Por Kathy Subirana (*)
El avance de discursos negacionistas, el cuestionamiento de políticas de memoria y el debilitamiento de consensos democráticos que parecían consolidados han vuelto a colocar a los derechos humanos en el centro del debate público en América Latina. En países como Argentina, donde la construcción de memoria sobre los crímenes de la última dictadura militar fue durante décadas una referencia regional, los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei han abierto nuevas disputas sobre el pasado, el papel del Estado y el alcance de los derechos fundamentales.
Conversamos con Rosario Figari, socióloga argentina e investigadora especializada en memoria, justicia transicional y derechos humanos, ganadora del Premio Voltaire 2024 de la Asociación Internacional de Sociología. Este reconocimiento distingue a investigadoras e investigadores cuyas trayectorias académicas y públicas se han caracterizado por la defensa de la libertad de pensamiento, la pluralidad de ideas y el compromiso con los derechos humanos, especialmente en contextos donde estos valores enfrentan amenazas o retrocesos democráticos. Durante su reciente visita al Perú, en el marco de las actividades por los 25 años de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, reflexionó sobre los desafíos que enfrentan hoy las democracias latinoamericanas, el resurgimiento de discursos autoritarios, las lecciones de los procesos de memoria y el papel que deben asumir la academia y la sociedad civil frente a estos escenarios.
¿Cómo nació tu interés por los derechos humanos y la justicia transicional?
Comencé estudiando Sociología en la Universidad de Buenos Aires y desde muy temprano participé en proyectos vinculados a derechos humanos. Trabajé con sobrevivientes de la dictadura, colaboré con organizaciones históricas como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y participé en iniciativas relacionadas con desaparición forzada de personas. Siempre sentí que la investigación debía servir para transformar algo. Entiendo que existen otras formas de concebir el conocimiento, pero para mí la producción académica tiene que contribuir al cambio social.
También creo que nadie investiga desde una neutralidad absoluta. Todos estamos atravesados por nuestras historias, nuestras experiencias y nuestras preguntas. Eso no significa abandonar el rigor metodológico, sino reconocer que incluso la elección de los temas que investigamos dice algo sobre nosotros. Por eso sigo creyendo que vale la pena intentar construir el mundo que queremos ver. Puede sonar idealista, pero me parece una aspiración necesaria.
¿Qué significó para ti recibir el Premio Voltaire en el contexto actual, marcado por cuestionamientos a los derechos humanos y a las políticas de memoria?
Fue un poco una esperanza. Todavía existen espacios que reivindican valores básicos que todos tendríamos que compartir, como la libertad de expresión, la posibilidad de tener diferencias y respetarnos pese a perspectivas distintas. Hay una base común que son los derechos humanos, los estándares democráticos, la participación y el respeto por los otros.
Que exista un premio que reconozca la defensa de la diversidad y de las diferencias es una forma de decir que no todo está perdido. Cuando hablamos de polarización, el problema no es la diferencia en sí, sino cuando esa diferencia se vuelve agresiva y supone la negación del otro. El Premio Voltaire también reconoce investigaciones que recuperan miradas históricamente marginadas. Yo he trabajado mucho con víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, tratando de darles un espacio en la discusión pública y académica. Además, como mujer migrante en Alemania, en un contexto europeo donde han crecido los discursos antimigración, sentí el premio también como una forma de apoyo.
Como investigadora argentina especializada en memoria y justicia transicional, ¿cómo observas lo que está ocurriendo en Argentina desde la llegada de Javier Milei al gobierno?
Con mucha preocupación. Desde que asumió el gobierno se han desmantelado numerosos avances en materia de derechos humanos y políticas de memoria. Se han desfinanciado iniciativas que fueron el resultado de años de trabajo y movilización de organizaciones de derechos humanos, sectores culturales y movimientos feministas.
Lograr que las políticas de memoria se convirtieran en políticas de Estado fue un avance enorme. Ver cómo hoy muchas de ellas son desmanteladas, silenciadas o censuradas representa un retroceso democrático. También preocupan los discursos de odio promovidos desde espacios de poder. No hablo solo de usuarios en redes sociales, sino de funcionarios públicos que utilizan su posición para denigrar o humillar a quienes piensan distinto. Estas tendencias no son nuevas en Argentina ni en América Latina, pero resulta especialmente preocupante cuando pasan a formar parte de las políticas gubernamentales.
¿Qué papel juega la vicepresidenta Victoria Villarruel en este escenario?
Es una figura central. Ha defendido públicamente a militares acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Que una persona con esas posiciones llegue al poder y pretenda modificar las políticas de memoria tiene consecuencias muy serias.
