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La presente evaluación del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) 2021–2025 —cuya vigencia ha sido extendida hasta diciembre de 2026— busca contribuir con el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, los sindicatos y la ciudadanía, en sus esfuerzos por fortalecer la política pública nacional sobre empresas y derechos humanos.

La aprobación del PNA, en junio de 2021, marcó un hito en las políticas públicas nacionales. En primer lugar, porque su proceso de elaboración se desarrolló a través de un amplio y significativo diálogo multiactor, reconocido a nivel nacional e internacional como una buena práctica en la construcción de políticas públicas. En segundo lugar, porque logró articular, por primera vez, de manera sistemática, a entidades del Estado, el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y la cooperación internacional en torno a una agenda común sobre la conducta empresarial responsable y la prevención, mitigación y reparación de los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.