Por Diego Portillo (*)
Entre 2021 y 2026, el Perú atravesó un proceso sostenido de deterioro democrático y de debilitamiento de las garantías de derechos humanos. Este retroceso no debe ser entendido únicamente como una sucesión de crisis políticas o cambios presidenciales, sino también como una tendencia más amplia en la que se combinaron la inestabilidad institucional, la respuesta represiva frente a la protesta social, la impunidad ante graves violaciones de derechos humanos y la aprobación de normas que restringieron derechos y redujeron el espacio cívico. En ese sentido, el quinquenio expresa una crisis de derechos humanos que se desplegó en tres capas interrelacionadas: la crisis democrática e institucional, las violaciones directas de derechos humanos y los retrocesos normativos y sociales.
Una primera capa corresponde a la crisis democrática e institucional. Desde el inicio del periodo, el país estuvo marcado por una fuerte confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, sucesivos intentos de vacancia, debilitamiento de la gobernabilidad y erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, el problema no fue solo la inestabilidad política, sino la manera en que diversos poderes del Estado contribuyeron a debilitar contrapesos democráticos, órganos autónomos y mecanismos de control. Human Rights Watch (2025) y la Comisión Interamericana de Derechos Humano (2023) han señalado que, durante este periodo, el Congreso adoptó medidas que fomentaron la impunidad, debilitaron instituciones democráticas y erosionaron la independencia judicial. Este deterioro institucional afectó directamente las condiciones para garantizar derechos, investigar abusos, proteger a víctimas y asegurar la rendición de cuentas.
La segunda capa, la más grave, se relaciona con las violaciones directas de derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas sociales de 2022 y 2023. Tras la caída del gobierno de Pedro Castillo y la sucesión presidencial de Dina Boluarte, amplios sectores ciudadanos, especialmente en regiones del sur andino, se movilizaron para exigir elecciones anticipadas, cierre del Congreso y responsabilidad política frente a la crisis. La respuesta estatal estuvo marcada por el uso excesivo de la fuerza, con decenas de personas fallecidas y centenares de heridas. Human Rights Watch (2025) reportó que las autoridades no investigaron adecuadamente la muerte de 49 manifestantes y transeúntes durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023, y que, hasta septiembre de 2025, no existían condenas por esas muertes. Amnistía Internacional (2026) también sostuvo que las víctimas de la represión de 2022–2023 continuaban sin obtener justicia. Este escenario revela un retroceso profundo, pues no solo se vulneró los derechos a la vida, la integridad personal y la protesta, sino que además se debilitó los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
La tercera capa comprende los retrocesos normativos y sociales. Uno de los más preocupantes fue la aprobación de una ley de amnistía vinculada a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de 1980–2000. Esta norma otorga impunidad por delitos graves cometidos durante dicho periodo y fue promulgada pese a advertencias del sistema interamericano. Amnistía Internacional también advirtió que la Ley 32419 podía dejar impunes crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos. Este tipo de medidas afecta la memoria democrática del país y envía un mensaje de debilitamiento de la responsabilidad estatal frente a crímenes graves.
A ello se suma la reducción del espacio cívico. Durante el periodo, se aprobó legislación que amplió el control estatal sobre organizaciones de la sociedad civil que reciben cooperación internacional. Esta norma restringe el uso de fondos extranjeros para acciones legales contra el Estado, incluso en casos nacionales e internacionales de derechos humanos. Esto afecta especialmente a organizaciones que acompañan a víctimas, defienden derechos humanos o litigan casos sensibles frente al Estado.
También se observaron retrocesos en igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las personas LGBTIQ+. Amnistía Internacional (2026) informó que en 2025 se aprobó una ley de igualdad de oportunidades que eliminó el enfoque de género, sustituyó la educación sexual integral por una formulación más restrictiva y redujo el enfoque de salud sexual. Asimismo, Human Rights Watch (2025) señaló que el Perú seguía sin reconocer el matrimonio igualitario ni la identidad de género de las personas trans.
En síntesis, entre 2021 y 2026 el Perú experimentó un deterioro progresivo de las garantías democráticas y de derechos humanos. Este deterioro se expresó en la represión de la protesta social, la falta de justicia para las víctimas, la aprobación de normas orientadas a la impunidad, la restricción del espacio cívico y el debilitamiento de políticas de igualdad. Más que hechos aislados, estos retrocesos configuran una tendencia preocupante: el desplazamiento de un enfoque de derechos hacia una lógica de control, orden e impunidad, con consecuencias directas para la democracia, la ciudadanía y la protección de los grupos históricamente vulnerados.
(*) Docente PUCP
Referencias
Human Rights Watch (2026). Peru: Events of 2025. En World Report 2026. https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/peru
Amnistía internacional (2026). Amnesty International. (2026). The state of the world’s human rights: April 2026. Amnesty International. https://media.amnesty.org.uk/documents/Amnesty_International_-_The_State_of_the_Worlds_Human_Rights_Annual_Report_2026.pdf
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023, 3 de mayo). CIDH publica informe sobre situación de derechos humanos en el Perú [Comunicado de prensa]. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2023%2F083.asp
