Por Andrea Iturrizaga (*)
Hace más de una década, identificar un caso de trata de personas implicaba dirigir la mirada hacia prostíbulos clandestinos o falsas agencias de empleo. Hoy, el primer contacto entre una víctima y una organización criminal puede ocurrir desde la pantalla de un celular. Un mensaje privado en una red social o una conversación en un videojuego pueden ser el inicio de una cadena de explotación difícil de detectar.
En el marco del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora cada 30 de julio, especialistas advierten que este delito ya no puede entenderse únicamente como un problema asociado a la explotación sexual. Comprender esa transformación, sostienen, es el primer paso para fortalecer la prevención y construir políticas públicas capaces de responder a un fenómeno que evoluciona con rapidez.
Las organizaciones criminales en el Perú
Para Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, uno de los principales errores al abordar la trata de personas consiste en pensar que se trata del mismo delito que el país enfrentaba hace diez o quince años. En realidad, explica, las organizaciones criminales han sabido adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos mucho más rápido que las instituciones encargadas de combatirlas.
Hoy, la trata de personas forma parte de estructuras criminales complejas que diversifican sus actividades y operan de manera articulada con otros mercados ilícitos. La explotación de personas ya no ocurre de manera aislada: se encuentra estrechamente vinculada con economías ilegales como la minería, la tala indiscriminada, el narcotráfico y otras actividades que demandan mano de obra en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Este escenario ha ampliado tanto el perfil de las víctimas como las modalidades de explotación. Aunque las mujeres venezolanas (36%), niñas y adolescentes continúan siendo las más afectadas por la explotación sexual, también aumentan los casos relacionados con trabajo forzoso, servidumbre y explotación laboral en contextos donde convergen diversas actividades delictivas.
«Las organizaciones criminales se adaptan con mucha rapidez a los cambios del entorno. Si las rutas migratorias cambian, sus mecanismos de captación también lo harán. Si aparecen nuevas plataformas digitales, encontrarán la manera de utilizarlas», explicó Valdés durante la entrevista.
El delito que casi nunca aparece en las estadísticas
A diferencia de otros delitos, la trata de personas permanece, en gran medida, oculta. Las cifras oficiales muestran únicamente una parte del problema. Durante el webinar: “¿Qué se necesita para proteger a las sobrevivientes de trata de personas?”, se enfatizó que el subregistro continúa siendo uno de los principales obstáculos para dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno. Ricardo Valdés coincide en lo mismo. Muchas víctimas nunca denuncian por miedo a procesos de manipulación que les impide reconocerse como víctimas.
En otros casos, la revictimización o la desconfianza hacia las instituciones terminan alejándolas de cualquier posibilidad de acceder a la justicia. Por ello, Valdés advierte que interpretar las estadísticas únicamente desde el número de denuncias puede conducir a conclusiones equivocadas. Un incremento de casos registrados no siempre significa que la trata esté aumentando; también puede reflejar mejores mecanismos de detección o un fortalecimiento de los canales institucionales para identificar estos.
Esta característica convierte a la trata de personas en un delito particularmente complejo de enfrentar. Las organizaciones criminales se aprovechan precisamente de contextos donde las víctimas enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad —como pobreza, exclusión, violencia de género o migración— para ejercer control sobre ellas y reducir las posibilidades de denuncia.
Para Fiorella Ferrari, investigadora de Hiperderecho, la era de la digitalización obliga a replantear la forma en que se habla de prevención. «La alfabetización digital también es una herramienta de protección de derechos», sostiene. Esto implica enseñar a los adolescentes a reconocer señales de alerta, proteger la información personal, cuestionar ofertas demasiado atractivas y comprender cómo funcionan los mecanismos de manipulación que pueden desarrollarse en línea.
Un Estado que avanza lentamente contra el delito
Para Ricardo Valdés, el Perú enfrenta serias dificultades para implementar de manera efectiva las acciones previstas en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030. El problema, explica, no radica únicamente en la existencia de una estrategia, sino en la capacidad real del Estado para convertirla en servicios, recursos y acciones concretas.
Uno de los aspectos que más preocupa al especialista es el limitado presupuesto destinado a enfrentar este delito. Durante la entrevista, Valdés recordó un dato que ilustra la dimensión del problema: el Estado invierte 17 céntimos por habitante al año. A ello se suma que una parte importante de los servicios contemplados en la política nacional aún no cuenta con financiamiento suficiente para garantizar su implementación.
«La trata de personas es uno de los delitos más rentables para el crimen organizado. Sin embargo, seguimos destinando recursos que no guardan proporción con la magnitud del problema», advierte.
Medios como La Lupa encontraron que el Perú registra casi 8 mil casos de trata de personas en un periodo de 3 años, y advierten que cifra real podría ser mayor. Por su parte, Promsex reveló que la trata de personas es el segundo negocio criminal más lucrativo del país, con una movida de 1,300 millones de dólares al año.
Un delito que exige nuevas respuestas
Las entrevistas y el webinar coinciden en un diagnóstico común: la trata de personas ya no responde a las dinámicas de hace una década. Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades, aprovechan las oportunidades que ofrecen los entornos digitales y se articulan con otras economías ilegales para ampliar sus redes de explotación. Mientras tanto, las políticas públicas todavía enfrentan el desafío de adaptarse con la misma rapidez.
La responsabilidad no recae únicamente en las instituciones públicas. La ciudadanía, las familias, las escuelas, las empresas tecnológicas y los medios de comunicación también desempeñan un papel fundamental en la identificación temprana de riesgos y en la construcción de una cultura que rechace cualquier forma de explotación.
En un escenario donde las organizaciones criminales reinventan constantemente sus mecanismos de captación, el mayor desafío está en que el Estado y la sociedad desarrollen la misma capacidad para anticiparse. Solo así será posible garantizar que la respuesta frente a la trata de personas no empiece cuando el daño ya está hecho, sino mucho antes: protegiendo derechos, reduciendo vulnerabilidades y colocando a las personas en el centro de toda estrategia de prevención y atención.
Hay que entender que la trata de personas rara vez comienza con un secuestro. Empieza con una conversación aparentemente inofensiva, una oferta de trabajo que promete cambiar una vida, una oportunidad demasiado buena para ser cierta o un mensaje enviado desde un perfil desconocido. Comprender cómo ha cambiado este delito es imprescindible para prevenirlo.
(*) Integrante del Área de Comunicaciones del IDEHPUCP
