Por Kathy Subirana Abanto (*)
En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas determinó que el Estado peruano vulneró los derechos de una niña indígena que quedó embarazada tras ser violada por su padre y emitió una serie de medidas que el Perú debía acatar para reparar a la víctima y para evitar que más niñas sufran esa situación. Sin embargo, tres años después, las medidas de reparación y no repetición siguen pendientes, mientras miles de niñas continúan enfrentando violencia sexual, embarazos no deseados y barreras para acceder a servicios de salud.
Para entender el caso tenemos que regresar a 2017, cuando Camila —una niña indígena de 13 años que vivía en una zona rural de la sierra peruana— quedó embarazada tras haber sido víctima de violencia sexual por parte de su padre, quien la abusaba desde que ella tenía nueve años. Camila no quería continuar con el embarazo y su madre buscó que pudiera acceder a un aborto terapéutico, pero el sistema de salud no respondió de manera oportuna. A los pocos días, Camila sufrió un aborto espontáneo.
Sin embargo, tras perder el embarazo, la niña fue denunciada por el supuesto delito de autoaborto. Pasó de ser una sobreviviente de violencia sexual a ser tratada como una posible infractora. El proceso implicó nuevas diligencias, interrogatorios y actuaciones que la obligaron a volver sobre hechos profundamente traumáticos. Finalmente, la denuncia fue archivada, pero esto no impidió que el caso llegara hasta Naciones Unidas. En mayo de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó que el Estado peruano había vulnerado los derechos de Camila, entre ellos sus derechos a la vida, la salud, la integridad, la privacidad y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La decisión internacional no se limitó a reconocer lo ocurrido, sino que el Comité ordenó al Estado adoptar medidas de reparación como garantizar la atención en salud mental de Camila, reparar integralmente el daño sufrido, revisar la legislación sobre aborto en casos de embarazo infantil y asegurar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, pidió al Perú fortalecer la capacitación de profesionales de la salud, jueces y fiscales, garantizar información adecuada sobre salud sexual y reproductiva y adoptar medidas para impedir la revictimización de niñas víctimas de violencia sexual.
Tres años después, la pregunta es inevitable: ¿Algo ha cambiado? La respuesta nos muestra una realidad dolorosa. El Estado solo ha cumplido con la publicación y traducción al quechua del dictamen, mientras las principales medidas de reparación y no repetición siguen pendientes.
El caso de las niñas awajún y los pendientes del caso Camila
En 2023, el Comité de los Derechos del Niño determinó que el Perú vulneró los derechos de Camila y pidió medidas que fueran más allá de su caso individual, como garantizar una atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, modificar la regulación del aborto terapéutico considerando las necesidades específicas de niñas, capacitar a profesionales de salud, jueces y fiscales y evitar la revictimización.
Que el Estado peruano no haya cumplido con estas recomendaciones nos conecta directamente con los casos de violación sexual a menores denunciados durante varios años en la provincia amazónica de Condorcanqui. La Defensoría del Pueblo ha documentado allí graves dificultades para que las niñas indígenas víctimas de violencia sexual puedan acceder efectivamente a justicia y protección. Por tanto, cuando años después siguen existiendo barreras estructurales para que una niña awajún denuncie, sea protegida, atendida en su lengua y consiga una respuesta judicial, tenemos una evidencia de que la transformación institucional que pedía el Comité no está plenamente implementada.
El problema de las barreras geográficas y lingüísticas es especialmente relevante, pues el caso Camila también tenía una dimensión de discriminación: era una niña, indígena y de una zona rural. El Comité consideró esas condiciones al analizar la vulneración de sus derechos. En Condorcanqui, esas mismas dimensiones aparecen de manera particularmente cruda: las comunidades están alejadas de los servicios estatales y existen barreras lingüísticas que dificultan el acceso a la justicia. El propio Poder Judicial reconoce que se trata de un territorio marcado por las barreras lingüísticas y por años de insuficiente presencia estatal.
El caso Camila exigía que las instituciones dejaran de revictimizar a las niñas. En los casos de Condorcanqui, el problema adopta otra forma: una niña que denuncia violencia necesita atravesar un sistema de justicia que debe ser accesible, especializado, intercultural y capaz de protegerla. Que el Poder Judicial haya tenido que crear órganos especializados en Nieva, Río Santiago y El Cenepa precisamente para acercar la justicia a estas comunidades demuestra que esa brecha de acceso existe. Que en 2026 haya habido avances en Condorcanqui —por ejemplo, la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia en la provincia y medidas de protección para niñas víctimas— es positivo. Pero también demuestra que las instituciones todavía están tratando de construir las condiciones básicas que el caso Camila reveló que eran necesarias.
Pero no solo las niñas y adolescentes de Condorcanqui están expuestas a la violencia y a la impunidad. En el Perú, las condiciones que hicieron posible el caso de Camila no han desaparecido. Según UNFPA Perú, cada día alrededor de 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el país y tres se convierten en madres. En el caso de las menores de 14 años, además, estamos hablando de embarazos que, desde el punto de vista de la legislación peruana, se producen en el contexto de un delito: una niña menor de 14 años no puede consentir una relación sexual.
Esta tendencia se confirma con un reportaje de Wayka que muestra que, según el registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV) del Ministerio de Salud 1174 adolescentes menores de 14 años se convirtieron en madres en lo que va del 2026 y con información del MIMP que señala que entre enero y octubre de 2025 los Centros Emergencia Mujer atendieron 18,087 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
El problema no termina con el embarazo. La maternidad forzada puede afectar la salud física y mental, interrumpir las trayectorias educativas y limitar las posibilidades de construir un proyecto de vida. Por ello el movimiento regional Son #NiñasNoMadres ―del que forma parte PROMSEX―, trabaja para visibilizar las consecuencias de la violencia sexual y exigir que los Estados garanticen a las niñas la posibilidad de crecer, estudiar y decidir sobre su propia vida. El movimiento nació en 2016 y sumó el caso de Camila a su estrategia en 2020. En 2023 celebró la decisión del Comité de los Derechos del Niño, pero también recordó que las condenas internacionales deben traducirse en cambios concretos.
Sin embargo, con casi 1200 madres adolescentes en lo que va del año, estamos más cerca del problema que de la solución. ¿Tendrá el nuevo gobierno algo que decir al respecto?
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
