. El descubrimiento de 966 cuerpos de niños enterrados en pensionados cristianos de Canadá, en mayo y en julio de 2021, demuestra la magnitud contemporánea de los crímenes contra los nativos, calificados de genocidio y de crimen contra la humanidad por los dirigentes de las Primeras Naciones de ese país (Courrier International, 1-7 julio). Según las Naciones Unidas, los pueblos originarios viven en 90 países, representan 5% de la población mundial (370 millones de personas) y constituyen 15% de las personas más marginadas del planeta. Los pueblos originarios abarcan 5,000 culturas diferentes y hablan al menos 7,000 lenguas. A pesar de esta gran diversidad, todos comparten elementos culturales comunes; por ejemplo, lazos profundos con la naturaleza, con los territorios ancestrales y voluntad de preservar sus modos de vida protegiendo el medio ambiente. En los nueve países amazónicos viven 420 pueblos originarios; en el Perú se identificaron 51 pueblos instalados en 2,703 comunidades nativas (Censo de 2017, en Villasante 2019b: 63).
Durante la pandemia, todos los pueblos originarios han sufrido terriblemente del abandono de los Estados. Su situación sanitaria es desastrosa. El Estado peruano pudo dar cierta atención a las ciudades, pero no fue capaz de apoyar a las poblaciones rurales, menos aún a las que viven en lugares de acceso difícil en la selva peruana. Según la Defensoría del Pueblo, 60% de las comunidades nativas no tiene posta de salud y la mala gestión del personal médico impide que lleguen a las comunidades incluso contando con presupuestos. Los jóvenes médicos no tienen la voluntad de trabajar en la Amazonía y tampoco reciben incentivos. El Covid-19 empezó a propagarse desde mayo de 2020. Fue transmitido por los nativos que retornaron a sus comunidades y se expandió por la falta de precauciones en la distribución de ayuda de urgencia. El Estado estima que 21,000 nativos fallecieron de Covid-19, pero los líderes consideran que la cifra real es mucho más elevada; no existen registros oficiales. La campaña de vacunación en las comunidades recién empezó en el mes de junio, en una situación de total precariedad en cuanto a personal y a medicamentos necesarios para atender a los enfermos (Ojo Público 8 octubre de 2020[1]).
Recordemos que el primer gobierno que hizo reformas importantes para la condición social de los pueblos originarios amazónicos fue el del régimen de facto de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). En efecto, después de haber oficializado la lengua quechua y de haber realizado la primera reforma agraria (1969), el gobierno militar promulgó la Ley de Comunidades Nativas en 1974. No obstante, esos avances estatales no estuvieron acompañados de campañas de sensibilización de la diversidad cultural y de los derechos ciudadanos de los pueblos originarios. Entre la mayoría de los peruanos, los pueblos amazónicos siguen siendo considerados chunchos salvajes, reacios al progreso. Por desgracia, el racismo, la exclusión y las amenazas a sus modos de vida y a sus territorios siguen siendo muy intensos (Villasante 2019a[2]).
Durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori, varias leyes ultraliberales redujeron los alcances de la ley de 1974 que protegía los territorios de los nativos amazónicos de la depredación de las empresas petroleras, agrícolas, de extracción maderera, y de la invasión ilegal de los colonos provenientes de la sierra peruana (Villasante 2018[3]). La guerra interna (1980-2000) ha dejado secuelas devastadoras entre los pueblos originarios ashaninka, asheninka, nomatsiguenga y yanesha de la selva central. El Estado no fue capaz de protegerlos y ulteriormente los abandonó a su suerte (Villasante 2019b[4]: 571-659).
Luis Hallazi, abogado del Instituto del Bien Común (IBC) considera que el panorama es sombrío: “El 9% de la cuenca amazónica tiene concesiones de minería, el 12% las tiene en hidrocarburos; a eso hay que añadirle el problema del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el avance de los monocultivos, la contaminación de tierras y ríos por los derrames de petróleo y el avance desordenado de la agricultura de pequeña escala que va desforestando.” (Deutsche Welle, Enrique Anarte, 5 de diciembre de 2019[5]).
