En pocos días, el 5 de este mes, la Defensoría del Pueblo cumplirá 30 años de creada. Nació en el año 1996, en pleno auge del autoritarismo fujimorista, y desde entonces fue un valioso recurso para la defensa de los derechos de la ciudadanía y para la prevención o, al menos, la contención de los abusos del poder. Sin tener poderes ejecutivos ni sancionadores ni legislativos propiamente dichos, se convirtió en una fuerza democratizante sobre la base del profesionalismo de sus funcionarios, la idoneidad y seriedad de sus informes, la oportunidad de sus intervenciones en situaciones críticas, y la autoridad moral que los sucesivos Defensores supieron ganar para la institución.
Hoy estamos lejos del legado sedimentado a lo largo de tres décadas de trabajo arduo, imparcial y comprometido con los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y es como si el actual Defensor del Pueblo nos hubiese querido recordar ese alejamiento mediante su reciente declaración sobre los beneficios que la actual Presidenta podría cosechar si diera un golpe de Estado y optara por disolver el Congreso de la República.
Una interpretación benévola de esa declaración —insólita de parte de un Defensor del Pueblo— sería decir que se trató de un simple dislate de alguien que no es consciente de la responsabilidad de su cargo y que se abandonó a una simple especulación política sin sopesar lo que significan esas palabras. Una interpretación menos concesiva podría ver en ella un globo de ensayo, una forma de tentar el terreno para una salida inconstitucional ahora que la organización que ha llegado al gobierno no tiene control sobre la Cámara de Diputados. No es un dato menor, en este contexto, que al momento de emitirse esas declaraciones era inminente la presentación del pedido de delegación de facultades legislativas, solicitud que la Cámara de Diputados está en la obligación de examinar detallada y críticamente dado el historial autoritario del grupo que gobierna.
Más allá de este perturbador incidente, que el Defensor no ha explicado con suficiencia, es innegable que la Defensoría del Pueblo ha dejado de cumplir la función de defensa de la democracia que tan claramente desempeñó desde su creación. Se podría citar diversos ejemplos de lo señalado. Baste recordar su silencio frente a las decenas de muertes producidas por el Estado durante las protestas de los años 2022 y 2023, su negligente actuación frente a la sucesiva aprobación de leyes que garantizan impunidad sobre violaciones de derechos humanos, y, más recientemente, su militancia en favor de leyes que debilitan la lucha contra el lavado de activos.
Como es sabido, la Defensoría del Pueblo fue una más de las instituciones custodias del Estado de Derecho que fueron intervenidas en diverso grado por una coalición antidemocrática durante el pasado periodo legislativo. Como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y, últimamente, el Ministerio Público, estas instituciones han sido desviadas de su mandato y su cometido fundamental y cada vez más actúan como soportes y validadoras institucionales de la agenda de dicha coalición.
Todo esto ha sido una enorme pérdida para el país, y es seguro que la democracia peruana no podrá ser restaurada si es que estas instituciones fundamentales no recuperan el sentido de sus misiones y de sus obligaciones constitucionales. Las fuerzas democráticas que hoy están en la Cámara de Diputados y en el Senado tienen la posibilidad y la obligación de intentar esa recuperación.
