Por Kathy Subirana Abanto (*)
Cada 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, una fecha establecida por las Naciones Unidas para recordar que recibir una remuneración justa por un trabajo de igual valor constituye un derecho fundamental. Sin embargo, pese a la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, la desigualdad económica continúa siendo uno de los principales desafíos para alcanzar la igualdad de género.
En el marco de esta conmemoración, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recordó, el pasado 18 de septiembre de 2026, que las mujeres continúan ganando, a escala mundial, un 18% menos que los hombres. En su declaración titulada Igualdad salarial por un trabajo de igual valor, para todas las personas y en todas partes, el organismo subrayó la necesidad de fortalecer las leyes e instituciones encargadas de garantizar la igualdad remunerativa, promover la transparencia salarial y reconocer adecuadamente aquellos trabajos que han sido históricamente infravalorados por ser realizados mayoritariamente por mujeres.
Sin embargo, las proyecciones globales no son alentadoras. Según el informe The Gender Snapshot 2026, publicado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), al ritmo actual de progreso, el mundo necesitaría 171 años para alcanzar la plena igualdad de género. Esta estimación coincide con un escenario de debilitamiento institucional y reducción de recursos: entre 2023 y 2024, el financiamiento destinado a la igualdad de género disminuyó un 13%, mientras que los fondos dirigidos a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se redujeron un 28%. El documento también advierte que ninguno de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, referido a la igualdad de género, se encuentra encaminado a cumplir las metas previstas para 2030.
América Latina: una desigualdad que va más allá de los salarios
La situación latinoamericana refleja que las brechas salariales no pueden analizarse de manera aislada. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el año 2024 apenas el 51,8% de las mujeres participaba en el mercado laboral, frente al 74,9% de los hombres. Esta diferencia de más de 23 puntos constituye una de las primeras expresiones de la desigualdad económica de género, pues antes de preguntarse cuánto ganan las mujeres, es necesario considerar cuántas pueden acceder efectivamente a un trabajo remunerado.
El problema es incluso más complejo cuando se examinan las características de los empleos disponibles. En marzo de 2025, la OIT publicó el informe técnico Desigualdad salarial de género en América Latina: ¿cuál es la brecha relevante por cerrar?. El documento advierte que las mediciones tradicionales podrían estar subestimando la magnitud real de estas disparidades, debido a que no siempre consideran las diferencias existentes en las características de las personas que participan en el mercado laboral.
Según el estudio, al comparar los ingresos de hombres y mujeres mediante una metodología que considera factores como el nivel educativo, el tipo de empleo y la cantidad de horas trabajadas, la brecha salarial regional ponderada alcanzó el 19,8% en ingresos mensuales y el 17,3% en remuneraciones por hora durante 2023. En contraste, las mediciones convencionales, que no incorporan estos ajustes, arrojaban diferencias de apenas 11% y 1,4%, respectivamente.
Estos resultados permiten comprender por qué una brecha salarial aparentemente pequeña no necesariamente representa mejores condiciones de igualdad. Como explica la OIT, la menor participación femenina, su concentración en determinadas ocupaciones y las diferencias en las jornadas laborales pueden distorsionar las comparaciones. De hecho, el estudio identificó brechas salariales favorables a los hombres en todos los países analizados, incluso después de aplicar la metodología ponderada.
Sin embargo, las diferencias remunerativas constituyen solo una parte del problema. La desigualdad también se manifiesta en el acceso a los recursos económicos y en la posibilidad de generar ingresos propios. El ya citado informe de la CEPAL señala que, en 2023, el 23,6% de las mujeres latinoamericanas no contaba con ingresos propios, frente al 10,2% de los hombres. El informe también da cuenta de que las mujeres indígenas y afrodescendientes percibían ingresos laborales por hora inferiores en un 44% y 10%, respectivamente, en comparación con las mujeres de otros grupos, según los países considerados en la medición.
Otro elemento central para comprender estas diferencias es la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados. Las mujeres siguen asumiendo una proporción desmedida de las responsabilidades relacionadas con la crianza, la atención de personas dependientes y el sostenimiento cotidiano de los hogares. Esta carga condiciona sus posibilidades de acceder a empleos de tiempo completo, continuar su formación profesional, asumir puestos de responsabilidad o mantener trayectorias laborales ininterrumpidas.