En 2017, se realizó el primer censo de autoidentificación étnica en el país: 60% de peruanos se reconoce como mestizo, 22% se reconoce como quechua, y los pueblos originarios amazónicos representan tan solo 0,3% de la población. Entre ellos, los ashaninka son las más numerosos. Según ese censo, 79,266 personas de más de 12 años se reconocieron como nativos amazónicos (sin especificar nacionalidad) y 55,489 nativos se reconocieron Ashaninka, seguidos por los Awajun (37,690) y los Shipibo-conibo (25,222). Además, 49,838 peruanos manifestaron pertenecer a “Otro pueblo originario” (INEI Perfil sociodemográfico, 2018: 214). El pueblo originario ashaninka sigue siendo el más grande a nivel nacional. En términos absolutos, su población total ha pasado de 88,703 en 2007 (INEI 2010: 31), a 115,669 en 2017; por lo cual representan un tercio de la población nativa peruana (32%) que, según mi estimación, se elevaría a 432,867 personas (Villasante 2019b: 61-63).
El presidente Pedro Castillo ha evocado en sus discursos a los pueblos originarios y a los peruanos afrodescendientes, explicitando su marginación en el país y la necesidad de priorizar la ayuda estatal que ellos merecen. Hablando de la Amazonía, en sus mítines y en su discurso del 28 de julio, citó solamente a los awajun y a los shipibo-conibo. Sin embargo, no ha citado nunca a los ashaninka, los nativos más numerosos del país. Peor aún, en un mitin que realizó en la localidad de Atalaya (en la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba que dan nacimiento al río Ucayali), estuvo vestido con una cushma, la túnica tradicional de los ashaninka, pero no los nombró (Castillo, Visita a Atalaya[6] y Discurso del 28 de julio[7]).
Castillo visita a Atalaya y se viste con una cushma ashaninka (Tu Amawta, 7 de mayo)
Luzmila Chiricente: la importancia de la educación intercultural bilingüe
Luzmila Chiricente es originaria de la comunidad nativa de Cushiviani (distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín). Nos conocemos desde 1979, cuando empecé mis trabajos de campo en antropología social en la provincia de Satipo (ríos Perené y Tambo). Luego de haber accedido a cargos de dirección comunal, participó activamente en la lucha contra la subversión, organizando manifestaciones por la paz en Satipo, apoyando las acciones del Estado y de varias organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro de Investigación para la Amazonía (CIPA), y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, entre otras. Entre 2002 y 2003, Luzmila participó en los trabajos de la CVR en la provincia de Satipo acompañando a los encuestadores, traduciendo los testimonios recogidos, y haciendo talleres en las comunidades que fueron golpeadas duramente por la barbarie senderista. Ha sido gestora de la creación de la Federación de mujeres ashaninka, nomatsiguenga y kakinte de la selva central (FREMANK), y ha sido elegida y reelegida presidenta en 1999, 2002, 2005 y 2019. En 2006, fue nombrada miembro del Consejo de Reparaciones, y ha apoyado la documentación de miles de nativos y de colonos para su inscripción en el Registro Único de Víctimas.
Luzmila ha recibido diversos reconocimientos estatales. En 2006 recibió el título de Personalidad Meritoria otorgado por el Ministerio de Cultura en el marco del Día internacional de la Mujer; en 2007 recibió el Premio por la Paz del Ministerio de la Mujer; y en 2014 recibió la distinción Personalidad Meritoria de la Cultura del Ministerio de Cultura por su defensa de los derechos culturales del pueblo ashaninka.[1]
En junio de 2021 Luzmila Chiricente contrajo el Covid-19, pero felizmente pudo superarlo; en julio alertamos sobre la difícil situación que atravesaban los miembros de su familia y otras familias de Cushiviani que no tenían ningún acceso a los servicios de salud (Servindi del 3 de julio[8], La República del 6 de julio de 2021[9]). Desde entonces, por fortuna, se recogieron fondos de solidaridad que permiten a la familia de la lideresa viajar al Hospital de Satipo para recibir atención médica y comprar alimentos en un contexto de grave crisis económica y falta de empleos[10].
Luzmila Chiricente toma la palabra en el Congreso de la CART, Gloriabamba, 2005 (Cortesía Chiricente)
Con motivo del Día de los Pueblos Indígenas, el 6 de agosto hice esta breve entrevista a Luzmila Chiricente vía Skype.
— El tema de los pueblos indígenas u originarios ha sido incorporado en muchas agendas estatales, de las ONG, incluso de algunas universidades, ¿cómo evalúas esa situación, hay mejoras?
