La violencia contra las mujeres no es un asunto que solo flote en el ciberespacio. El hostigamiento, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, las amenazas, la exposición de datos personales, la creación de contenido sexual mediante inteligencia artificial y otras formas de agresión que circulan en internet forman parte de un problema más amplio: la persistencia de la violencia de género en espacios que hoy son indispensables para estudiar, trabajar, participar políticamente y ejercer la libertad de expresión.
Con el objetivo de discutir respuestas frente a esta problemática, el 14 de septiembre la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad PUCP realizó el simposio “Violencia Digital Basada en Género: construyendo respuestas desde las políticas públicas, la tecnología y la educación superior”. El encuentro reunió a especialistas del sistema interamericano, la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
El programa abordó el problema desde tres dimensiones: las políticas públicas y la Ley Modelo Interamericana; la responsabilidad de las plataformas digitales; y los desafíos particulares que enfrenta la educación superior para prevenir y atender estas formas de violencia.
Una respuesta que no puede limitarse a crear nuevas leyes
El primer bloque estuvo encabezado por Mónica Maureira, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), quien puso énfasis en uno de los principales aportes de la Ley Modelo Interamericana: la violencia digital basada en género no puede enfrentarse únicamente mediante la aprobación de una norma, sino que necesita instituciones capaces de actuar coordinadamente.
Para Maureira, la respuesta requiere protocolos, formación, mecanismos de protección y una institucionalidad en la que las responsabilidades estén claramente distribuidas. En el caso de las universidades, sostuvo, ello también supone incorporar la problemática en los procesos formativos y desarrollar capacidades para responder cuando la violencia ocurre dentro de las comunidades educativas.
Esta articulación es especialmente importante para evitar que la fragmentación institucional termine trasladando a la propia víctima la tarea de recorrer diferentes instancias en busca de ayuda. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de establecer vínculos con las plataformas digitales para conseguir respuestas rápidas frente a contenidos violentos, sin descuidar la preservación de evidencia necesaria para una eventual investigación.
La especialista destacó también el rol que puede asumir la academia. No basta, señaló, con producir estadísticas: las universidades pueden generar conocimiento crítico acerca de las nuevas manifestaciones de violencia y discriminación vinculadas con las plataformas y la inteligencia artificial. Además, llamó la atención sobre la necesidad de considerar que la violencia digital no afecta únicamente a estudiantes, sino también a académicas, gestoras universitarias y mujeres con voz pública.
Julissa Mantilla Falcón, docente PUCP y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó, por su parte, que la violencia digital debe entenderse como una manifestación de un contexto más amplio de violencia y discriminación contra las mujeres. Por ello, destacó la importancia de la debida diligencia reforzada que corresponde a los Estados cuando mujeres y niñas son víctimas de estas agresiones.
Mantilla advirtió, además, que la violencia digital puede convertirse en una amenaza para la democracia cuando busca expulsar a las mujeres del debate y de los espacios de participación. Los ataques, amenazas y campañas de hostigamiento no afectan solamente a quien los recibe: cuando consiguen silenciar a periodistas, políticas, activistas y defensoras, también restringen el derecho de la sociedad a escuchar esas voces. De allí que abordar este problema no deba entenderse como una oposición entre protección frente a la violencia y libertad de expresión, sino como una discusión sobre las condiciones necesarias para que esa libertad pueda ser ejercida efectivamente por todas las personas.
Desde Hiperderecho, Fiorella Ferrari Lavalle trasladó la discusión al contexto peruano y destacó tres asuntos pendientes: la falta de información representativa sobre la magnitud de la violencia de género en plataformas digitales, la corresponsabilidad de las empresas tecnológicas y las dificultades para preservar adecuadamente la evidencia digital dentro del sistema de justicia.
Ferrari explicó que las organizaciones de la sociedad civil terminan cumpliendo muchas veces un papel de intermediación con las plataformas frente a contenidos que han sido reportados, pero que no son eliminados o cuyo alcance no es restringido. También señaló las dificultades que enfrentan víctimas y acompañantes cuando los operadores de justicia carecen de tecnología y protocolos adecuados para recibir y proteger evidencia digital sensible.
Las plataformas también tienen responsabilidades
La segunda parte del encuentro estuvo dedicada precisamente a estos actores. Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del MESECVI, explicó que el acelerado traslado de actividades educativas, laborales y sociales hacia internet, especialmente durante la pandemia, permitió advertir con mayor claridad la magnitud de un problema que ya no podía ser entendido únicamente como una agresión individual entre una persona agresora y una víctima.
Las propias características de las plataformas —entre ellas, su capacidad para amplificar contenidos— obligan a analizar las responsabilidades de las empresas que administran esos espacios. Mejía advirtió que la viralización de contenidos que violentan a niñas, adolescentes y mujeres puede formar parte, además, de modelos que producen beneficios económicos a partir de la circulación y visualización permanente de esos materiales.
Por ello, sostuvo que no resulta suficiente confiar exclusivamente en la autorregulación de las compañías. Una gobernanza adecuada del espacio digital requiere la participación de Estados, plataformas, organizaciones sociales, academia y otros actores, así como mecanismos accesibles para denunciar, evaluar riesgos, retirar contenidos cuando corresponda y conservar la información necesaria para investigar los hechos.
En la misma línea, María Pía Molero, coordinadora senior de ONU Mujeres Perú, recordó que la violencia digital no constituye una realidad separada de aquella que las mujeres enfrentan fuera de internet. “No es un mundo paralelo, es una misma realidad en diferentes espacios”, sostuvo. Entre los factores que hoy amplifican esas agresiones mencionó la denominada machósfera, la persistencia y transformación de patrones socioculturales discriminatorios y el avance de la inteligencia artificial generativa.
Molero insistió también en que las plataformas deben dejar de actuar únicamente después de recibida una denuncia y avanzar hacia mecanismos capaces de reconocer patrones de violencia. Esta responsabilidad, añadió, debe complementarse con normas, políticas públicas y herramientas estatales que permitan responder a la misma velocidad con la que evolucionan las agresiones digitales.
El programa del simposio incluyó, finalmente, un tercer bloque dedicado específicamente al ámbito universitario, con la participación de la investigadora Katherine Sarmiento, sobre violencia digital entre estudiantes universitarias, y de Janeyri Boyer, profesora de la Facultad de Derecho PUCP, sobre los desafíos disciplinarios que estos casos plantean para las instituciones de educación superior. La jornada contempló como cierre las palabras de Marcela Huaita, jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad PUCP e investigadora asociada del IDEHPUCP.
El diálogo dejó como conclusión transversal que el enfrentar la violencia digital basada en género exige mucho más que trasladar al espacio virtual las respuestas creadas para otras formas de violencia. Requiere comprender cómo funcionan las tecnologías, exigir responsabilidades a quienes administran las plataformas, fortalecer las capacidades institucionales, generar evidencia y, sobre todo, asegurar que mujeres y niñas puedan ejercer sus derechos también en internet sin que la violencia termine expulsándolas de los espacios que hoy forman parte inseparable de la vida pública, educativa y social.
