Por: Equipo Anticorrupción IDEHPUCP (*)
A raíz de la declaración de los colabores eficaces N° 10-2018 y N° 1-2019 recibidas en el marco de las investigaciones del Caso Club de la Construcción, el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial tomó conocimiento de presuntos actos de corrupción cometidos durante el desarrollo del proyecto Lomas de Ilo y el mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua llevados a cabo en el periodo 2011 – 2014 del Gobierno Regional de Moquegua. Por ello, el 16 de octubre de 2020 se dispuso abrir investigación preliminar contra Martín Vizcarra (ex gobernador regional de Moquegua), Elard Tejeda Moscoso (ex gerente general de Obrainsa), Fernando Castillo Dibós (ex directivo de ICCGSA), y Rafael Granados Cueto (ex gerente comercial de ICCSA) por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. A continuación, se analizará la licitación y el concurso público internacional llevados a cabo para los proyectos mencionados.
En cuanto al proyecto Lomas de Ilo, este se llevó a cabo mediante proceso de licitación pública internacional convocado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por encargo del Gobierno Regional de Moquegua. Se presentaron como postores dos consorcios: (i) consorcio Obrainsa-Astaldi (con un monto ofertado por S/. 86 millones aproximadamente) y el consorcio San Invercom (con un monto ofertado por S/. 249 millones aproximadamente).
Según lo manifestado por el colaborador eficaz N° 10 – 2018, entre el 4 y 5 de noviembre de 2013, Elard Tejeda, gerente de la empresa Obrainsa, se habría reunido con Martín Vizcarra, quien le habría indicado que la convocatoria se había hecho sin indicar el valor referencial y que para ese proyecto el Gobierno Regional de Moquegua tenía un presupuesto de S/. 90 ‘000.000, por lo que, para adjudicar el contrato era indispensable que el consorcio presentara una nueva propuesta que no excediera de S/. 81’000.000, lo cual se mencionó en razón a que el consorcio Obrainsa-Astaldi había presentado una propuesta por S/.86′ 454.818.
La Fiscalía indica que se está ante la presunta comisión del delito de colusión agravada, debido a las actuaciones ilícitas que habrían existido en el marco de la licitación pública del proyecto Lomas de Ilo, con el fin de beneficiar indebidamente al consorcio Obrainsa-Astaldi.
Así, en la misma línea del párrafo anterior, a cambio de tal información privilegiada, Martín Vizcarra habría requerido a Tejeda un pago del 2% del costo directo de la obra (monto que asciende a S/. 1 ‘016,212.76). Vizcarra habría justificado ese pedido aduciendo que tenía conocimiento de que en las obras que licitaba Provias Nacional, todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2% del costo directo de la obra a los funcionarios públicos. Posteriormente, el 7 de noviembre del 2013, el consorcio Obrainsa-Astaldi presentó una nueva propuesta a UNOPS por S/. 80 ‘981,137.34.
Además, el colaborador indicó que, en enero de 2014, Tejeda se habría reunido con Martín Vizcarra y le habría entregado S/. 400,000.00 en efectivo en un sobre manila. La segunda entrega se habría hecho en abril del mismo año: el 4 de abril de 2014, la empresa Obrainsa habría emitido un cheque por S/.600,000.00 girado a nombre del conserje Puerta Gutierrez, quien le habría entregado dicha suma a Elard Tejeda para que este hiciera, entre el 4 y el 7 de abril, la segunda entrega a Martín Vizcarra.
Por último, el colaborador señaló que, el 2 de diciembre de 2013, Martín Vizcarra habría llamado Elard Tejeda para pedirle que le alquilara una avioneta porque tenía urgencia de reunirse con unas personas que se encontraban en Lima y necesitaba que las trasladaran a Tacna o Ilo en el día para reunirse con él y también señaló que el costo de ese servicio debía ser “a cuenta de lo pactado”, refiriéndose al pago ilícito acordado en la adjudicación. Por medio de su secretaria, Ana Ellen, Tejeda habría solicitado a la empresa ATSA cotizaciones del alquiler de una avioneta, el cual tenía un costo de S/. 35,985.64. El servicio fue facturado a nombre de la empresa Obrainsa.
PARA VER: Caso Club de la Construcción
A partir de lo dicho por el colaborador, la Fiscalía indica que se está ante la presunta comisión del delito de colusión agravada, debido a las actuaciones ilícitas que habrían existido en el marco de la licitación pública del proyecto Lomas de Ilo, con el fin de beneficiar indebidamente al consorcio Obrainsa-Astaldi. De acuerdo con la Fiscalía, Martín Vizcarra habría intervenido de manera directa y en su calidad de funcionario público –específicamente, de gobernador– en la licitación pública para beneficiar al Consorcio Obrainsa-Astaldi, previa concertación con uno de sus funcionarios. De este modo habría quebrantado su deber funcional de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, y habría defraudado patrimonial al Estado.
