Escribe: Jessica Maeda (*)
El 14 de julio de 2020, el gobierno de Donald J. Trump dio un nuevo paso atrás en sus políticas con respecto a los extranjeros, en lo que puede considerarse el bloqueo más importante desde la sentencia de la Corte Suprema que evitó la eliminación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.[1]
Esta historia empieza el 13 de marzo de 2020, con la declaratoria de emergencia nacional en respuesta a la pandemia de COVID-19.[2] En el marco de dicha declaración, el gobierno, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), adoptaba medidas excepcionales con respecto al Programa de intercambio de estudiantes visitantes.
La naturaleza extraordinaria de la emergencia justificaba una modificación temporal de sus regulaciones con respecto a las visas F-1 y/o M-1, emitidas para los estudiantes internacionales, para permitir que mantengan el estatus migratorio aún si la totalidad de las clases se realizaba en formato remoto.[3] Sin embargo, el 6 de julio ICE anunció la suspensión de dichas modificaciones, estableció que los estudiantes internacionales podrían permanecer en el país si llevaban cursos en la modalidad presencial, y ofreció como alternativa el cambiar de institución académica si tales cursos presenciales no estaban incluidos en la oferta de su universidad. De lo contrario, podrían enfrentar consecuencias migratorias, incluyendo la deportación.[4]
Para el Derecho internacional, resulta indudable que los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales se mantienen en el ámbito de la soberanía de los Estados.[5] Sin embargo, el 8 de julio, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) presentaron una acción civil conjunta en contra del gobierno federal y sus autoridades,[6] que se vio respaldada por más de 200 universidades estadounidenses,[7] diecisiete estados y el Distrito de Columbia.[8] El gobierno no tuvo otra opción que regresar al status quo anterior.
La demanda presentada por ambas universidades establecía que toda acción “arbitraria, caprichosa”,[9] llevada a cabo por cualquier agencia del gobierno, debía ser declarada ilegal, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia de los Estados Unidos. A criterio de Harvard y MIT, la suspensión de la modificación respondía a esas características, pues ignoraba los efectos que dicha suspensión tendría en las universidades y descartaba meses de trabajo puestos en los planes de contingencia para el siguiente período académico. Ignoraba además que dichas universidades, al adoptar el formato virtual, estaban priorizando la salud y seguridad del alumnado y el personal.[10] Adicionalmente, el comunicado no brindaba ninguna explicación sobre la suspensión de la modificación, mientras que la declaratoria de emergencia que justificaba la modificación inicial se mantiene aún vigente (con más de tres millones de casos positivos a nivel nacional).[11] Por otro lado, ICE habría vulnerado la Ley de Procedimiento Administrativo, al no brindar al público la oportunidad de comentar la norma propuesta antes de que tenga efecto.
La suspensión de la modificación hubiera tenido efectos perniciosos en los intereses de las universidades. Como política pública, hubiera desincentivado a futuros estudiantes internacionales a realizar estudios en los Estados Unidos, quienes no solamente aportan en diversidad de ideas y talento, sino que representan miles de millones de dólares en derecho de matrícula, sin contar su contribución a las economías locales de cada ciudad universitaria.
Pero más allá del análisis que hubiera permitido calificar esta política pública como buena o mala, corresponde entender por qué era tan importante utilizar herramientas jurídicas para impedir sus efectos.
Si bien estaba enmarcada en la capacidad soberana de los Estados Unidos, la suspensión de la modificación debía cumplir criterios de proporcionalidad, en tanto estaba vulnerando los derechos de los estudiantes internacionales. Los componentes de la proporcionalidad, que incluyen la ponderación entre los beneficios que se deducen de cumplir la ley y el daño al derecho fundamental, se encuentran en algunas decisiones de los tribunales federales de los Estados Unidos.[12]
Pese a que la medida anunciada por ICE no establece ningún razonamiento que la justifique, es posible reconocer un patrón en las políticas recientes de Donald J. Trump: restringir el ingreso de extranjeros con el fin de proteger la “salud pública”. Ejemplo de ello es la Orden Ejecutiva que suspende la emisión de nuevas visas de trabajo hasta fines de este año[13] y el anuncio de la política denegatoria de asilo y refugio.[14]
La suspensión de la modificación hubiera afectado los derechos de educación y salud de los estudiantes internacionales, y con ello, su proyecto de vida. Por un lado, los estudiantes provenientes de países cuya diferencia horaria es considerable no habrían podido culminar sus estudios a distancia, a menos que los cursos fueran grabados. Incluso con dicha alternativa, se les habría impedido contacto durante la clase con el profesor y otros estudiantes. Por otro lado, la mayoría de estudiantes con visas F-1 y M-1 habrían sido obligados a regresar a sus países de origen, lo que los habría expuesto al COVID-19. Cabe además preguntarse si, al haber estado en territorio de los Estados Unidos desde antes del inicio de la pandemia, los estudiantes realmente suponían un peligro para la salud pública.
Por todo lo señalado, estábamos ante un acto ilegal que habría vulnerado los derechos de miles de estudiantes internacionales sin justificación. Felizmente, este caso muestra que, mientras la administración de Donald J. Trump busca fortalecer sus políticas de exclusión de extranjeros, la coordinación y reacción de las instituciones también se fortalece: nunca ha existido un caso en el que tantas instituciones demanden al gobierno federal al mismo tiempo.[15] Estas deben seguir sumándose y utilizando las herramientas jurídicas pertinentes para proteger a quienes no tienen ni voz ni voto.
