El Primer Congreso Nacional de Organizaciones Regionales de Víctimas de la violencia fue organizado por la Municipalidad Distrital de Pangoa, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Oolítica (CONAVIP) – presidida por Luis Aronés Huallanca -, la Central de Organizaciones de Personas Naturales y Jurídicas de Afectados y de Desplazados por la violencia política del Distrito de Pangoa (COAVIP), y por la Organización de Comunidades Ashaninka del Río Ene (OCAREP).
La agenda estuvo centrada en el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas de la violencia, las reparaciones dignas que esperan recibir del Plan Integral de Reparaciones (Establecido mediante la Ley 28592 y reglamentada por el Decreto Supremo N°0 15-2006-JUS), Todas las organizaciones demandaron la derogatoria del Decreto Supremo N° 051-2011 que decidió el cierre del Registro Único de Víctimas (RUV) el 31 de diciembre de 2011. Durante el primer día del congreso se expuso las demandas de los dirigentes y de algunas víctimas de la violencia, mientras que en la segunda jornada se recibió a algunos de los funcionarios regionales y nacionales invitados a participar en el evento y los testimonios continuaron.
Precisemos que el Decreto Supremo N° 051-2011[1] fue firmado por el expresidente Alan García el 15 de junio de 2011. Esta norma estipula que el proceso de identificación de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas — previsto por el artículo 41 del reglamento de la Ley N° 28592 — «concluirá el 31 de diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierr». De otro lado, el decreto establece una reparación de 10,000 soles por víctima desaparecida, fallecida, con discapacidad y/o violada sexualmente, que serán distribuidos entre su cónyuge y sus familiares cercanos.
Desde su promulgación, varias organizaciones de víctimas de la violencia han expresado sus críticas al referido Decreto. En primer lugar, por no haber sido involucradas en el proceso de su elaboración. Así por ejemplo, la excongresista ayacuchana Juana Huancahuari denunció que el Estado actuaba sin voluntad de reparar efectivamente a las víctimas y que denigraban el proceso de dignificación de las personas afectadas por la violencia. También ha sido cuestionado el plazo del cierre del RUV que deja de lado a miles de personas. El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) criticó igualmente al gobierno de García tanto por el monto de la indemnización monetaria, como por la discriminación de los beneficiarios (sólo pueden acceder a las reparaciones los padres de las víctimas mayores de 80 años y que no cuenten con soporte familiar, las parejas que cuentan con al menos 65 años, entre otras). El EPAF ha señalado también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció criterios para las reparaciones, que no son seguidas por el Estado peruano: restitución de derechos, indemnización por daños materiales y morales, petición de disculpas públicas, restitución del honor, reconocimiento de responsabilidad, garantía de investigación y sanción de los crímenes, entre otros (Servindi, 21 de junio de 2011).
Durante la primera jornada del Congreso en Pangoa, los dirigentes reclamaron la concretización de las promesas del Estado en materia de reparaciones. La mayoría de dirigentes constataron el mal funcionamiento del PIR, el atraso en la distribución de reparaciones y la gran burocracia que caracteriza los trámites.
Se hicieron también homenajes a los muertos y a los desaparecidos ; y se recordaron las masacres de Cayara [13 y 14 de mayo de 1988, 39 campesinos asesinados por los militares], de Tsiriari[2] [18 y 19 de agosto de 1993, 72 muertos asesinados por Sendero Luminoso] y de Sonomoro [12 de abril de 1990, 50 Nomatsiguenga asesinados por Sendero Luminoso], entre otras.
Luzmula Chiricente presentó un informe sobre las acciones del Consejo de Reparaciones. Aclaró que el Registro Único de Víctimas sigue abierto para registrara las víctimas, pero que el Decreto Supremo N° 051-2011 impide que se paguen reparaciones económicas a los inscritos después del 31 de diciembre de 2011. También señaló las dificultades de los registros en zonas de la selva central de acceso difícil, y la falta de información que tienen los miembros de las comunidades nativas y de las localidades andinas instalaas en la selva de Satipo. Ella lanzó un llamado para que las organizaciones nativas se unan y no tengan tantas divisiones internas, que hacen aún más difíciles los trámites por obtener las reparaciones. Recordó cómo al inicio de su labor muchos miembros de pueblos indígenas se mostraron desconfiados, acusándola de ganar mucho dinero a sus costas, cuando en realidad ella trabajó siempre sin salario[3]. Destacó igualmente que los hermanos andinos están mucho mejor informados sobre el RUV y que se muestran agradecidos por sus gestiones en su favor.
