Continuando con el ciclo de conferencias online, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP celebró el pasado 7 de mayo el webinar “Movilidad interna en tiempos de COVID-19”. El evento tuvo como objetivo explicar las implicancias de la movilidad interna que se viene produciendo en nuestro país y las capacidades institucionales del Estado, gobiernos locales y regionales para para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La conferencia contó con la participación de Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente; Cécile Blouin, especialista en temas de movilidad humana e investigadora senior del Idehpucp; Tesania Velázquez, experta en psicología social comunitaria y profesora de posgrado en la PUCP; y María Isabel Remy, investigadora principal del IEP. Iris Jave,Investigadora y coordinadora de proyectos y relaciones institucionales del Idehpucp fue la moderadora del evento.
La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, señaló que se han identificado cinco perfiles de personas que están tratando de movilizarse en este contexto de crisis sanitaria. El primer grupo se encontraba en Lima exclusivamente por razones médicas. El segundo grupo está conformado por trabajadores eventuales que venían a Lima, por ejemplo, por el tema de la campaña agrícola u otras actividades por los tres meses de verano, sin embargo, su lugar de residencia habitual está en sus regiones. Un tercer grupo lo constituyen las familias donde un miembro había conseguido un trabajo formal, por ejemplo, en la capital de la región, pero los otros miembros contaban con trabajos informales. Otro grupo está conformado por personas que, hacia algún tiempo viven en Lima, pero que no cuentan con trabajos formales. Por último, se tiene un grupo que pudiendo tener condiciones de subsistencia en Lima (hogar, alimentación, etc.) desean retornar a su región porque piensan que van a tener mejores oportunidades allí.
En un trabajo conjunto el Gobierno Nacional, definió un protocolo que establece que el Gobierno Regional es el encargado de identificar la cantidad de gente que tiene para retornar a su región y el grado de vulnerabilidad de los mismos; luego de esa identificación, tienen que establecer un cronograma de retorno ordenado y seguro, en coordinación con el INDECI, todo esto en medio de resistencias y tensiones que pudieron ser manejadas oportunamente. La Ministra señaló que en las primeras semanas en las que se abrió este registro, se inscribieron 200.000 personas. Señaló además que las personas que pasaron la prueba rápida con resultado negativo fueron trasladadas a su región, instalándose en centros de cuarentena, el cual les asegura alimentación y estadía por 14 días. Luego de ese periodo, volverán a ser sometidas a una prueba rápida para descartar la infección. Sobre las personas que decidieron volcarse en las calles por necesidad, desesperación o porque no tuvieron acceso al empadronamiento, la Ministra indicó que se han establecidos tres albergues temporales en Lima, uno en la salida del norte (Ancón), otro en la salida del sur (Lurín) y uno en el centro de la ciudad (Ricardo Palma). Uno de los retos que tiene que enfrentar el gobierno es que no todas las regiones han podido establecer sus centros de cuarentena; otro es que ciertas regiones ya no pueden ni recibir ni trasladar personas. Eso les exige ampliar sus capacidades de respuesta.
Cécile Blouin, por su parte, comentó en qué sentido esta movilidad es inédita, discutió los conceptos que acompañan esta migración y esbozó las medidas que se deberían tomar para esta población. Sobre lo primero, señaló que el Perú enfrenta dinámicas de movilidad humanas excepcionales. Además del hambre y de los desalojos, Blouin indicó que las personas migran también para encontrar una red de apoyo de carácter emocional. Recordó en otro momento que, en los proyectos de las personas que migran no hay una idea de quedarse de por vida. En ese sentido, pidió ver al retorno integrado en las dinámicas de migración y no solo como algo excepcional. Blouin es consciente que el derecho de retorno es incipiente, que no existe un marco jurídico internacional vinculante, lo que impide entender cuál es la protección y las garantías que se tienen que dar a estas personas desde el Estado. Terminó su presentación reflexionando sobre si el retorno es o no voluntario.
Tesania Velázquez indicó que el impacto de la pandemia y de las medidas que se han tomado para enfrentarla tienen repercusiones en la salud mental, no solo a nivel individual y/o familiar, sino principalmente a nivel comunitario y social. Para la experta, la crisis actual es una oportunidad para colocar el tema de la salud mental como parte de las prioridades de la agenda pública. Velázquez resaltó que, así como los grupos y las características son diferentes dentro de la migración interna, la afectación a nivel del impacto psicosocial que genera también es diferente. En otro momento, resaltó que esta situación de crisis revela la precariedad laboral en la que estaba el gran porcentaje de la población en nuestro país. Mencionó además que esta crisis da cuenta de la experiencia del dolor, del sufrimiento, pero también de la esperanza: regresar al lugar de origen se convierte en regresar a un lugar seguro, que devuelve la estabilidad que en el lugar de migración no se obtiene. Un tema que resaltó fue las redes de soporte (relación con familiares, redes de paisanaje, etc.) que contribuyen al bienestar. Finalmente, Velázquez informó que se tiene en marcha una nueva política de salud mental con el enfoque comunitario, la creación de 150 centros comunitarios a nivel nacional, pero la cobertura y la brecha que se tiene con la demanda y el poco personal para responder, exige colocarnos en una posición de defender lo público, y la salud es un derecho que debería estar en esta demanda.
Finalmente, María Isabel Remy explicó en qué situación de movilidad interna nos encontró el COVID-19. Señaló, en primer lugar, que solo en cinco años (2012-2017) en la ciudad de Lima llegaron 476.136 personas. En segundo lugar, identificó una alta emigración rural y como nunca había sucedido en la historia, el número absoluto de población en pequeños centros poblados disminuyó. Remy señaló que en caso el retorno de estas personas sea definitivo, su estabilización dependerá de si el gobierno central les ofrece un diseño de ofertas de servicios en ruralidad y control de calidad en temas de salud y educación; si el gobierno central empieza a dar asistencia técnica que permita aprovechar lo mejor calificado que están estas personas y que, además, tienen mucha iniciativa; si los gobiernos locales mejoran servicios; si los provinciales impulsan esta urbanización rural de mercados, de servicios intermedios; y si los gobiernos regionales tienen una estrategia de desarrollo de ciudades intermedias y de concentración no metropolitana.
Las panelistas concluyeron en que las medidas del gobierno para luchar contra la crisis sanitaria y las que están próximas a implementarse deben tener un enfoque integral que tome en cuenta los efectos que pudieran recaer sobre aquellas personas que se encuentran inmersas en procesos migratorios a nivel nacional e internacional.
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