Por Iris Jave (*)
En América Latina, la desaparición forzada de personas ha dejado una de las más persistentes marcas de la violencia contemporánea. Desde las dictaduras del Cono Sur hasta los conflictos armados internos en Perú y Colombia y las dinámicas de violencia prolongada, miles de personas continúan desaparecidas y sus familiares siguen enfrentando la incertidumbre sobre su destino. Han sido principalmente mujeres quienes han impulsado la búsqueda de las personas desaparecidas, sosteniendo a través de su acción colectiva demandas de verdad y justicia y configurando, al mismo tiempo, una dimensión central en los procesos de memoria en la región.
Estas experiencias de búsqueda no pueden entenderse únicamente como respuestas a la desaparición forzada, sino como parte de un campo más amplio de violencias históricas que han marcado la vida de las mujeres en América Latina. Las desapariciones ocurridas en contextos de dictaduras o conflictos armados se entrelazan con otras formas de violencia estructural —de género, raciales y territoriales— que afectan de manera desproporcionada a mujeres indígenas, jóvenes y niñas, en un contexto de desigualdades persistentes. Comprender estas trayectorias implica situarlas dentro de una genealogía de la memoria, es decir, un proceso mediante el cual experiencias de violencia, duelo y resistencia se transmiten entre generaciones y dan forma a nuevas formas de acción política en el presente (Jelin 2002). Estas trayectorias están atravesadas también por otras formas de violencia de género en el país, como las esterilizaciones forzadas aplicadas a miles de mujeres —la mayoría quechua hablantes y campesinas— durante la década de 1990, o la persistente violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas en territorios amazónicos, denunciada en provincias como Condorcanqui.
Al mismo tiempo, estas mujeres han desarrollado estrategias de resistencia y acción política desde sus propias vulnerabilidades, movilizando diversos recursos en busca de verdad, justicia y reconocimiento. Desde una perspectiva feminista, estas prácticas pueden comprenderse también como formas de política afectiva (Ahmed 2004), donde las emociones no son únicamente experiencias individuales, sino también fuerzas que circulan socialmente y contribuyen a conformar comunidades políticas. El dolor, la indignación y la persistencia del amor hacia los ausentes se convierten así en afectos que movilizan acción colectiva y crean vínculos entre quienes comparten una experiencia de pérdida.
Rivera Cusicanqui (2010) las denomina memorias largas, y con esto se refiere a la persistencia de memorias de violencia y resistencia que se remontan a procesos coloniales y reaparecen en las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas. Un ejemplo de ello es el colectivo Tsiuni integrado por jóvenes indígenas, que ha comenzado a demandar el reconocimiento público de las atrocidades cometidas contra sus ancestros durante la explotación del caucho a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Durante ese período, el sistema extractivo impulsado por empresas caucheras se sostuvo mediante esclavitud, torturas, desplazamientos forzados y el exterminio de miles de indígenas amazónicos. Desde esta perspectiva, las actuales reivindicaciones de verdad y reconocimiento no solo buscan reparar injusticias del pasado reciente, sino también reinscribir en el espacio público historias más largas de explotación, racismo y despojo que han marcado la experiencia histórica de la Amazonía.
Este escenario de violencias históricas y exclusión estructural también se refleja en los límites que enfrentan las mujeres para acceder a los espacios formales de poder. En el actual proceso electoral peruano, solo cuatro de las treinta y seis fórmulas presidenciales están encabezadas por mujeres. Aunque su presencia aumenta en las vicepresidencias, esta distribución evidencia que las posiciones de mayor liderazgo político continúan concentradas en hombres. Las brechas también se observan en la trayectoria política previa: menos de un tercio de las candidaturas a la Cámara de Diputados registra experiencia en postulaciones anteriores y apenas el 6.8 % ha ejercido cargos públicos. Esta experiencia se concentra principalmente en hombres de mayor edad, mientras que las mujeres y las personas jóvenes presentan menores niveles de acumulación política (Ponte Torrel & Bustos Ocampos 2026). En la representación política, persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso de las mujeres al poder político.
Este 8 de marzo nos recuerda que las luchas de las mujeres en América Latina no se limitan demandas de igualdad formal o representación política. También se libran en los territorios de la memoria y la política: en las historias y los nombres indígenas olvidados en la Amazonia, en los archivos incompletos de los ausentes o en las niñas violentadas en sus propias comunidades. Allí donde el Estado ha sido incapaz de responder plenamente a la desaparición y a otras violencias históricas contra las mujeres, las memorias largas, ancestrales, sostienen y revelan verdades que desafían a nuestras democracias. Mientras haya desaparecidos sin encontrar y víctimas sin reconocimiento, la búsqueda de la verdad seguirá siendo una forma de hacer política en diálogo con las memorias ancestrales.