Chiricente explicó el funcionamiento del Consejo de Reparaciones, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2011. El Consejo se creó para crear al Registro Unico de Víctimas en octubre de 2006. Actualmente, el Consejo está presidido por el General EP (r) Juan Fernández Dávila, y entre los miembros se encuentran Rafael Goto (Pastor evangélico), José Enrique Silva Pellegrin (empresario) y José Ignacio Mantecón (sacerdote jesuita). El Consejo es responsable del proceso administrativo de certificación de víctimas de la violencia ocurrida entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. Tiene dos componentes principales denominados Libros:
— Libro 1: Víctimas individuales definidas en la ley. Desaparecidos, asesinados, secuestrados, desplazados, detenidos, torturados, víctimas de violación sexual, entre otras afectaciones, así como los familiares de personas muertas y desaparecidas y los hijos/as producto de violación sexual (Entre 1980 y 2000)
— Libro 2: Comunidades campesinas, nativas y centros poblados. Se incluye en este Libro a los grupos organizados de desplazados no retornantes provenientes de comunidades afectadas.
El Consejo elabora el RUV y provee la información a la CMAN que diseña y coordina el PIR, que consta de la restitución de derechos ciudadanos, los programas especiales en educación, salud y acceso habitacional, reparaciones individuales, colectivas y simbólicas[4].
Desde Lima y vía Skype, Rafael Barrantes, antropólogo y responsable del programa de personas desaparecidas de la Delegación Regional de la CICR para Bolivia, Ecuador y Perú, expuso las principales conclusiones de una encuesta realizada en setiembre de 2015 en Pangoa con los Nomastiguenga. Barrantes informó que contrariamente a lo que ocurre en las zonas andinas, sobre todo en Ayacucho, la mayoría de las personas interrogadas (51%) no consideran importante recuperar los restos de sus familiares desaparecidos. La mayoría se encuentran además en zonas de acceso difícil. Sin embargo, expresaron la necesidad de recibir atención médica en salud mental pues consideran que tienen fuertes traumatismos hasta la actualidad. Según la encuesta, los familiares de los afectados consideran que lo que más los ayuda a sobrellevar el pasado de violencia es compartir sus experiencias con personas cercanas, sus esperanzas en el futuro y tener un trabajo. Sin embargo no consideran que les ayudan las reuniones con organismos del gobierno, ser miembro de una asociación o las reuniones con otras asociaciones de familiares de víctimas. Las prioridades actuales son la reparación económica, la educación y la vivienda. Barrantes se declaró muy interesado en obtener que el Proyecto de Ley de personas desaparecidas se concretice en el más breve plazo. Podemos añadir que un Registro de fosas comunes sería también urgente de concretizar. Recordemos que se siguen encontrando sitios de entierro en los Andes y también en la selva central[5].
Al final del primer día hubieron varias personas que presentaron sus testimonios, muy tristes y dramáticos, sobre el período de la violencia, recordando con detalle los hechos vividos y los discursos del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) para convencerlos de aceptar su ideología de muerte. Pensamos que esos testimonios fueron muy similares a aquellos que recibió la CVR durante su mandato.
El día domingo tomaron la palabra los funcionarios públicos. Susana Cori, consejera técnica del Consejo de Reparaciones, presentó un informe muy detallado de la situación. Ella estimó que el PIR no está aún organizado correctamente, existen enormes problemas en el proceso de acreditación y que, de manera general, el Estado funciona mal. De manera más concreta, estimó que hay problemas entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que reconoce a «retornantes», en tanto en el RUV esta categoría no existe, pero sí la de desplazados. Los desplazados no reciben ninguna reparación directa. Solo las víctimas de la violencia la pueden recibir por pérdidas humanas, por violaciones y por mutilaciones. Existen además muchos problemas con la identidad de las personas, dadas las dificultades para obtener partidas de nacimiento y las partidas de defunción son también difíciles de obtener. En esos casos, el Ministerio Público podría ayudar de manera más sistemática. Cori precisó también que en Pangoa existe un modulo del Consejo de Reparaciones que atiende las inscripciones del RUV y que las reparaciones individuales han sido repartidas en casi un 98%. La exposición de Cori fue muy clara y documentada.
