Por Kathy Subirana Abanto (*)
La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República marca uno de los momentos políticos más controvertidos de las últimas décadas. Tras imponerse en una ajustada segunda vuelta con el 50,135 % de los votos frente al 49,865 % obtenido por Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular asumió el mando de un país profundamente polarizado, donde su apellido continúa evocando debates y heridas aún abiertas sobre democracia, autoritarismo, corrupción, violencia política y derechos humanos.
En ese contexto, llamó la atención que el mensaje presidencial del 28 de julio sea una extensa enumeración de propuestas y que hacia el cierre de su intervención Fujimori mencionara que uno de los objetivos centrales de su gestión sería recuperar el orden y promover la reconciliación del país mediante el diálogo y la unidad.
¿Una promesa de reconciliación?
Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministro de Educación, considera que el llamado presidencial debe entenderse, sobre todo, como un gesto político dirigido a reducir la tensión generada por una elección extremadamente polarizada. «A nivel simbólico, creo que el tema de la reconciliación ha sido más un mensaje orientado a tratar de calmar las aguas antes que un acto real y sincero», afirma.
Desde su perspectiva, la dificultad radica en que la retórica conciliadora contrasta con el comportamiento que el fujimorismo ha mantenido durante los últimos años frente a quienes han representado posiciones políticas distintas. «El gobierno se construye justamente a partir de la negación de ese otro sujeto político que es tan importante en la democracia peruana», sostiene. Por ello, más que una invitación al encuentro entre diferentes sectores de la sociedad, interpreta el mensaje como una convocatoria para que el país retome un supuesto «camino correcto» bajo la conducción del nuevo gobierno.
La politóloga Noelia Chávez coincide en que la reconciliación ocupa un lugar central dentro del relato construido por Fujimori, aunque considera que el concepto aparece formulado desde una lógica distinta a la que tradicionalmente ha acompañado ese término en sociedades que han atravesado procesos de violencia política. En su opinión, el discurso no propone una reconciliación vinculada con la memoria histórica, el reconocimiento de responsabilidades o la reparación de las víctimas, sino una reconciliación centrada en la propia figura de la presidenta. «Da la impresión de que busca que el país se reconcilie con ella», señala.
Para Chávez, Keiko Fujimori intenta inaugurar una nueva etapa política desligándose tanto del legado de Alberto Fujimori como de la actuación reciente de Fuerza Popular en el Congreso. «La toma de mando ha querido marcar un tiempo nuevo, como si fuera un borrón y cuenta nueva de la actuación de su partido en los últimos años y también del legado de su padre», explica. Sin embargo, esa estrategia enfrenta un obstáculo difícil de superar: la memoria de la ciudadanía.
Durante más de una década, Fuerza Popular fue uno de los actores más influyentes del escenario político peruano. Desde el Parlamento respaldó decisiones que diversos analistas consideran parte del proceso de deterioro institucional que la propia presidenta describió en su mensaje. Esa trayectoria convierte en un desafío especialmente complejo la intención de presentarse como la dirigente capaz de rescatar al país de una crisis en cuya construcción, según los especialistas, su organización política también participó; por lo que se hace difícil separar el diagnóstico presentado por la presidenta del papel que su propia organización desempeñó en la crisis que hoy denuncia. Para Noelia Chávez, ese es, precisamente, uno de los mayores desafíos políticos del nuevo gobierno. «El principal reto de Keiko Fujimori es superar las contradicciones en las que ellos mismos se han puesto», sostiene.
«Ella ha tratado de colocar el caos como algo distinto y lejano de ella para luego poder colocarse como la opción salvadora», señala Chávez. La pregunta, añade, es inevitable: ¿cómo convencer a la ciudadanía de que se puede solucionar un problema del que también se ha formado parte?
