En la presentación del supuesto Plan Nacional de Educación 2026-2031, mediante el cual se anuncia una “reforma integral” del sector, el actual ministro de Educación ha dicho: “vamos a pedir que se incorpore (…) el inglés como una forma de comunicación con el mundo”. Teniendo en cuenta que esa materia ya existe desde hace años, como consta en el Currículo Nacional de Educación Básica vigente desde el año 2016, resulta claro que el titular de ese despacho, como muchos de sus colegas de gabinete, desconoce los rudimentos de la gestión que se le ha encargado. Y eso, evidentemente, da una señal alarmante sobre la minúscula importancia que el gobierno asigna a la educación, un derecho de la ciudadanía y un factor indispensable del desarrollo humano.
Pero el descuido de la educación básica, siendo una negligencia imperdonable y un atentado contra los derechos de la población, no es lo único anunciado implícitamente en el reciente mensaje del ministro Chang. Además, ha señalado, en consonancia con lo dicho también por Keiko Fujimori, una futura manipulación autoritaria de la educación escolar, bajo el pretexto de “eliminar la ideología” de la escuela.
El sofisma del “combate a la ideología en la escuela” se dirige principalmente a dos frentes: el conocimiento sobre el conflicto armado interno y las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por Sendero Luminoso y el MRTA, y también por la fuerza armada y la policía, y el enfoque de género y la educación sexual integral. Keiko Fujimori ya ha anunciado que se proponen reescribir la historia que se enseña en los colegios. Ese propósito –borrar la historia documentada y sustituirla por una versión conveniente al poder-es casi la definición misma del autoritarismo y, de hecho, se aproxima a una idea totalitaria: controlar y regimentar incluso el pensamiento de la población.
Sobre ese tema, el ministro de Educación ha dicho que no se va a hablar de una “guerra civil”, sino exclusivamente de terrorismo. Ahí hay una novedad. En rigor, nadie que haya estudiado seriamente el conflicto armado interno, empezando por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ha admitido ni empleado nunca el término “guerra civil”. Quien más se ha acercado a ello –después de un informe de una comisión histórica del Ejército, que habló de una “guerra fratricida”- ha sido Alberto Beingolea, ministro de Cultura, al decir que el objetivo del LUM era la “reunificación” del país. Rara vez se ha dado semejante estatus a la guerra de Sendero Luminoso contra el Estado y la sociedad peruana. Una espiral de equívocos, en suma, que revela cuán lejano está el gobierno de conocimientos básicos sobre asuntos cruciales para la vida de la nación.
Por otro lado, la guerra contra las políticas de inclusión en la escuela peruana, en particular contra las de equidad de género, no es una novedad. Ya el Congreso anterior se encargó de legislar para la eliminación de políticas con enfoque de género y la educación sexual integral. Y aunque casos tan atroces como el de la violación masiva de niñas y adolescentes en las escuelas de Condorcanqui, Amazonas, deberían haber hecho reflexionar a quienes administran el Estado, lo que se anuncia, más bien, es un aceleramiento de las políticas de desprotección.
Las desacertadas declaraciones del gobierno en materia de educación van, desde luego, mucho más allá de lo anecdótico. Se sabía, por su ejecutoria previa, que la política educativa de un gobierno de Fuerza Popular no podía ser auspiciosa. Pero lo que se anuncia, como se ha dicho, va mucho más allá de la previsible negligencia. Se trata, más bien, de un proyecto autoritario cuyo resultado (u objetivo) puede ser eviscerar a la democracia peruana no sólo destruyendo sus instituciones, sino incluso desalojando sus principios y valores de la imaginación y las expectativas de la ciudadanía.