Algunos datos en cifras[6]. En la región de Junín existen 6 módulos de atención del RUV y CMAN, sobre un total de 108 a nivel nacional (43 en Ayacucho y 18 en Huánuco). Las oficinas se encuentran en Huancayo (2), en Mazamari (1), en Pangoa (1) y en Río Tambo (1). De otro lado, hasta ahora a nivel nacional se han inscrito 211,999 víctimas individuales (54% hombres y 46% mujeres) en el Libro 1. En el Libro 2, se han registrado 5,712 comunidades y localidades, entre las cuales 758 se encuentran en Junín, donde existen 7 grupos organizados de desplazados. El departamento de Ayacucho encabeza la lista con 1,388 comunidades o localidades y 16 asociaciones, seguido de Huánuco con 858 pueblos y una sola asociación. Según las afectaciones, sobre el total de 211,999 casos individuales, existen 130,093 víctimas y 81,906 familiares.
Como observamos en el cuadro «RUV por Afectaciones», las principales causas del registro el fallecimiento, el desplazamiento forzoso, la tortura, desaparición forzada, violación sexual y secuestro.
El funcionario de la CMAN Gerver Común Salas presentó un informe sobre la actuación realizada por su institución, destacando que la reapertura del RUV está en evaluación en la Presidencia del Consejo de Ministros. El departamento de Junín es el segundo que ha recibido becas educativas del Ministerio de Educación (276 en 2015). El funcionario declaró también que el Plan nacional de búsqueda de desaparecidos está también en vías de ser aprobado.
La representante de la Defensoría del Pueblo en Satipo, Gremi Azocar, tomó también la palabra para destacar que las reparaciones están en vías de ser distribuidas, aunque falta aún documentar a muchas personas que se declaran afectadas por la violencia. En ése marco lanzó un llamado a la vigilancia y al control del dinero recibido por las reparaciones y recordó que las oficinas de la Defensoría están abiertas para recibir denuncias de abusos eventuales. De otro lado, existen algunos programas de apoyo a la educación, pero no se sabe cuando el gobierno trasladará los beneficios familiares directos a los hijos de las víctimas. En el campo de la salud las secuelas sicológicas de la violencia persisten y las personas afectadas no reciben ningún tratamiento. Azocar señaló que falta una Ley sobre la desaparición de personas y que se necesita identificar a los responsables para que puedan realizarse los debidos procesos judiciales. Sobre este tema, recalcó con mucho tino que debe haber una voluntad política de búsqueda de personas desaparecidas, para construír la memoria del conflicto armado y para distribuir las justas reparaciones a los afectados por la violencia en el país.
Azocar recordó también que en el campo de la memoria, el Gobierno Regional de Junín ha construido el Yalpana Wasi, Lugar de la memoria de la región de Junín, en Huancayo y que debe conocerse mejor. Sobre este punto cabe agregar que el Yalpana Wasi, inaugurado en junio de 2014 durante el mandato del presidente regional Vladimir Cerrón, está actualmente paralizado en sus actividades. En diciembre de 2014, el nuevo gobierno regional, encabezado por Angel Unchupayco, apoyó la demanda de la Municipalidad del distrito de Chilca de confiscar el edificio a beneficio de la alcaldía. Gracias a un movimiento ciudadano de defensa del Yalpana Wasi, en el cual participó el IDEHPUCP, encabezado por el Dr. Salomón Lerner[7], el presidente regional retiro su apoyo a las demandas municipales y recibió en el mes de junio de 2015 una visita de la Unión Europea, que saludó la instalación de un local que presenta de manera admirable tanto la memoria de la violencia como la cultura local en la ciudad de Huancayo.
