Se ha cumplido un mes de la masacre de Colcabamba y todavía no se han dado las respuestas que merecen los familiares de las víctimas y, por extensión, el país entero. El hecho ocurrió el 25 de abril en el distrito mencionado, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica. Cinco jóvenes que regresaban de un torneo de fútbol en una camioneta fueron abaleados por una patrulla del Ejército que se encontraba en una operación antidrogas. Los cinco jóvenes murieron y otras personas más resultaron heridas.
Inmediatamente después de conocido el hecho, las autoridades militares alegaron que el ataque a la camioneta fue una acción defensiva, pues los presuntos transportadores de drogas los estaban atacando. Se decía que la patrulla “repelió el ataque en legítima defensa, con una respuesta necesaria y proporcional”. Los testimonios y las primeras investigaciones han desbaratado esa versión. Ni estaban armadas las víctimas ni se encontró un cargamento ilegal. La fiscalía provincial de Tayacaja abrió investigación a ocho miembros del personal militar por homicidio calificado. Desde entonces no hay mayores avances que señalen un oportuno esclarecimiento de los hechos e identificación de responsabilidades. Entre tanto, las familias de las víctimas siguen esperando una explicación y una medida de justicia. Pero no son ellas las únicas que lo esperan y que lo merecen, sino también el país entero.
Es imprescindible mantenerse alerta y vigilante sobre el decurso de este proceso. En primer lugar, porque está en juego el derecho a la justicia de un grupo de familiares en concreto. Pero, además, porque el caso se relaciona con un problema general que es la decidida tendencia a la impunidad existente en el país por efecto de una serie de decisiones impuestas por el Congreso en los últimos años. Cabe referirse, como parte de esta tendencia general, no solamente a las leyes de prescripción y de amnistía pasadas por el Legislativo, sino también a normas previas que exoneran a la policía de responsabilidad por el empleo “legítimo” de armas de fuego contra la población civil, pero que introducen una serie de supuestos que hacen del término “legítimo” más una coartada que una restricción.
Y, en lo que respecta a la administración de justicia, baste recordar que las matanzas de los años 2022 y 2023 todavía no han dado lugar a ninguna forma de rendición de cuentas, ni en la dimensión judicial ni en la dimensión política y simbólica, por ejemplo, mediante un reconocimiento de los abusos cometidos y un pedido de perdón a los familiares. Todo lo contrario: lo que parece haberse consolidado es una opción por el silenciamiento y la impunidad, lo cual incluye una desestimación de los reclamos de las víctimas y de la sociedad civil, así como también los de entidades de la comunidad internacional especialmente acreditadas y legítimas, como son el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Contra esa tendencia impuesta institucionalmente por el Congreso y por el Poder Ejecutivo debe reafirmarse la demanda y la vigilancia de la sociedad civil. Es un deber de solidaridad con los familiares, así como también un necesario acto de defensa de lo poco que va quedando del Estado democrático de Derecho en el Perú, en riesgo multiplicado, además, por el ominoso escenario electoral que enfrenta el país.
