El periodo legislativo que se empezará a cerrar con las elecciones generales de este 12 de abril será recordado como uno de los más ruinosos para la institucionalidad democrática del país en lo que va del siglo. A la vista de las listas existentes para la elección de senadores y diputados es difícil augurar un cambio sustantivo, y para mejor, a partir de julio, cuando una nueva representación entre a ocupar el Parlamento. Ello, sin embargo, lejos de ser una invitación a la pasividad o la resignación, debe ser entendido como un llamado perentorio a mantener y reforzar la vigilancia ciudadana sobre la ejecutoria legislativa presente y futura con el fin de resguardar lo que queda del orden democrático y, desde luego, exigir que se recupere lo perdido en el quinquenio que concluye y que se avance hacia una mayor y mejor protección de derechos.
Con esa óptica, esta edición del boletín semanal de IDEHPUCP ha sido elaborada con un carácter monográfico.[1] Su contenido consiste en una revisión de las iniciativas emprendidas en el Congreso, fundamentalmente en la forma de propuestas que entrañan cambios de la Constitución, que han tenido o pretendido tener algún impacto sobre la protección y la garantía de los derechos humanos en el Perú. Esto abarca desde normas que directamente restringen derechos específicos hasta aquellas que los afectan indirectamente, pero no por ello de manera menos efectiva, al deteriorar la institucionalidad democrática relacionada con su defensa o cumplimiento.
Repasamos, así, un arco temático que incluye normas o propuestas congresales sobre el equilibrio de poderes (en particular, la figura de la vacancia presidencial y las prerrogativas expansivas del Congreso), instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, derechos de grupos específicos y los servicios públicos relacionados con ellos, lucha contra la criminalidad organizada y/o violenta y contra la corrupción, derechos de pueblos indígenas, protección del medio ambiente y la relación entre empresas y derechos humanos. En casi todos esos temas la tónica general detectada es que las propuestas que eventualmente podrían servir a fortalecer derechos tienen un contenido meramente declarativo o redundante y pocas posibilidades de alcanzar impacto efectivo, mientras, por otro lado, abundan normas de potencial autoritario, como aquellas vinculadas con la seguridad ciudadana desde una postura meramente punitiva e incluso xenofóbica. La implicancia general de la mayoría de estas normas, leídas en conjunto, es un debilitamiento severo de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
Tomando como medida las propuestas o proyectos analizados, se puede afirmar que en los últimos cinco años el Congreso ha intentado más de 300 reformas a la Constitución. Esos intentos han provenido por igual de bancadas de “derecha” y de bancadas de “izquierda”. Esto debería servir para desechar la interpretación tendenciosa e interesada de ciertos grupos hegemónicos según los cuales hay una “izquierda” que busca desestabilizar al país cambiando la Constitución. Ese es un empeño compartido y en el que, antes que las afiliaciones ideológicas, cuentan los intereses grupales.
Hay que advertir que, si bien solo catorce de las más de 300 propuestas contabilizadas han sido aprobadas, ese número no es pequeño considerando que se trata de cambios constitucionales. Siendo una atribución del Congreso el hacer reformas si cumple con ciertos requisitos, estos cambios constituyen en realidad, en términos reales y de normas de conducta democrática, una extralimitación o un abuso de poder. Pero hay más que decir: más de 200 proyectos se encuentran en estudio en comisiones, y podrían pasar con dictamen favorable a debate al pleno antes de que acabe el periodo legislativo. E incluso los proyectos que no se aprueben y que pasen automáticamente al estado de archivados, podrían ser rescatados por los partidos que se reelijan para el próximo periodo parlamentario.
Así, el análisis que aquí presentamos es una evaluación crítica de lo actuado en el quinquenio, pero es también una prospección —una voz de alarma— sobre el periodo que se abrirá en julio.
[1] Este análisis se apoya en una base de datos elaborada por el equipo de investigación del IDEHPUCP; principalmente, por Daniela Pulido y Connie Pérez. Con los datos acopiados, cuatro investigadoras del Instituto —Valeria Reyes, Iris Jave, Erika Solis y Andrea Luque— realizaron un análisis de los proyectos de reformas e identificaron cuatro áreas temáticas, las que se reflejan en las cuatro partes de este boletín: seguridad ciudadana y criminalidad; participación ciudadana y democracia; medioambiente, pueblos indígenas y defensores; y derechos fundamentales y sistemas de protección.