Sin embargo, la dirección del Yalpana Wasi y el gobierno regional no parecen dispuestos a apoyar realmente las actividades de este lugar de memoria de la violencia, el único que ha sido construido con fondos regionales en todo el país y que amerita el apoyo de las autoridades, para el mayor beneficio de los ciudadanos de Huancayo, en particular de los universitarios y de los escolares que no conocen cabalmente los hechos de violencia vividos en el Perú y en sus propias tierras[8]. Esperamos que la demanda dirigida al Ministerio de la Cultura a inicios de 2015 sea por fin escuchada y que el Yalpana Wasi pase a su jurisdicción, como ya se realizó con el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Esta acción es probablemente la única que puede asegurar la perennidad y el buen funcionamiento del mencionado sitio de memoria, poniéndolo en manos del gobierno central, a buen resguardo de los cambios de la política local.
Al final de la jornada, se tenía prevista la presencia de otras autoridades – incluyendo a representantes de la zona del VRAEM – y un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin que ninguno de ellos se hiciera presentes. En este espacio, se presentaron muchos testimonios de afectados por la violencia, pero sólo un dirigente andino del río Perené hizo una declaración de fondo crucial, diciendo que en la zona de la selva central se ha vivido una «violencia muy fuerte , pero ¿a qué se debió? Nunca nos han dicho eso, ¿por qué?». Sin embargo, lamentablemente, nadie se tomó el trabajo de responderle.
A modo de conclusión
1- El dirigente del Perené proponía una cuestión central del congreso que nadie abordó de manera directa, es decir la explicación global sobre el conflicto armado interno y en particular, las razones de tanta violencia y crueldad, así como del abandono del Estado. Durante todo el evento, se ha habló mucho de reparaciones económicas sin tocar la temática central de la comprensión del conflicto, tal y como se ha explicitado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
2- El congreso demostró la urgencia de concretizar las esperanzas de las familias de las víctimas del conflicto armado interno de la selva central, que fue tan duramente golpeada por el fanatismo senderista y por los excesos de los militares. Sin embargo parece evidente que si las familias de las víctimas deben tener la prioridad en los programas de reparaciones del Estado, todos los ciudadanos que no figuran en el RUV viven en condiciones igualmente miserables e indignas como las víctimas. Por lo tanto, parece incoherente que el Estado proponga su ayuda solamente a las personas reconocidas como tales y no realice, conjuntamente con el gobierno regional de Huancayo, programas de desarrollo integral en todo el departamento de Junín y, en especial, en la provincia de Satipo donde el nivel de vida, de salud, de justicia y de educación de los niños es francamente lamentable. En el distrito del Río Tambo – que incluye el río Ene y se prolonga hasta Atalaya – no existen hospitales, ni justicia, ni control de los delitos y de los crímenes por la Policía y la por la justicia. Tanto así que se puede afirmar que el Estado no existe en esas zonas olvidadas de todos.
3- Sobre los participantes del congreso, podemos hacer algunas observaciones generales que serán retomadas en un artículo ulterior. La gran mayoría de participantes fueron mujeres (60%), y por lo menos 40% de los presentes eran de origen andino, o sea que la mayoría de asistentes fueron mujeres andinas. Se pudo observar que estos últimos tienen un mejor nivel de experiencia en ese tipo de encuentros y, por tanto, pudieron expresarse con más facilidad que los Ashaninka y Nomatsiguenga.
La distancia entre los dirigentes nativos y los familiares era también muy evidente. Muchas mujeres nativas prefirieron expresar sus quejas y sus esperanzas en sus propias lenguas y se necesitó de un traductor que sintetizó sus intervenciones. A pesar de las dificultades de comunicación, las personas que presentaron sus testimonios parecían estar satisfechas de ser escuchadas por los asistentes.
Los reclamos estuvieron centrados en las reparaciones económicas,y no se habló de las causas de la violencia, de la memoria y de la reconciliación. Algunos testimoniantes recalcaron las dificultades de desplazamiento para ellos, campesinos pobres, hasta los centros de registro. Otras personas insistieron en lo reducido del monto previsto y se quejaron de la exclusión de registros para los desplazados. Se expresaron los problemas de los campesinos pobres y no se dijo nada sobre el desarrollo rural de una de las regiones más pobres y abandonadas del país.
