El discurso fujimorista de inmoralidad política, de cinismo y de rechazo de los derechos humanos ha insistido siempre en el “olvido” como base de la “reconciliación nacional”. Esta manera absurda de practicar la política —defendida por el precario gobierno actual— es ajena al desarrollo de la democracia en el mundo libre y especialmente en los países de América Latina; sobre todo aquellos que han sufrido de las dictaduras militares (Chile, Argentina, Brasil). El reciente indulto acordado al dictador Alberto Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski pretende restaurar la impunidad en el Perú, dejando de lado los avances en materia de justicia ulterior a la guerra interna que ha sufrido el país. En realidad, ello no es solamente inmoral, vergonzoso y vil sino también es ilegal en el marco del derecho nacional e internacional, como lo están demostrando los juristas y los abogados de las víctimas de La Cantuta (10) y de Barrios Altos (15) que han pedido la intervención de la Corte Interamericana de derechos humanos. Veamos algunas ideas centrales que rinden cuenta de la crisis actual.
- La compleja situación que atraviesa nuestro país no data de 2016, sino de noviembre de 2000, cuando el dictador Alberto Fujimori de dio a la fuga al Japón y envió su renuncia por fax. Por un conjunto de circunstancias favorables para la democracia —la pérdida de credibilidad de las Fuerzas Armadas, y la toma de conciencia de una parte importante de la ciudadanía— se logró constituir una Comisión de la verdad y la reconciliación (CVR) con el mandato de esclarecer las circunstancias de la guerra interna, y de determinar los responsables. Son pocos los países que han concretizado este inmenso esfuerzo colectivo en aras de la verdad, para que la justicia pueda ser impartida, los responsables sancionados, y para que una futura reconciliación sea posible entre los grupos que se opusieron con las armas y también con los discursos, unos que falsificaban la realidad y otros que declaraban con valentía.
- Los gobiernos que han sucedido a la dictadura de Alberto Fujimori (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala) habrían podido cambiar, transformar y mejorar el gobierno y el Estado del Perú, siguiendo las recomendaciones precisas del Informe final de la CVR. Pero ninguno de ellos ha tenido el coraje político, patriótico y moral de concretizarlo. Han perdido la ocasión histórica de hacerlo; haciendo creer a los peruanos que las mejoras económicas (fruto del alto precio de las materias primas, no de un desarrollo interno) eran suficientes para “salir adelante”. Craso error. Por ello nos encontramos en este momento de crisis moral y política profunda.
- La tentativa actual de Kuczynski de mantenerse en la presidencia gracias a una alianza vergonzosa con la familia Fujimori —como lo ha revelado Gustavo Gorriti (“Del susto al engaño”, Caretas n°2520, 28 de diciembre de 2017)—explicita la urgencia de reestructurar totalmente el orden político peruano, y paralelamente la obligación de la toma de conciencia por parte de la sociedad civil y del electorado peruano de lo que fue la guerra interna peruana, del rol que jugaron las Fuerzas Armadas y del apoyo que brindaron al dictador Alberto Fujimori, el cual destruyó por completo el orden democrático y moral del país. Estas no son invenciones de la “izquierda caviar”, como lo plantean los fujimoristas, es la realidad histórica.
- Los grupos sociales, las personas y las instituciones involucrados en la defensa de los derechos humanos tienen que revisar sus prioridades para poner en primer rango la difusión a nivel nacional del Informe final de la CVR, y de la versión resumida: Hatun Willakuy (2004, 2008).
En particular la sección “La década de los noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori” (Hatun Willakuy, Capítulo 5).
- El 26 de diciembre de 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la Oficina regional para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, declaró en Santiago de Chile que es “obligación del Estado investigar, procesar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad.” También recordó que durante su visita al Perú en octubre de 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recalcó que “por su gravedad, los crímenes de Fujimori son del interés de la comunidad internacional y que esta debe ser involucrada.” Una posición coherente con las normas internacionales firmadas por el Perú que fueron sin embargo negadas por el canciller Ricardo Luna, conocido por su proximidad con el gobierno de Alberto Fujimori, y que respondió a Al Hussein para decirle que el posible indulto era “un asunto interno”. En fin, Incalcaterra criticó también la falta de empatía hacia las víctimas: “No poner la situación de las victimas al centro de las decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación.” (Gestión del 31 de octubre y del 26 de diciembre de 2017).
- Desde el punto de vista legal, el indulto al dictador Alberto Fujimori no tiene bases para poder ser efectivo. Carlos Rivera (IDL), abogado de las víctimas de La Cantuta y de Barrios Altos, ha presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destinado a anular el “indulto humanitario”. Rivera ha precisado que el procedimiento seguido por el presidente Kuczynski es ilegal (Caretas n°2512, 26 de diciembre de 2017).
- La CIDH ha agendado una audiencia extraordinaria el 2 de febrero en Costa Rica para examinar la conexión entre el cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta que estarían dejadas sin efecto a través del indulto a Fujimori. Se ha convocado a representantes del Estado peruano, la CIDH y CEJIL así como los abogados de las víctimas. Según el comunicado de la Corte: “Al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos en beneficio de Alberto Fujimori, el Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales.” Además: “El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos (…) a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad.” (La República del 29 de diciembre de 2017).
