Entre el 4 y el 7 de mayo de 2026, en el auditorio de Humanidades de la PUCP, se realizó el XXI Encuentro de Derechos Humanos: Recuperar la democracia, la urgencia del Estado de derecho. El propósito del Encuentro, enmarcado en un año electoral, fue reflexionar sobre los riesgos concretos que este escenario representa para la vigencia y protección de los derechos humanos, y buscar propuestas interdisciplinarias que contribuyan al fortalecimiento de los contrapesos democráticos y la reconstrucción de la confianza ciudadana de cara a un nuevo gobierno.
Esta edición contó con Antonio Maués, doctor en Derecho por la Universidade Federal do Pará (UFPA), como invitado internacional, quien abrió el evento académico el lunes 04 con la conferencia magistral “Erosión y reconstrucción democrática”. Los tres días restantes fueron jornadas que abordaron un tema específico en dos mesas de debate. El martes 5 se buscó responder la pregunta “¿Qué democracia estamos habitando?” y para ello se desarrollaron las mesas ¿La casa está en llamas? Erosión institucional y desmantelamiento del Estado de derecho y Horizontes y agendas de rescate. Análisis político y opinión pública tras la primera vuelta.
En la primera mesa participaron Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia; Cruz Silva, investigadora en temas de justicia y magistratura, abogada del Instituto de Defensa Legal-IDL; y Maritza Paredes, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales y directora del Doctorado en Sociología de la PUCP.
En ella los panelistas analizaron el deterioro progresivo de la democracia peruana y el debilitamiento de las instituciones públicas como resultado de la acción conjunta del Ejecutivo y el Legislativo. Juan Jiménez situó esta crisis en una perspectiva histórica marcada por ciclos de autoritarismo y democracia que no lograron resolver las desigualdades estructurales del país. Asimismo, advirtió que la instrumentalización de mecanismos constitucionales, como la vacancia presidencial y la disolución del Congreso, ha profundizado la inestabilidad política y el desmantelamiento de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. También alertó sobre proyectos legislativos que buscan denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y aprobar normas que favorecen la impunidad en casos de lesa humanidad, frente a lo cual planteó la necesidad de fortalecer la vigilancia ciudadana y reivindicar los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
Por su parte, Cruz Silva abordó el cierre progresivo de espacios institucionales de protección de derechos y cuestionó el incumplimiento de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el nombramiento de autoridades vinculadas a casos de corrupción. En ese marco, señaló que existe una “relativización de lo legal”, en la que el derecho es utilizado en función de intereses particulares antes que del interés público. Finalmente, Maritza Paredes sostuvo que la actual crisis democrática es consecuencia de una incorporación ciudadana históricamente incompleta y desigual. A partir de una investigación basada en cerca de 250 entrevistas, explicó que amplios sectores rurales e indígenas fueron excluidos durante décadas de la vida política formal, lo que contribuyó a una práctica política fragmentada y centrada en intereses inmediatos. Frente a ello, enfatizó que la salida a la crisis no puede limitarse a reformas institucionales, sino que requiere reconstruir una democracia realmente vívida e inclusiva para toda la ciudadanía.
En la segunda mesa participaron Eduardo Ballón, investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO; David Sulmont, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUCP; y Maria Paula Távara, decana del Consejo de Lima del Colegio de Politólogos del Perú. Durante la conversación, los especialistas coincidieron en que la coyuntura electoral refleja una crisis estructural de la democracia peruana, marcada por la fragilidad institucional, la polarización y el debilitamiento del tejido social. El antropólogo Eduardo Ballón advirtió que el problema de fondo es el colapso del Estado y el vaciamiento de la democracia, un escenario que permite la expansión de narrativas como la del supuesto fraude electoral impulsada por Rafael López Aliaga. Asimismo, señaló las profundas diferencias entre el norte y el sur del país: mientras un sector demanda “mano dura”, otro exige cambios en el contrato social y justicia por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
Por su parte, David Sulmont sostuvo que el ascenso de candidaturas como las de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez responde más al rechazo y la fragmentación del electorado que a una representación efectiva de la ciudadanía. También alertó sobre la creciente polarización afectiva en redes sociales, donde predominan identidades enfrentadas antes que el debate programático, en un contexto en el que el 45% de la población se informa principalmente a través de plataformas digitales.
Finalmente, Paula Távara subrayó el avance del conservadurismo en todo el espectro político y su impacto en la agenda de derechos humanos, así como la pérdida de espacios democráticos para el diálogo y la deliberación. Además, cuestionó el debilitamiento de la independencia institucional tras la captura de la Junta Nacional de Justicia y advirtió sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de discursos de odio, racismo y violencia que profundizan la intolerancia y la fragmentación social.
