En un contexto electoral de importancia crucial, puesto que estaba y está en juego en él la supervivencia de la democracia en el Perú, es perturbador lo sucedido durante la jornada electoral en cuanto a mesas no instaladas o instaladas tardíamente por una diversidad de negligencias e incumplimientos por los que el país debe recibir respuestas de la ONPE. Esos hechos han sido aprovechados de inmediato para propalar desde ya, sin mayor evidencia o indicio razonable, y a manera de acusación preventiva, acusaciones de fraude por uno de los candidatos.
Es fundamental señalar en principio que el hecho de que una cantidad de ciudadanos se vean impedidos de ejercer su derecho al voto no debe ser pasado por alto y de ahí la necesidad de explicaciones y esclarecimiento de responsabilidades. Pero, señalado eso, también hay que situar los hechos en su debido contexto y proporción y poner atajo a lo que parece ser una campaña dirigida a deslegitimar el proceso electoral y en particular a las autoridades encargadas. Ese empeño, como se sabe, está desde hace años en la agenda de la coalición que ha controlado el poder en el último lustro.
Se debe tener presente que el volumen de omisión de instalación de mesas de sufragio en estas elecciones no es sustancialmente distinto del observado en las elecciones de los años 2021 y 2016. No hubo en esos años una reacción como la que hoy se ha registrado. Así, si por un lado es de rigor reclamar explicaciones, es también indispensable señalar que, en sentido estricto, no estamos ante algo sustancialmente anómalo respecto de la historia electoral reciente.
No será un detalle menor señalar que la diferencia existente entre los hechos de hoy y los de hace cinco y diez años es que esta vez la falta de instalación de mesas ha tenido lugar en Lima Metropolitana mientras que antes eso estuvo distribuido en diversas regiones y, por consiguiente, afectó a ciudadanos de otras regiones. Esta diferencia ha determinado, como efecto del exorbitante centralismo, que ahora la omisión haya sido más visible y detectada más prontamente, además de más publicitada por los medios de comunicación. Hay, por otro lado, una amarga nota social y cultural implícita aquí: ¿por qué no ha habido antes protestas nacionales y medidas de remedio para cumplir con el derecho de los ciudadanos al voto como las que hoy, con razón legal o no, exigieron ciertos candidatos y aceptaron las autoridades? El mensaje implícito, que apunta hacia una realidad cuestionable, es que los votantes de Lima gozan de mayores garantías para sus derechos que los de otras regiones del país.
Señalado eso, se debe llamar la atención sobre la conducta de una de las candidaturas en particular, la de Rafael López Aliaga, que, desde el primer momento, y antes de que siquiera hubiera resultados, denunció un fraude electoral en su contra al mismo tiempo que ventilaba su ya conocido discurso de deslegitimación de las autoridades electorales.
Tampoco se puede pasar por alto la reacción inusualmente veloz de tres instituciones hoy capturadas por la coalición autoritaria en el poder, o alineadas con ella, que se sumaron de inmediato, mientras la jornada electoral estaba en marcha, a la deslegitimación de las autoridades y, por lo tanto, del proceso. El Ministerio Público, hoy dirigido por Tomás Gálvez tras diversas maniobras del Congreso, intervino locales de la ONPE; la Junta Nacional de Justicia anunciaba que revisaría el nombramiento de autoridades; y el Defensor del Pueblo, también leal al Congreso, se sumaba a la generación de un discurso deslegitimador. No se puede omitir de este recuento, por otro lado, la reacción prematura de los canales de televisión, que no se limitaban a reportar las tardanzas o suspensiones del sufragio en diversos locales, sino que se hacían eco de la hipótesis de fraude.
La conjunción de estos hechos, en momentos en que el conteo de votos no termina y mientras no se sabe quién será el segundo candidato en segunda vuelta, resulta altamente perturbadora y excede largamente la cuestión de principio, es decir, la referida a la garantía del derecho al voto de la ciudadanía. En realidad, tienen el semblante de una maniobra preventiva dirigida a desconocer la validez del proceso en el caso de que el resultado final no sea favorable a los involucrados.
Por ello, es fundamental diferenciar las dos cuestiones señaladas. Por un lado están la indispensable rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades por las fallas del proceso que impidieron ejercer el derecho al voto, aunque reconociendo al mismo tiempo que lo sucedido anteayer no es sustancialmente distinto de lo registrado en procesos pasados. Por otro lado están la cuestión de la legitimidad del proceso y una intención desestabilizadora bastante visible y muy en sintonía con la ejecutoria antidemocrática de la coalición que ha usufructuado el poder en estos últimos cinco años.
La exigencia de garantías para el cumplimiento efectivo de derechos y la defensa de la democracia y el Estado de Derecho: eso es lo que sigue estando en el centro de la agenda ciudadana el día de hoy.
