“Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”. Esta declaración del ministro de Economía, Elmer Cuba, ha resultado escalofriante. En primer lugar, naturalmente, porque inquieta que la economía de la nación esté en manos de un técnico que no sabe que cuando el agua llega a las rodillas eso significa que la población afectada ya ha perdido una enorme cantidad de bienes materiales que le costará mucho recuperar: enseres, muebles, vestimentas, alimentos, a lo que hay que añadir que la inundación a la que se refería incluía aguas del desagüe. En segundo lugar, como es obvio, porque la declaración revela un alto grado de insensibilidad frente a las difíciles condiciones y a la crónica zozobra que rodean la vida de la mayoría de la población.
No es difícil percibir las relaciones entre este penoso incidente y la necesaria práctica de la memoria en el Perú, una práctica que desde hace unos años se encuentra bajo el ataque de diversos sectores políticos y que hoy aparece como el objetivo por destruir para diversos ministros de Estado. La actual “disputa” sobre el Lugar de la Memoria entre un ministro de Cultura que quiere conservarlo en su sector, pero adulterando la historia que ahí se cuenta, y un ministro de Justicia que piensa que debe estar en poder de la fuerza armada o de su propio sector para que sea un arma para la “lucha contra el terrorismo,” ilustra de la manera más chocante la nula comprensión del gobierno sobre la importancia de la memoria.
En estas semanas se desarrolla en nuestra Universidad una serie de jornadas sobre el tema con el título de Memoria para la Justicia. Durante estas se reafirmará el papel de la memoria no solamente para el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas de graves crímenes durante el conflicto armado interno, sino también para una comprensión del país que haga posible recuperar el camino (hoy perdido) de la democracia.
La memoria de la que hablamos, en efecto, se relaciona de manera directa con las violaciones cometidas, los sufrimientos producidos, las vidas perdidas y las responsabilidades de los perpetradores, empezando por Sendero Luminoso y el MRTA, e incluyendo a los agentes de la fuerza armadas y la policía nacional, y a los miembros de los comités de autodefensa apoyados por el Estado. Esa memoria reivindica a las víctimas y da fundamento a sus derechos y a las obligaciones del Estado, pero también nos habla de las responsabilidades en las que incurrieron los actores armados y los dirigentes y organizaciones políticas que tuvieron puestos de autoridad o de representación en esa época.
Pero la memoria se extiende más allá de los hechos específicos para hablarnos de las condiciones que, si no la produjeron directamente, sí fueron el contexto que hizo posible la violencia. Y ese contexto está signado por la exclusión, el abandono y la precariedad, si hablamos únicamente de la realidad material, pero también por el racismo, la indiferencia y, por qué no decirlo, el crónico desprecio de quienes gobiernan el país hacia los ciudadanos y las ciudadanas indígenas, pobres o vulnerables por alguna otra razón. Es imperativo recordar todo aquello y es necesario señalar que esa memoria debió haber generado un aprendizaje democrático y humanitario a lo largo de las décadas transcurridas desde el fin de la violencia armada. Las expresiones y actitudes de quienes hoy gobiernan o legislan dan evidencia, una vez más, de la renuencia a aprender y no hacen sino redoblar la importancia de defender y promover la memoria en el país. La supervivencia de la democracia también depende de ella.