4- Como en otros congresos a los que podido asistir en la provincia de Satipo, los representantes nativos no responden a las esperanzas que ponen en ellos los que los eligieron. En este congreso de Pangoa, la distancia era patente, tanto entre ellos como en relación con la asistencia, mayoritariamente mujeres pobres. Los representantes de los nativos ashaninka y nomatsiguenga brillaron por su ausencia en el uso de la palabra, en parte por falta de experiencia (varios eran muy jóvenes), y en parte porque se daban cuenta de la distancia educativa que los separaba de los dirigentes andinos y de los funcionarios de Lima.
De otro lado, la “exotisación” de los nativos peruanos fue patente. Por ejemplo, una veintena de mujeres de pueblos indígenas del Ene asistió a todo el congreso, en primera fila y con sus vestidos tradicionales, aun cuando no entendían prácticamente nada de castellano. Me dijeron que les habían pedido que se queden ahí hasta el final del evento. Muchos dirigentes andinos y algunos funcionarios les pidieron sacarse fotos con ellas. En vez de considerar a esatas personas como ciudadanos peruanos, se prefiere mantener una separación ideológica y jerárquica anti-moderna.
5- Nadie evocó la necesidad social y educativa de construir un Lugar de memoria en Satipo y una Biblioteca Municipal, inexistente hasta hoy en día. Sólo Luzmila Chiricente mencionó el proyecto de construír una «Casa de la memoria y de la cultura ashaninka» en el local de su organización, la Federación de Mujeres Ashaninka, Nomatsiguenga y Kakinte (FREMANK), en la ciudad de Satipo, revalorizando tanto la cultura nativa como el pasado reciente y su memoria, para que los niños aprendan y sepan, y no caigan en los mismos errores que los padres o abuelos.
El Primer Congreso Nacional de Organizaciones Regionales de Víctimas de la Violencia, realizado en Pangoa, ha sido un paso importante en el camino largo y sembrado de piedras del reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por la guerra interna peruana. Sin embargo, es evidente que el problema de los afectados por la violencia no puede seguir tratándose como hasta ahora, separando los pueblos amazónicos de los pueblos andinos de Junín, excluyendo todo programa de desarrollo integral para todos los habitantes de la provincia de Satipo y de Junín. No se puede seguir aceptando que los pueblos amazónicos queden en segunda posición en la concertación con el Estado y en la toma de decisiones que los conciernen.
Escribe: Mariella Villasante, investigadora asociada del IDEHPUCP
(17.11.2015)
[2] Ver Villasante 2014, La masacre de Tsiriari y de la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo (Satipo), Boletín del idehpucp, 12 de agosto de 2014.
[3] Una norma del Consejo de Reparaciones indica que los miembros trabajan ad honoren. Sin embargo, Luzmila Chiricente es la única persona de esa alta instancia administrativa del Estado que no tiene empleo salariado y sus recursos como campesina pobre, productora de café, son muy bajos para asegurarle una vida digna. Actualmente, con todo mi apoyo, ella está tramitando un puesto de trabajo y ha pedido ayuda y consejo al Defensor del Pueblo en octubre de 2015.
[4] Ver el sitio Web del Consejo : http://www.ruv.gob.pe/consejo.html
[5] Ver Villasante, Los Ashaninka y los sitios de entierro, Boletín del Idehpucp, 17 de junio 2014.
[6] Agradezco a Luzmila Chiricente por haberme comunicado estos datos.
[8] Sobre este tema ver Villasante, Se inaugura el Lugar de la Memoria de Huancayo, Sitio IDEHPUCP, 2 de junio de 2014,
https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/notas-informativas/se-inaugura-el-lugar-de-la-memoria-en-junin/; ver también Villasante, En defensa del lugar de la memoria de la Región de Junín, Boletín del idehpucp, 20 de enero de 2015
https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/en-defensa-del-lugar-de-la-memoria-de-la-region-junin/ Y Villasante, Embajadores de la Unión europea visitaron el Lugar de memoria de Junín, Boletín del idehpucp, 14 juillet 2015