En ese sentido, la CEPAL y la OIT, en su publicación conjunta Tiempos para cuidar en América Latina y el Caribe: hacia la corresponsabilidad social y de género, publicado el año 2025, advierten sobre la necesidad de fortalecer las licencias parentales, ampliar las políticas de cuidado y promover una distribución más equitativa de estas responsabilidades. Ambos organismos plantean que el desafío consiste en reconocer que los cuidados no son una obligación exclusivamente femenina, sino una necesidad social cuya atención debe involucrar a las familias, el Estado, el sector privado y las comunidades.
Perú: las mujeres perciben, en promedio, más de 500 soles menos que los hombres
Las desigualdades regionales se manifiestan en el ámbito nacional. En su pronunciamiento a propósito del Día de la Igualdad Salarial la Defensoría del Pueblo advirtió que la brecha de ingresos persiste pese a los avances normativos registrados en el país y que las diferencias se presentan de manera transversal en todos los grupos de edad, con ingresos promedio masculinos sistemáticamente superiores a los femeninos.
La preocupación de la Defensoría se basa en un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondiente al periodo abril de 2025-marzo de 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de las mujeres alcanzó los S/ 1 628, mientras que el de los hombres se ubicó en S/ 2 144. Esto representa una diferencia de S/ 516,5 mensuales. Es decir, las mujeres percibieron aproximadamente un 24,1% menos que sus pares masculinos.
Hay otros factores que contribuyen a explicar esta situación, como señala el informe Perú: Brechas de Género, 2025. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, elaborado por el INEI, el 40,4% de las trabajadoras genera su propio empleo, mientras que el 13,1% se desempeña como trabajadora familiar no remunerada. Estas modalidades de inserción pueden traducirse en ingresos reducidos, inestabilidad económica o, directamente, ausencia de una remuneración propia.
¿Por qué hay desigualdad cuando hay una legislación vigente?
En el Perú, la igualdad remunerativa cuenta con un marco normativo específico. La Ley N.º 30709, promulgada en 2017, prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 002-2018-TR, establece que las diferencias salariales basadas en el sexo, sin criterios objetivos que las justifiquen, constituyen discriminación, ya sea directa o indirecta.
Entre las obligaciones de los empleadores se encuentran la elaboración de cuadros de categorías y funciones, la implementación de políticas salariales sustentadas en criterios objetivos y la comunicación de estas disposiciones a sus trabajadores. No obstante, los mecanismos de fiscalización evidencian que su cumplimiento continúa siendo un desafío. Según data de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), durante el año anterior se recibieron 350 denuncias relacionadas con incumplimientos en materia de igualdad salarial por parte de empresas privadas. Durante ese mismo periodo, la entidad orientó a 10 945 trabajadores y remitió 18 226 cartas inductivas a empresas para recordarles sus obligaciones en materia de igualdad remunerativa.
Las diferencias tampoco desaparecen en el empleo público. Según el informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), La mujer en el servicio civil peruano 2026, destacó que las brechas presentan comportamientos distintos según el nivel de gobierno. Mientras que en el Gobierno Nacional los indicadores favorecieron a las servidoras públicas, en los gobiernos locales los hombres registraron ingresos superiores durante los tres años analizados, con una brecha desfavorable para las mujeres del 9% en 2025.
La persistencia de estas diferencias demuestra que garantizar la igualdad salarial requiere acciones que trasciendan la prohibición expresa de la discriminación, revisar los mecanismos de contratación y promoción profesional, fortalecer la fiscalización, transparentar los criterios remunerativos y desarrollar políticas públicas que permitan distribuir equitativamente las responsabilidades de cuidado.
Precisamente, el Convenio N.º 100 de la OIT, ratificado por el Perú, establece el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Esta formulación resulta especialmente importante porque reconoce que la igualdad no debe limitarse a quienes desempeñan puestos idénticos, sino extenderse a ocupaciones distintas cuya contribución, responsabilidades, competencias y exigencias sean equivalentes.
En su declaración por el Día Internacional de la Igualdad Salarial de 2026, la OIT hizo un llamado a los gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores a fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las estructuras salariales justas, prestando particular atención a aquellos trabajos históricamente infravalorados.
En América Latina y, particularmente, en el Perú, avanzar hacia ese objetivo supone reconocer que las desigualdades económicas no comienzan ni terminan con el pago de una remuneración. Están relacionadas con las oportunidades de acceso al trabajo, la distribución del tiempo, las condiciones de contratación y el reconocimiento social de las actividades que sostienen la vida cotidiana. En ese marco, el Día Internacional de la Igualdad Salarial constituye también una oportunidad para recordar que la autonomía económica de las mujeres es una condición indispensable para el ejercicio pleno de nuestros derechos.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