Lo que vemos es un intento de quitarles voz a sobrevivientes, víctimas y familiares, acompañado de campañas de desprestigio. Hay un profundo desprecio hacia quienes sostienen memorias alternativas a las que busca imponer el gobierno. Me preocupa el desmantelamiento de derechos que son obligaciones del Estado. Haber ganado una elección democrática no habilita a cualquier cosa. Existen límites legales e institucionales que deberían respetarse.
Como bien dijiste, es necesario preguntarse qué falló para que los discursos autoritarios llegaran al poder. Pero es una pregunta difícil de responder, ¿no?
Creo que es una pregunta indispensable. Con tantas políticas de memoria y tantos avances en derechos humanos, evidentemente hubo aspectos que no lograron interpelar a sectores importantes de la sociedad. Hay que preguntarse qué no se consiguió desde el retorno democrático hasta hoy para que una parte de la ciudadanía termine votando por discursos que reivindican el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. También hay que analizar qué intereses actuales están detrás de determinadas interpretaciones del pasado.
Las políticas sobre el pasado siempre son construidas por actores del presente con proyectos hacia el futuro. Por eso algunas narrativas históricas resultan funcionales a determinadas agendas políticas actuales.
En tu libro utilizas el concepto de “terrorismo de Estado”. En los tiempos de polarización en los que vivimos es un término que genera mucha controversia
En Argentina es un concepto ampliamente utilizado. Tiene que ver con prácticas represivas sistemáticas que no se limitaron exclusivamente al período formal de la dictadura, porque la violencia estatal ya venía desarrollándose antes del golpe de 1976. La idea del terrorismo de Estado remite al uso del terror como mecanismo de dominación social. La desaparición forzada fue central en esa estrategia. Personas que eran secuestradas en sus casas, en sus lugares de trabajo o en la vía pública y de las que luego no se sabía nada durante meses o años. Ese desconocimiento generaba terror colectivo. La sensación de que podía pasarle a cualquiera producía miedo, paralizaba y debilitaba los lazos sociales. Por eso hablamos de terrorismo de Estado.
La palabra terrorismo se usa ahora de forma indiscriminada ¿Qué opinas del uso político del término “terrorismo” en distintos países de la región?
Es un concepto muy complejo porque ni siquiera existe una definición universalmente aceptada en el ámbito internacional. Su ambigüedad permite que sea utilizado con distintos fines políticos. Muchas veces los gobiernos prefieren hablar de terrorismo en lugar de conflicto armado interno porque eso les permite justificar medidas extraordinarias y reducir los controles sobre las acciones estatales.
Cuando se reconoce la existencia de un conflicto armado, entran en juego las normas del derecho internacional humanitario y también las responsabilidades de las fuerzas del Estado. Por eso muchos gobiernos prefieren evitar esa denominación.
Durante tu visita al Perú coincidiste con un momento político particularmente sensible en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Cómo observaste el escenario peruano?
Con preocupación. Lo veo en sintonía con procesos que están ocurriendo en otros países de la región. Sin embargo, también es importante analizar las particularidades del caso peruano. Escuché muchas preocupaciones relacionadas con cambios legislativos que afectan la búsqueda de justicia, la labor de organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos de control democrático. Me parecen tendencias preocupantes porque una democracia necesita contrapesos, mecanismos de vigilancia y espacios para la denuncia ciudadana.
También percibí mucha incertidumbre. Cuando las personas sienten que incluso los derechos más básicos pueden ser cuestionados, eso genera miedo y parálisis. Sin embargo, también creo que es importante reconocer la capacidad de resistencia que existe. Hay personas que siguen movilizándose, investigando, creando proyectos culturales y defendiendo derechos incluso en contextos muy adversos.
Quienes trabajan hoy en derechos humanos se plantan ante un escenario muy complejo. ¿Cómo priorizar agendas?
Creo que uno de los grandes desafíos es reconocer que para muchas personas los derechos humanos nunca llegaron a materializarse en su vida cotidiana. Hay sectores que siguen sin acceso a salud, alimentación, empleo o condiciones básicas de vida. Para ellos, el discurso de los derechos humanos puede parecer algo abstracto, lejano o meramente nominal. Por eso también debemos preguntarnos cuáles han sido las deudas de nuestras democracias. Las profundas desigualdades sociales siguen siendo uno de los principales problemas de América Latina. Al mismo tiempo, creo que necesitamos fortalecer prácticas de solidaridad colectiva frente a discursos cada vez más individualistas y fragmentadores. Pero también hacen falta propuestas políticas concretas que respondan a las necesidades reales de la población.
(*) Encargada del Área de Prensa del IDEHPUCP