Esa tensión atraviesa buena parte del discurso presidencial. Mientras la mandataria describe un Estado debilitado, instituciones ineficientes y una democracia erosionada, evita cualquier referencia al papel que el propio fujimorismo desempeñó durante los últimos años en ese proceso. La narrativa plantea un país al borde del colapso y un gobierno dispuesto a reconstruirlo, pero deja fuera uno de los elementos que, para los especialistas, resulta indispensable para otorgarle credibilidad: el reconocimiento de las propias responsabilidades políticas.
Las omisiones resultan todavía más evidentes cuando el análisis se traslada al terreno de los derechos humanos, pues no hubo referencias a la memoria histórica, a las víctimas del conflicto armado interno ni a los desafíos pendientes en materia de verdad, justicia y reparación. Para Chávez, esa ausencia no es casual. «La lectura de la reconciliación no está vinculada a los derechos humanos», advierte. Más bien, considera que el mensaje propone aceptar un nuevo liderazgo político antes que impulsar un proceso colectivo de reconocimiento de las heridas que todavía atraviesan a la sociedad peruana.
Al respecto, la abogada Josefina Miró Quesada Gayoso considera que «atestiguamos un discurso cínico. Una retórica que pretende reconciliar un país dividido sin ningún gesto político que la respalde”. Añade que la reconciliación solo puede construirse cuando existen gestos concretos de reconocimiento del daño causado, autocrítica y garantías de no repetición y que ninguno de esos elementos estuvo presente en el primer discurso presidencial.
La seguridad ciudadana y discurso de la mano dura
Desde los primeros minutos de su intervención, Fujimori colocó la inseguridad como una de las principales amenazas que enfrenta el país y anunció una ofensiva integral contra el crimen organizado que incluye el fortalecimiento de la inteligencia policial, una reforma del sistema penitenciario, la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y un papel más activo de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia.
El énfasis no resulta casual. Desde hace varios años, la inseguridad aparece de manera constante entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En ese sentido, el discurso conecta con una demanda social ampliamente compartida. Sin embargo, para algunos especialistas, la forma en que esa respuesta fue planteada reactiva viejos rasgos del imaginario político fujimorista. «En el tema de seguridad sí se le salió con mucho énfasis la lógica más disciplinaria y marcial», observa Chávez.
Uno de los elementos que más llamó su atención fue la utilización de la expresión «los peruanos de bien», una fórmula recurrente en distintos discursos conservadores de América Latina para establecer una distinción entre quienes merecen protección del Estado y quienes son presentados como una amenaza para el orden público. «¿Quién es finalmente la gente de bien? ¿Quién califica eso?», se pregunta. La preocupación no se limita a una cuestión de lenguaje. Detrás de esa categoría, explica la investigadora, pueden instalarse criterios ambiguos que terminen justificando prácticas discriminatorias, desplazando la protección de derechos fundamentales cuando ambos objetivos entren en tensión o apelando a medidas excepcionales incompatibles con un Estado democrático de derecho.
Inclusión social: más allá de los programas
La política social apareció como el otro gran componente de la propuesta gubernamental. Fujimori anunció la ampliación de diversos programas sociales, nuevas inversiones en infraestructura, iniciativas dirigidas a la infancia y a los adultos mayores, así como medidas para reducir la pobreza y ampliar la cobertura de distintos servicios públicos.
Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, reconoce la importancia de colocar esos temas en la agenda. Sin embargo, advierte que la verdadera discusión no pasa únicamente por aumentar el número de programas o ampliar la cobertura de beneficios económicos. «La inclusión social tiene que ver con la ampliación del ejercicio de derechos», explica.
Desde su perspectiva, el desafío consiste en garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios públicos de calidad independientemente de dónde vivan, de cuánto dinero tengan, del idioma que hablen o de cualquier otra condición que históricamente haya producido desigualdad. «La gente necesita servicios públicos de calidad que sean garantizados independientemente de dónde viva, si tiene plata o no tiene plata, si habla otro idioma o no», señala.
La inclusión debe dejar de entenderse como una política de asistencia para convertirse en una estrategia destinada a garantizar el ejercicio de una ciudadanía plena. El éxito de sus políticas sociales no dependerá solo del número de beneficiarios o de los montos destinados a los programas, sino de su capacidad para reducir desigualdades estructurales y fortalecer la presencia del Estado allí donde históricamente ha estado ausente.
