Aunque es muy poco o nada lo que cabe esperar del nuevo gobierno en términos de recuperación de la institucionalidad y de la gobernanza democrática, ha llamado la atención la composición de su primer gabinete de ministros. Tres rasgos de ese gabinete son particularmente ostensibles. El primero es la amplia representación de figuras de conocida trayectoria no precisamente democrática y habituales merodeadoras de los traspatios del poder. Una segunda característica del gabinete es la cantidad de nuevos ministros sobre los que existen acusaciones, investigaciones fiscales, procesos o sentencias judiciales. (Según un escrutinio realizado por el diario La República, quince de los diecinueve ministros están en alguna de esas situaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos, abuso de autoridad, colusión, cohecho, peculado, falsificación de documentos, estafa y hurto). El tercer signo llamativo del equipo de gobierno es que, salvo excepciones, la gran mayoría de sus integrantes no tiene conocimiento, experiencia ni relación alguna con el sector que se les ha encomendado dirigir.
Queda para el análisis político la tarea de explicar cómo así, después de décadas de insistencia en acceder al gobierno, lo mejor que se puede ofrecer al país es un gabinete a todas luces improvisado, de mediocre calidad y con miembros cuestionables por múltiples razones. Queda, también, como desmentido de cualquier pretensión de inclusividad, el hecho de que solo haya dos ministras mujeres frente a diecisiete ministros varones, y que la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sea completamente ajena, por no decir hostil, al tema.
Más allá de lo mencionado, hay que tener presente, como llamado a extremar la precaución, las primeras expresiones políticas del nuevo equipo de gobierno. Estas son de un marcado autoritarismo y reclaman un permanente estado de alerta de la sociedad civil. El ministro de Cultura se ha decantado inmediatamente por el negacionismo respecto del pasado de violencia, mientras que se ha recordado las agresivas declaraciones en redes, siempre de contenido autoritario, del ministro de la Producción. Todo ello hace prever un gobierno de escasos modales democráticos al mismo tiempo que se finge una relación cercana con la población y atenta a los problemas que la aquejan. Esto no es novedoso si se tiene a la vista la receta de populismo autoritario de derecha que se ha visto en diversas partes del mundo en años recientes, y tampoco es ajeno a la pauta seguida bajo el gobierno autoritario de Alberto Fujimori tres décadas atrás.
En este contexto, corresponde al Congreso, y en particular a la Cámara de Diputados, examinar con mucha cautela y con espíritu crítico el anunciado pedido de facultades legislativas extraordinarias. El gobierno alega la necesidad de tales facultades para afrontar situaciones de emergencia como son el Fenómeno del Niño y la crisis de seguridad ciudadana. Pero nada garantiza que, en primer lugar, vaya a legislar exclusivamente sobre esos temas (pues hay, más bien, la justificada sospecha de que se quiere aprovechar para dar medidas que significarían vulneración de derechos, como en lo que atañe a facilidades para la explotación de recursos naturales) ni que, en segundo lugar, las medidas sobre prevención de desastres y seguridad ciudadana vayan a sujetarse a los parámetros que dictan la constitución y las obligaciones internacionales del Estado peruano. Tomando como referencia las declaraciones hechas durante la campaña electoral y durante estos primeros días en el poder, hay razones para prever medidas al mismo tiempo inefectivas, autoritarias y riesgosas para la ciudadanía, como la siempre fantasiosa idea de desplegar a la fuerza armada en las ciudades.
Es tarea de la sociedad y de los grupos democráticos de la oposición calibrar la medida adecuada de todas estas señales y tomar las precauciones indispensables.
