Pescar a río revuelto ha sido desde el inicio la máxima que ha guiado la estrategia de la coalición en el poder para estas elecciones. El primer paso, ampliamente comentado ya, ha sido modificar las reglas vigentes para este proceso de manera tal que se produjera la mayor fragmentación posible de los sectores que pudieran oponerse a sus intereses. Estos son los sectores comprometidos en términos generales con la recuperación de la democracia y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, defendidos o promovidos por la referida coalición. Ese propósito fue ampliamente logrado –36 candidaturas lo demuestran– y el resultado ha sido que los que disputarían la segunda vuelta si este proceso llegara a su fin serían candidatos que no cuentan con un respaldo mínimamente significativo del electorado, sino, más bien, con un masivo rechazo popular.
El dato incontrovertible es, en efecto, la ilegitimidad social de quien resulte eventualmente (y hasta se podría decir “azarosamente”) elegido en una segunda vuelta. Si este proceso es completado, cosa que ni siquiera es segura ahora, el país elegiría presidente a candidatos que en ningún caso han obtenido ni el 10 por ciento del apoyo ciudadano, aunque el método de ponderar solo “votos válidos” genere un resultado legal distinto y en gran medida ficticio. Pero incluso si se tomara como realidad social ese resultado legal, tendríamos que la más votada, Fujimori, no recibe el apoyo de más del 17 por ciento del electorado. Difícilmente se podría llamar a eso una situación democrática, más allá de la legalidad del mandato producido.
El segundo paso ha sido facilitado por las inocultables fallas de la ONPE en la organización del proceso, una catarata de incidentes ciertamente inexplicables, cuya escala, sin embargo, ha sido amplificada por López Aliaga y por diversos medios de comunicación para imponer la idea de que se estaba produciendo un fraude electoral. Lo cierto es que, hasta el momento, y sin que eso signifique banalizar las irregularidades aludidas, no hay mayor indicio de fraude, cosa que han descartado también las misiones de observación internacionales que acompañaron el proceso. La comparación entre las cifras de mesas no instaladas y el ausentismo electoral en este proceso y en los dos anteriores muestra de manera objetiva que no hay gran diferencia y que, por lo tanto, no hay espacio para mirar esta primera vuelta como una anomalía en sentido estricto.
Pero las imágenes, los medios de comunicación y la vociferante presencia de López Aliaga, de la que influyentes medios son sumisos altavoces, han terminado por generar una realidad paralela y altamente disruptiva en un proceso en el que todavía no se termina de contar los votos. Y no está de más repetir que desde el primer minuto se sumaron a esta conjura las instituciones que el Congreso ha convertido en instrumentos de sus conspiraciones: el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
El punto culminante hasta el momento es la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Dejando al margen nombres y personas en concreto, hay que llamar la atención con alarma sobre lo que esto probablemente implica: el desconocimiento del proceso electoral preconizado por un candidato, López Aliaga; la posibilidad de que se imponga ahora alguna de las fórmulas irregulares propuestas en estos nueve días para suplantar a la voluntad ciudadana ya expresada el 12 de abril; y la captura completa del sistema electoral con el fin de manipular un nuevo proceso electoral, lo que ha sido la pretensión de la coalición corrupta y autoritaria que controla el poder desde el Congreso y con obedientes delegados en el Poder Ejecutivo.
La democracia peruana se jugaba la supervivencia en estas elecciones, y hoy parece más probable que no consiga superar esta difícil prueba.
