El esquema de la transición y recomposición institucional en que se puede ubicar la función de la CVR, autorizaría a pensar que tuvo dos misiones en una. El mandato de investigar los hechos y los crímenes cometidos durante el periodo de violencia armada configura una misión central, cuyo significado se puede desdoblar en un sentido estrictamente humanitario y otro sentido ético-político. Este desdoblamiento se condice con la mayoría de las definiciones de la justicia transicional, que la describen a la vez como un conjunto de acciones dirigidas a hacer valer los derechos de las víctimas y como un conjunto de medidas para asegurar la paz y hacer sostenible a las democracias tras un pasado autoritario o violento.
Una reflexión sobre el Informe Final de la CVR veinte años después de su presentación no se puede agotar en un balance sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones, aunque ese balance sea siempre indispensable. Antes bien, esta reflexión debe tomar la forma de una pregunta acerca de cuál fue su papel o su significado en el destino de la transición democrática del año 2001, de la cual la Comisión fue un componente protagónico. Tal es la orientación de este libro colectivo.
Explorar esta pregunta implica un cierto esfuerzo de imaginación: tender puentes conceptuales entre los derechos no atendidos de las víctimas y la omisión a las reformas institucionales recomendadas dos décadas atrás, por una parte, y, por otra parte, el ruinoso estado del ordenamiento democrático corroído por la corrupción, los intereses sectarios de los grupos que ocupan la escena política oficial y, recientemente, la regresión del país hacia la violencia, principalmente estatal, pero también social. En este libro nos preguntamos sobre los nexos entre la realidad de una sociedad de posconflicto y las limitaciones de su tránsito a la democracia en ausencia de una verdadera confrontación con el pasado de violencia.