- Según las declaraciones de Diego García Sayán (La República 29 de diciembre) la Corte debería pronunciarse en las semanas siguientes y su sentencia es obligatoria para el Estado peruano pues se trata de un tema de derechos humanos y de un país democrático. De otro lado, García Sayán considera que el proceso de indulto ha sido demasiado apresurado y no ha tenido en cuenta la obligación de citar a todos los actores, y ha expresado un “perdón” hipócrita y de toda evidencia totalmente falso. (Ver http://larepublica.pe/politica/1163849-a-estas-alturas-necesitamos-a-un-presidente-que-gobierne ).
Tampoco se ha tomado en cuenta el hecho contraproducente que Alberto Fujimori ni siquiera ha pagado sus reparaciones civiles ni por su responsabilidad en los crímenes de La Cantuta y de Barrios Altos; ni por tres casos de corrupción, una suma que había sido fijada a 27,470,000 millones de soles pero que ha casi doblada por los intereses generados por la no cancelación; el procurador anticorrupción Amado Enco precisó que se trata del allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, la compra de TV y otros, y CTS irregular a Vladimiro Montesinos; los delitos cometidos y por los que fue condenado fueron: cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones. Además, en la resolución judicial de la condena a 25 años de cárcel por autor mediato en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, el reo Fujimori fue condenado a pagar 62,400 soles a favor de cada uno de los herederos legales de las víctimas, así como de 46,800 soles a Gustavo Gorriti y a Samuel Dyer. Hasta el día de hoy, Fujimori no ha pagado nada, y por razones oscuras la procuraduría no ha procedido a los embargos de bienes correspondientes a sus deudas por los crímenes cometidos. Dicho esto, el procurador Enco ha especificado que el “indulto” no lo libra de las reparaciones debidas al Estado y a las victimas (La República del 29 de diciembre de 2017).
Antes de hablar de un “gabinete de reconciliación nacional” García Sayán sugiere considerar un gabinete de emergencia nacional y de transición que esté en manos del vicepresidente Martín Vizcarra dado que Kuczynski se ha mostrado “ostensiblemente inoperante” (La República del 29 de diciembre de 2017).
- A nivel internacional, los relatores de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Agnès Callamard (casos de ejecuciones extrajudiciales) y Pablo de Greiff (fomento de la verdad, la justicia y la reparación), han expresado su disconformidad y su consternación y recordaron que las leyes internacionales restringen amnistías, indultos y otras exclusiones de responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos (La República del 29 de diciembre de 2017).
Reflexiones finales
- Durante el régimen de Alberto Fujimori, y con el apoyo de sus aliados civiles y militares, se ha conseguido anclar en la mentalidad popular una creencia totalmente falsa según la cual ellos “vencieron al terrorismo” y “limpiaron el país de los comunistas”. Esta idea absurda y falsa es presentada como justificación y como legitimación de la perennidad de la funesta familia Fujimori en la política peruana. La realidad es que la guerra contra la subversión senderista fue ganada militarmente por los ronderos con el apoyo tardío de las Fuerzas Armadas, y fue ganada políticamente por la acción del Gein que logró capturar al sanguinario Abimael Guzmán y a su cúpula de secuaces.
- El presidente Kuczynski pretende manipular a la sociedad peruana utilizando el argumento de la edad avanzada del dictador Fujimori y su mal estado de salud para justificar su indulto. No es el primer caso en América Latina. Recordemos que el general Augusto Pinochet tenía 84 años en 2000 cuando fue liberado de su prisión de Londres “por razones de salud” y regresó libre a Santiago de Chile; en Guatemala, el dictador Efraín Ríos Montt, de 91 años, espera su sentencia por la masacre de 1,770 Mayas ejecutados por las Fuerzas Armadas durante su régimen (1982-1983). Pero aun cuando fuera encontrado culpable no irá a la cárcel pues ha sido declarado “enfermo mental”. Si algunos consideran que la vejez y/o la mala salud justifican la impunidad, yo pienso que se equivocan. Los responsables de crímenes contra la humanidad deben ser sancionados con todo el peso de la justicia, por respeto a las víctimas y por respeto a la vida humana.
- El escandalo político y moral del indulto al dictador Fujimori podría traer consigo una toma de conciencia de los crímenes del fujimorato, con una gran campaña informativa a nivel nacional basada sobre el Informe Final de la CVR. Y, paralelamente, se puede considerar seriamente un cambio de gobierno a corto plazo. La juventud y los demócratas peruanos que están manifestando en varias ciudades del país representan una esperanza de transformación estructural real, y de abandono definitivo de las prácticas más viles del fujimorismo para destituir a magistrados del Tribunal Constitucional que deben juzgar a militares por haber procedido a ejecuciones extrajudiciales en El Frontón; caso en el cual la responsabilidad mediata recae en el ex presidente Alan García.
- A todo este panorama desolador se añaden los juicios por mega corrupción de la empresa Odebrecht que están enfrentando los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y que seguramente involucrarán en los próximos días a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski. Hemos empezado una nueva era de lucha contra la impunidad que puede durar varios meses, pero el resultado puede ser positivo a mediano plazo para el pueblo peruano y para la afirmación del Estado de derecho.
*Mariella Villasante es antropóloga e investigadora asociada del Idehpucp.