Sin embargo, ese objetivo abre otra interrogante que el discurso dejó apenas esbozada: ¿cómo financiar un conjunto de promesas que implican un aumento significativo del gasto público sin comprometer la estabilidad económica del país? Para Carolina Trivelli el principal interrogante no radica en la pertinencia de esas iniciativas, sino en la capacidad real del Estado para financiarlas.
«El discurso revela una orientación hacia gastar más y el Perú arrastra desde hace varios años dificultades para cumplir las reglas fiscales. Parte de la estabilidad macroeconómica reciente ha dependido de factores externos, como los elevados precios internacionales de los minerales. No hay espacio fiscal para hacer todo eso», advierte.
Más allá de la discusión presupuestaria, Trivelli considera que el reto será definir prioridades y construir una política pública coherente, capaz de equilibrar la protección social con la responsabilidad fiscal. De lo contrario, el riesgo es que las promesas terminen generando expectativas que el Estado no pueda satisfacer.
Las dudas sobre la viabilidad de los anuncios también alcanzan al sector Educación. Aunque el discurso dedicó un espacio importante a la construcción de infraestructura escolar, el equipamiento de instituciones educativas y la capacitación docente, Ricardo Cuenca observa en esas propuestas una mirada que remite a las políticas impulsadas durante la década de 1990.
Para el exministro de Educación, el problema no reside únicamente en priorizar infraestructura o materiales pedagógicos, sino en que esa aproximación deja en un segundo plano algunos de los desafíos que hoy ocupan el centro del debate educativo: la formación ciudadana, la reducción de desigualdades, el fortalecimiento de la convivencia democrática y la construcción de una educación capaz de responder a un país profundamente diverso. «Hay muy poca idea renovada de lo que es la educación ahora. Además, Fuerza Popular respaldó desde el Congreso diversas iniciativas que modificaron o debilitaron las reformas educativas desarrolladas durante la última década. Todas las leyes que han desmontado las reformas educativas han contado con el voto de la bancada fujimorista», señala.
El reto de la ciudadanía
Josefina Miró Quesada Gayoso considera que la principal omisión del mensaje presidencial fueron la memoria histórica y las víctimas de la violencia política, así como la garantía de la existencia de los mecanismos necesarios para garantizar que los episodios más dolorosos del pasado no vuelvan a repetirse.
Para la especialista ese vacío adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa el papel que el fujimorismo ha desempeñado durante los últimos años en la vida pública peruana. «Creo que la derrota no es que haya llegado al Ejecutivo, sino que haya continuado siendo una fuerza política avasallante al margen de quien haya gobernado. Y que desde ahí haya debilitado aquello que debía preservar la memoria histórica: la institucionalidad y la capacidad del Estado, así como la sociedad civil organizada, la educación privada y pública», explica.
Por ello, señala que la ciudadanía debe ser el contrapeso principal del poder concentrado. Y hace un llamado particular: “Debemos estar más vigilantes que nunca en el manejo de la política y no desentendernos. Hay muchas formas de contribuir a recuperar la memoria histórica. Habiten los museos, construyan redes de soporte para movilizarse, discutan la política entre sus familiares y amigos, tengan conversaciones difíciles, instrúyanse y hagan docencia de nuestra historia reciente. Apoyen el periodismo independiente, alcen la voz contra las injusticias desde el espacio que tengan, denuncien los ataques al sistema de justicia, salgan a las calles a manifestarse, elijan bien a sus representantes locales ahora que vienen las elecciones municipales y regionales, protejan a las minorías que más serán hostilizadas: personas LGTBIQ+ y pueblos indígenas. Por sobre todas las cosas, dialoguen entre los movimientos que defienden los valores que el fujimorismo amenaza, construyan alianzas y eviten que las divisiones internas sean capitalizadas por el gobierno de turno”.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