Yo pienso que el tema está en muchas agendas, pero no hay efectos importantes, se hace muy poco en realidad para mejorar la situación de nuestros pueblos originarios. El Convenio 169 de la OIT no está siendo aplicado en toda su magnitud. Por ejemplo, en las escuelas bilingües se ha incorporado el tema indígena, pero los materiales en lenguas indígenas no son acordes con la realidad de las provincias y distritos donde se emplean. Es corriente que se use una lengua que no es la de los niños, por ejemplo, una gigantografía elaborada por el Ministerio de Educación sobre los animales y las frutas utilizan la variante [lingüística] de los asheninka [Gran Pajonal], lo cual crea una confusión cuando se enseña a los niños ashaninka que no entienden las palabras.
Creo que en el campo de la educación se debería consultar con los sabios y sabias de las comunidades, sé que es una tarea ardua, pero puede tener frutos valiosos en un futuro no tan lejano.
Hay también un problema constante con los profesores bilingües quechua y ashaninka porque no tienen estudios pedagógicos terminados y no tienen un buen nivel en esas lenguas. Para los niveles inicial y primaria están contratando a personas que dicen hablar y comprender las lenguas, pero a menudo prefieren contratar que entienden las lenguas aun cuando no tengan la preparación pedagógica para ser docentes. A menudo también se trata de “negocios” porque muchos de ellos están empadronados en organizaciones [indígenas] que luchan por sus contratos, y ellos desembolsan un porcentaje de dinero cada mes para esas organizaciones. Por ello digo que es un negocio. Toda esa realidad se debe cambiar haciendo de la educación bilingüe una educación decente, para que los niños y las niñas sean personas bien preparadas y sirvan a sus comunidades y al Perú.
— ¿Cuáles son las demandas urgentes en educación?
Creo que se debe impartir una educación intercultural bilingüe (EIB) de calidad, contratando a docentes titulados que aporten una educación de calidad. Debe haber cuadernos de trabajo contextualizados, libros de consulta en castellano contextualizados, implementación de recursos tecnológicos para los estudiantes de secundaria.
— Luzmila ¿piensas que la elección del presidente Castillo va a mejorar las demandas de los pueblos indígenas del país?
Bueno, él habla de algunos pueblos amazónicos en sus discursos (awajun, shipibo-conibo), pero nunca ha mencionado a los ashaninka que son el pueblo originario más importante demográficamente de la Amazonía peruana. ¿Por qué será, a tu modo de ver?
— Pienso que eso se debe a la falta de información del nuevo presidente; no está bien asesorado sobre la realidad de los pueblos amazónicos; evoca solamente a los de la selva de Loreto, dejando de lado a los ashaninka y también a los otros pueblos arawak de la selva central: los matsigenka (14,707), los asheninka (11,441), los nomatsiguenga (10,452), los yanesha (9,810), los yine (4,252).
En todo caso esperemos que mejore la situación ya que cada gobernante nunca se preocupó de los pueblos indígenas, siempre fuimos olvidados; o los gobiernos escondían lo que no hacían con obras minúsculas. Pero eso debe cambiar, tenemos la labor de dar la mano al presidente para un mejor futuro para nuestros hijos. Estamos a la espera de las actividades del gobierno, el pueblo ashaninka tiene que participar, junto con los otros pueblos originarios del país.
Peligros urgentes: narcotráfico, tala ilegal e invasión de comunidades nativas
La Central Ashaninka del Río Tambo (CART) y la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) han enviado un oficio al primer ministro Guido Bellido solicitando una audiencia de emergencia para el miércoles 11 de agosto. El objetivo principal es exponer “la delicada situación de las comunidades indígenas de la selva central ante el avance de los sembríos de coca y las amenazas de muerte que reciben por denunciar la invasión de cocaleros en sus territorios y por desarrollar cultivos ilícitos para lograr una mejor calidad de vida en las comunidades.” (Elizabeth Prado, La República del 7 de agosto[11]). Los dirigentes Pedro Ángel Valerio y Fabián Antúnez declaran que han denunciado muchas veces el aumento de cocales destinados al narcotráfico; y la contaminación de los ríos por la tala ilegal de los colonos (andinos) dedicados al tráfico de droga. A pesar de la falta de apoyo del Estado, los ashaninka de estos ríos han desarrollado cultivos alternativos, pero como ello afecta los intereses de los cocaleros reciben amenazan de muerte. En fin, los dirigentes de los ríos Ene y Tambo desean participar en el desarrollo integral de sus comunidades, pero ello se debe realizar con la intervención activa de las organizaciones nativas, garantizando su derecho a la participación y a la consulta previa según lo estipula el Convenio 169 de la OIT.
