Por Diego Portillo (*)
Un adolescente de 17 años no debería morir en una comisaría. Ningún adolescente debería salir inconsciente de una carceleta. Ninguna madre ni ningún padre deberían enterarse a gritos, a empujones o a medias verdades de que su hijo, detenido bajo custodia estatal, ya no volverá a casa.
El 13 de junio un adolescente de 17 años fue retenido en Manchay tras ser acusado por dos mujeres de ingresar a una vivienda para robar. Agentes de serenazgo y de la policía lo llevaron a la comisaría de Manchay, donde permaneció detenido. Los padres del joven han denunciado que no fueron notificados oficialmente de la detención, que escucharon sus gritos al acudir a la dependencia policial y que habría sufrido maltratos físicos. Horas después el adolescente fue sacado de la carceleta en estado inconsciente y fue hallado muerto el día 14 de junio dentro de la misma comisaría. La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por presunto homicidio.
Hay una verdad elemental que no puede perderse: un adolescente estaba vivo cuando ingresó al circuito de control policial y murió mientras se encontraba bajo responsabilidad del Estado. Este hecho debería alcanzar para estremecer a una sociedad democrática. Sin embargo, en el Perú nos hemos acostumbrado a mirar la violencia institucional como si fuera parte inevitable del orden. ¿Y realmente lo es? Tantas veces se nos ha dicho que la seguridad exige mano dura que hemos dejado de preguntarnos contra quién se endurece esa mano. Se nos ha repetido tanto que la autoridad debe actuar sin restricciones, que olvidamos que el poder sin límites no protege. Por el contrario, castiga, humilla, encubre y, en los peores casos, mata.
La muerte de un adolescente en una comisaría no puede ser tratada como un incidente menor ni como una desgracia burocrática. Cuando una persona está detenida, el Estado asume una posición especial de garante. Esa persona ya no controla su espacio, su movilidad, su comunicación ni su acceso a ayuda. Si además se trata de un adolescente, la obligación estatal es todavía mayor. La custodia no suspende derechos. La sospecha no elimina la dignidad. La detención no convierte a nadie en un cuerpo disponible para el maltrato, el abandono o la indiferencia.
Este caso nos obliga a mirar de frente un problema más profundo contenido en la persistencia de una cultura institucional que confunde autoridad con dominio. En demasiadas ocasiones, la relación entre policía y ciudadanía se estructura desde la sospecha, la amenaza y la subordinación. Para ciertos cuerpos —jóvenes, pobres, racializados, habitantes de periferias, adolescentes sin redes de poder— el contacto con el sistema penal no empieza con garantías, sino con miedo. No empieza con protección, sino con exposición. No empieza con derechos, sino con una presunción social de culpabilidad.
Ahí se produce una fractura ética gravísima. Porque una democracia no se mide por la manera como trata a los poderosos, sino por la forma en que trata a quienes están solos frente al poder. Y no hay mayor asimetría que la de un adolescente encerrado en una dependencia policial, separado de su familia, sin control real sobre lo que ocurre y sometido a la coacción de quienes lo custodian. Si en ese espacio se produce violencia, negligencia o muerte, no estamos ante un exceso individual únicamente. Estamos ante una profunda falla del sistema.
Por eso, el debate sobre los fueros policiales y militares no puede separarse de casos como este. En un momento en que se discute que policías y militares sean juzgados por sus propios fueros, debemos preguntarnos con seriedad: ¿qué mensaje envía el Estado cuando, frente a posibles abusos de agentes armados, amplía los márgenes para que sean investigados dentro de estructuras vinculadas a sus propias instituciones? ¿Qué confianza puede tener una familia en la justicia si quienes portan uniforme son juzgados en circuitos que pueden reforzar la lógica corporativa antes que la rendición de cuentas?
La justicia no puede ser administrada como privilegio institucional.