Además, la Fiscalía señala que la entrega de beneficios de parte de la empresa Obrainsa al entonces gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, podría subsumirse en la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Lo anterior se debe a que Martín Vizcarra en su condición de funcionario público solicitó a Elard Tejeda el 2% del valor del costo directo de la licitación pública, suma que ascendió a un total de S/ 1’000,000.00, además del alquiler de una aeronave que ascendió a la suma de S/ 35,985.65. Ambos beneficios habrían sido solicitados por Vizcarra para realizar un acto propio de su cargo sin faltar a sus obligaciones, como lo exige el referido delito, con lo cual se estaría afectando el principio de gratuidad de la función pública. Asimismo, se puede inferir que Martín Vizcarra no solo habría solicitado el referido monto, sino que también habría recibido el soborno, como ya se mencionó, por lo que se estaría ante los actos de solicitar y recibir que prevé el delito de cohecho pasivo impropio.
En cuanto al concurso público internacional denominado “Ampliación del mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2”, este también fue convocado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) bajo la modalidad de concurso oferta por encargo del Gobierno Regional de Moquegua. Se presentaron dos postores: (i) Consorcio Moquegua I -conformado por las empresas Ingenieros Civiles Asociados ICA, Mantenimiento, Construcción y Proyectos Generales S.A.C. y Kukova- (con un monto ofertado de S/ 146’510,359.66); y, (ii) Consorcio Hospitalario de Moquegua -conformado por las empresas ICCGSA e INCONT- (con un monto ofertado de S/ 126’231.61).
Siguiendo la declaración del aspirante a colaborador eficaz N° 01-2019, luego de presentadas las ofertas, UNOPS convocó a una reunión al consorcio Hospitalario Moquegua, a la cual asistieron representantes de las empresas ICCGSA e INCOT, algunos funcionarios de UNOPS y, como representante del Gobierno Regional, estuvo presente Martín Vizcarra. En esta reunión se le habría dicho al consorcio Hospitalario Moquegua que haga una revisión de su propuesta económica, pues, pese a ser la más baja, el monto continuaba siendo superior a la disponibilidad presupuestal con la que contaba el Gobierno Regional para la obra. Producto de esta reunión, el consorcio Hospitalario Moquegua habría presentado como nueva oferta un nuevo monto ascendente a S/ 123 ‘465,590.79.
En la misma línea del párrafo anterior, días después de presentada esta última oferta, el ingeniero José Manuel Hernández Calderón habría contactado a Rafael Granados Cueto de la empresa ICCGSA para comentarle que tenía un mensaje de parte de Martín Vizcarra Cornejo, quien habría solicitado aproximadamente S/ 1’300,000.00 para la aprobación de la oferta presentada por el consorcio Hospitalario Moquegua y afirmado que de no aceptarse su pedido no daría su conformidad para firmar el referido contrato. Granados consultó sobre ese pedido al representante de la empresa ICCGSA, Javier Jordán Morales, quien a su vez lo consultó con la empresa socia INCOT. Finalmente, decidieron pagar lo solicitado para ganar el .
De acuerdo con la Fiscalía se estaría ante la presunta comisión del delito de colusión agravada, debido a las actuaciones ilícitas que habrían existido en el marco del concurso público respecto al referido proyecto. Lo anterior se debe a la presunta concertación ocurrida entre Martín Vizcarra y el consorcio Hospitalario Moquegua para el otorgamiento ilegal de la buena pro a favor del mencionado consorcio.
Asimismo, la Fiscalía considera que el beneficio indebido ascendiente a S/ 1’300,000.00 solicitado por Martín Vizcarra para realizar un acto propio de su cargo sin faltar a su obligación, como es firmar el contrato que otorgaba la buena pro al consorcio Hospital Moquegua, podría subsumirse en la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.
Adicionalmente a lo indicado por la Fiscalía respecto de la imputación, también se puede inferir de las declaraciones brindadas en la investigación que Martín Vizcarra no solo habría solicitado, sino también recibido tales beneficios, tal como se menciona en lo relatado por el colaborador eficaz Nº 01-2019. Además, de acuerdo con la declaración de un testigo, José Manuel Hernández habría recogido paquetes de dinero de la empresa ICCGSA para entregarlos al entonces gobernador regional de Moquegua, pero en dos oportunidades, las coimas habrían sido entregadas a Carlos Aranda, chofer de Hernández, dentro de sobres manila[1].
Esta investigación aún se encuentra en diligencias preliminares y se requiere seguir recopilando mayores elementos de convicción con el fin de corroborar información y realizar una adecuada imputación según los hechos materia de análisis.
[1] LA REPÚBLICA. Chofer de exministro afirma haber llevado sobres para Martín Vizcarra. Consulta: 16 de diciembre de 2020. https://larepublica.pe/politica/2020/12/13/chofer-de-exministro-hernandez-confirma-entrega-de-sobres-a-martin-vizcarra/
