El denominado “Club de la Construcción” está integrado por las principales empresas en materia de infraestructura del país: Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín, OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao y H&H Casa.
La tesis del Ministerio Público es que el Club habría operado entre los años 2011 y 2014, utilizando representantes ante el Estado peruano para gestionar sus intereses y obtener la buena pro de megaproyectos, de la siguiente manera: cada vez que había un proceso de licitación, las empresas –simulando la elección del postor ganador gracias a un arreglo previo sobre cuál de ellas resultaría ganadora-, se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público se encargaba de impulsar su postulación y triunfo en la licitación a cambio de una coima que, en la mayoría de casos, era entre el 1% y 3% del valor de los millonarios contratos.
Dicho pago habría salido del sobrecosto de las obras licitadas, las cuales comprometerían casi 10 mil millones de soles (monto que podría duplicarse si se confirma que este esquema se repitió entre los años 2015 y 2017). Asimismo, alguna de estas empresas también habría participado en la licitación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur – Tramos 2 y 3.
Actualmente, la fiscalía investiga la comisión de los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio, lavado de activos y asociación ilícita. A la fecha, el caso aún se encuentra en la etapa de investigación preparatoria.