Cuando hay violaciones a la vida, los derechos, la integridad o la dignidad de una persona, especialmente si se trata de un adolescente, la respuesta debe ser una investigación independiente, imparcial, pública y rigurosa. No se trata de debilitar a la Policía. Se trata de que ninguna institución puede fortalecerse sobre la base del encubrimiento. Una Policía democrática no necesita fueros protectores frente a denuncias graves; necesita controles civiles, formación en derechos humanos, supervisión efectiva y sanciones reales cuando deja de proteger.
El argumento de que la función policial requiere protección especial puede sonar razonable en abstracto. Pero en nuestro país, en el que hay una larga historia de violencia estatal, impunidad y desconfianza institucional, ese argumento debe ser examinado con extremo cuidado. La función policial es indispensable e innegable, y precisamente por eso debe estar sometida a los más altos estándares éticos y de responsabilidad. Quien tiene permiso legal para usar la fuerza debe tener también el mayor deber de explicarla. Quien detiene a una persona debe garantizar su vida. Quien encierra a un adolescente debe responder por cada minuto de su custodia.
El discurso de la “seguridad” suele pedirnos renunciar a esta exigencia. Nos dice que, frente al delito, los derechos humanos son un obstáculo; que las garantías son un lujo; que la vida de ciertas personas importa menos. Ese razonamiento es profundamente peligroso. Los derechos humanos no existen para proteger solo a los inocentes certificados, ni a los ciudadanos ejemplares, ni a quienes nos resultan cercanos o simpáticos. Existen precisamente para impedir que el Estado decida qué vidas merecen cuidado y cuáles pueden ser tratadas como desechables.
Por otro lado, un adolescente acusado de un delito, en cualquier circunstancia, sigue siendo un adolescente. Sigue teniendo derecho a la vida y la integridad. Sigue teniendo derecho a comunicarse con su familia, a recibir defensa, a no ser golpeado, humillado ni sometido a tratos crueles. Sigue siendo sujeto de derechos, no objeto de castigo anticipado. La justicia penal juvenil no puede operar desde la venganza ni desde la pedagogía del miedo. Su centro debe ser la protección integral, la responsabilidad con garantías y la posibilidad real de reintegración.
Cuando ese principio se rompe, lo que aparece no es justicia, es violencia estatal. Y la violencia estatal tiene una particularidad que la vuelve especialmente grave pues, en el fondo, se ejerce en nombre de todos. Cada abuso cometido por un agente público erosiona el pacto democrático. Cada muerte bajo custodia abre una pregunta insoportable: ¿quién protege a la ciudadanía de quienes dicen protegerla?
La respuesta no puede ser el silencio. Tampoco puede ser el cierre corporativo. Mucho menos puede ser una reforma que traslade investigaciones sensibles a fueros institucionales donde la independencia puede verse comprometida. La respuesta debe ser verdad, justicia y reparación: verdad sobre lo ocurrido minuto a minuto; justicia para establecer responsabilidades individuales e institucionales; reparación para la familia, y reformas para que ninguna comisaría vuelva a convertirse en un espacio de indefensión.
El dolor de una familia no puede quedar reducido a una nota policial. La muerte de un adolescente no puede archivarse entre versiones contradictorias. Una sociedad que permite que sus adolescentes mueran bajo custodia y luego discute cómo proteger institucionalmente a los agentes del Estado está extraviando su brújula moral.
La pregunta de fondo no es solo qué ocurrió en una comisaría. La pregunta es qué tipo de país estamos construyendo cuando la vida de un adolescente detenido parece pesar menos que la defensa corporativa de la autoridad. Y la respuesta, si todavía queremos llamarnos democracia, debe ser firme: ninguna institución está por encima de la vida. Ningún uniforme está por encima de la dignidad. Ningún fuero debe convertirse en refugio frente a la justicia. La vida viene primero. Siempre.
(*) Docente PUCP en Educación y candidato a doctor en Ciencia Política y Gobierno.
