Quienes ejercen el poder político en el Perú en estos años han “perfeccionado” una estrategia para favorecer los intereses políticos a los que sirven y, correlativamente, socavar los derechos de la ciudadanía. Esta consiste en producir normas que simulan regular alguna práctica o realidad problemática y someterla a la autoridad democrática del Estado, pero que en realidad tienen como designio obstaculizar o impedir el ejercicio de dicha autoridad y despojar a la población de las protecciones y garantías que les debe el Estado.
Los casos son varios. La reciente incorporación del delito de lesa humanidad en el Código Penal es un ejemplo paradigmático: se incorpora el tipo penal al marco jurídico nacional, pero de una forma tal que, en realidad, resulte inaplicable. Se puede ver, al respecto, una detallada nota publicada en este mismo boletín. La sustitución del enfoque de género mediante una ley que se precia de introducir un enfoque “científico” es otro caso parecido: en realidad, se elimina un marco normativo que está en consonancia con el consenso internacional para, a fin de cuentas, sustituirlo por otro que impide que el Estado actúe mediante políticas públicas para la protección de derechos relacionados con el género.
Un caso de este procedimiento que merece especial atención es el del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Creado hace más de una década supuestamente para fomentar la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal –es decir, para ponerla bajo la autoridad regulatoria y fiscal del Estado, se ha convertido, a través de sucesivas prórrogas, más bien en un instrumento para sustraerlas indefinidamente a dicha autoridad. En efecto, las operaciones mineras inscritas en REINFO permanecen en el registro a pesar de no cumplir sus obligaciones ambientales, de seguridad y administrativas. Y mientras una operación esté en el registro queda a cubierto de ser procesada por la práctica de la minería ilegal. En suma, el REINFO pasa de ser una entidad regulatoria a ser solamente una máscara que encubre una licencia indefinida del Estado para operar al margen de la ley. Y, como es sabido, detrás de la manipulación de esta política estatal han estado operadores políticos de esas industrias que actúan desde las más altas posiciones en el Congreso.
La situación es grave por una diversidad de razones. Hay una variedad de consecuencias negativas que resultan de la explotación irregular de recursos naturales, incluyendo la espiral delictiva que muchas veces se ve asociada con estas actividades. Entre esas razones, no se debe olvidar lo que la subsistencia y proliferación de esta actividad informal y/o ilegal significa en materia de vulneración de derechos colectivos e individuales de las poblaciones.
Esto adquiere matices aún más preocupantes en la medida en que la organización que ocupará el gobierno desde el 28 de julio ya anuncia como una de sus prioridades el “destrabar” los proyectos de inversión minera. Aun cuando esto se pueda referir a proyectos de la gran minería, lo cierto es que no se pueden ignorar los eslabones que existen entre toda la actividad extractiva grande o pequeña, formal o informal, legal o ilegal. Y menos aún se puede pasar por alto que, si por un lado ello puede producir una nueva oleada de protestas y conflictos, por otro lado, el Congreso se ha encargado de dar leyes que ponen a la fuerza pública –militares y policías a cubierto de cualquier responsabilización por un uso desproporcional de la fuerza. Una de ellas es la ley que expande el concepto de delito de función y determina que todo delito de función sea competencia exclusiva del fuero militar-policial.
Estamos, pues, ante una situación sumamente riesgosa, y esta constelación de riesgos no puede ser desconocida por quienes todavía hoy legislan y por quienes se aprestan a tomar el control del Estado desde el Poder Ejecutivo. Es una amenaza más a los derechos humanos y una clara muestra de la penetración de intereses turbios o francamente ilegales en la frágil institucionalidad del país.