Los ataques a los dirigentes nativos que defienden sus territorios del narcotráfico, de la tala ilegal y de la invasión de sus territorios han aumentado considerablemente en toda la Amazonía peruana y la situación empeora a pesar de las denuncias presentadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva peruana[12] y por instituciones nacionales (SPDA abril de 2020[13]; Defensoría del Pueblo, noviembre de 2020[14]). Desde abril de 2019 hasta abril de 2020, el Ministerio de Justicia ha recibido 11 pedidos de protección para líderes ambientales que han sido amenazados de muerte; y la CNDH ha reportado 14 asesinatos desde 2013 por parte de taladores ilegales. Las víctimas fueron acribilladas y nadie ha sido condenado por ello (Ojo Público, abril de 2020[15]). En septiembre de 2020, la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre los casos de líderes indígenas asesinados en Pasco, Ucayali y Huánuco (Mongabay 2020[16]). Pero la grave crisis política hizo imposible una respuesta estatal contundente.
El 1 de julio de 2021, el líder ashaninka Mario López Huanca, secretario de EcoSira (69 comunidades nativas ashaninka, asheninka, shipibo, yanesha, cocama), la organización que administra la Reserva Comunal El Sira (entre Ucayali y Pasco), falleció luego de haber recibido un disparo en la cabeza. El defensor ambiental recibía amenazas desde hace tiempo por oponerse al narcotráfico y a la tala ilegal. Desde julio de 2020 hasta la fecha siete defensores ambientales han sido asesinados en las zonas de Ucayali, Huánuco y Pasco. Entre 2002 y 2014, al menos 57 activistas medioambientales han sido asesinados en el Perú. No obstante, el Congreso no ha ratificado el Acuerdo de Escazú que garantiza la justicia ambiental, la protección de los defensores del medio ambiente y el derecho a la información sobre proyectos ecológicos (Ojo Público 1 de julio[17]), Wayka.pe, 2 de julio de 2021[18]).
Reflexiones finales
- La situación de los pueblos originarios ha sido siempre soslayada por los diversos gobiernos coloniales y republicanos. Desde 1990, las leyes neoliberales han facilitado la invasión y la depredación de los territorios comunales, de los bosques y de sus riquezas naturales. A ello se añade el narcotráfico en territorios donde viven los nativos, sobre todo en la selva central (Oxapampa, Satipo) y en Huánuco, el cual propicia los asesinatos de los dirigentes que defienden sus territorios. La situación es muy peligrosa en el VRAEM, donde se perpetran crímenes en modo ordinario y donde persisten los enfrentamientos entre narcotraficantes, bandas terroristas y las fuerzas del orden (16 personas fueron asesinadas en San Miguel del Ene el 23 de mayo de 2021). Los dirigentes esperan que el Estado llegue a esas zonas, imponga el orden republicano y sancione a los responsables de crímenes de todo tipo; también esperan que se termine el proceso de titulación de tierras y que se impongan sanciones a los invasores. Ello sería facilitado con la aprobación del Acuerdo de Escazú. Los nuevos dirigentes toman conciencia de la urgencia de asumir sus propias responsabilidades como actores de su propia historia, dejando de lado la posición de dependencia y condescendencia propiciada por los agentes estatales, las ONG y hasta ciertos universitarios.
- En fin, Luzmila Chiricente considera con mucha razón que la educación es un sector que debe ser atendido rápidamente por el gobierno del presidente Castillo, mejorando el nivel educativo bilingüe de los profesores y el material pedagógico utilizado. El presidente Castillo ha priorizado en sus discursos este tema y el de la salud. Esperemos que él y sus ministros propongan una nueva agenda en la cual los pueblos originarios ocupen un lugar realmente importante. Los dirigentes nacionales como Luzmila Chiricente están esperando los nuevos planes para participar activamente, junto con las nuevas autoridades, en la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos originarios que siguen abandonados 200 años después de la declaración de la “independencia” del Perú. La esperanza de cambios es muy grande. Esperemos que el presidente Castillo no nos defraude, ni a ellos ni a nosotros, que somos solidarios de sus justas demandas.
[1] Luzmila Chiricente ha colaborado conmigo desde 2008 en la realización de un largo estudio antropológico en la provincia de Satipo, publicado en 2019 (Violencia política en la selva central, 1980-2000. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga, con prefacio de Salomón Lerner Febres), por lo cual le estoy muy agradecida.
