Por Gonzalo Palao Quiroz (*)
El 9 de octubre de 2026 el Comité Noruego hace pública su decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, jurista sudafricana y exintegrante de la Corte Penal Internacional (CPI). Los jueces, señala el comunicado, deben proteger la delgada línea entre el orden y el caos, entre la paz y la violencia, entre el imperio del derecho y el imperio de la fuerza. Hoy -añade- cuando esos mismos jueces se encuentran bajo el asedio del poder político, es necesario que hagan suyo el coraje de Navi Pillay. Leyendo en el comunicado un desafío, Washington anuncia, horas más tarde, un nuevo paquete de sanciones contra la CPI.
Tras un plazo de seis meses, los activos de la CPI bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados y las empresas y personas de ese país deberán romper todo vínculo con la Corte. “Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”, afirma el secretario de Estado, Marco Rubio. Resolutivo, imperturbable, sentencia: “O la Corte acaba con sus amenazas o nosotros acabaremos con la Corte”.
En febrero de 2025, una orden ejecutiva había impuesto sanciones a los funcionarios de la CPI que investigaran a ciudadanos estadounidenses e israelíes. Las medidas incluyeron el congelamiento de activos, la exclusión del sistema financiero y restricciones para contratar con empresas estadounidenses. Esto fue solo la punta del iceberg. Para inicios de 2026 la sanción alcanzaba al menos a once funcionarios. En agosto le tocó el turno a la presidenta de la Corte y a los fiscales que solicitaron la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. Diecisiete jueces y funcionarios fueron sancionados antes de que se castigara a la Independencia judicial: la historia juzgará este momento
El 9 de octubre de 2026 el Comité Noruego hace pública su decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, jurista sudafricana y exintegrante de la Corte Penal Internacional (CPI). Los jueces, señala el comunicado, deben proteger la delgada línea entre el orden y el caos, entre la paz y la violencia, entre el imperio del derecho y el imperio de la fuerza. Hoy -añade- cuando esos mismos jueces se encuentran bajo el asedio del poder político, es necesario que hagan suyo el coraje de Navi Pillay. Leyendo en el comunicado un desafío, Washington anuncia, horas más tarde, un nuevo paquete de sanciones contra la CPI.
Tras un plazo de seis meses, los activos de la CPI bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados y las empresas y personas de ese país deberán romper todo vínculo con la Corte. “Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”, afirma el secretario de Estado, Marco Rubio. Resolutivo, imperturbable, sentencia: “O la Corte acaba con sus amenazas o nosotros acabaremos con la Corte”.
En febrero de 2025, una orden ejecutiva había impuesto sanciones a los funcionarios de la CPI que investigaran a ciudadanos estadounidenses e israelíes. Las medidas incluyeron el congelamiento de activos, la exclusión del sistema financiero y restricciones para contratar con empresas estadounidenses. Esto fue solo la punta del iceberg. Para inicios de 2026 la sanción alcanzaba al menos a once funcionarios. En agosto le tocó el turno a la presidenta de la Corte y a los fiscales que solicitaron la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. Diecisiete jueces y funcionarios fueron sancionados antes de que se castigara a la indócil institución.
La CPI no se arredró y resiste, malherida, estos esfuerzos dirigidos a obstruir la justicia e intimidar a quienes la administran. “Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. (…) La historia juzgará este momento”, advierte la Corte. Margaret Satterthwaite, relatora ONU sobre la independencia de jueces y abogados, alerta que las sanciones buscan poner de rodillas a la CPI y frustrar la promesa de que nadie esté por encima de la ley.
Estos hechos no deben ser vistos con el alivio de la distancia. El 28 de septiembre, bajo el paraguas del Escudo de las Américas, el Departamento de Estado norteamericano revocó la visa del juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima y la de su familia. ¿El motivo? Una resolución judicial. El embajador Bernie Navarro justificó la medida invocando las “reglas claras, instituciones firmes y una democracia respetada” que reclaman los inversionistas. Hay algo paradójico en pedir instituciones firmes mientras se castiga a un juez por el sentido de su decisión.
Discútase, si se quiere, el fondo de esa resolución. Lo que no admite discusión es que un Estado extranjero la revise, la desapruebe y sancione al juez y a su familia, con la anuencia de nuestras propias autoridades. Más aún, cuando el proceso sigue en curso. Una cosa es sancionar a un magistrado con evidencias, ciñéndose al procedimiento de ley; otra muy distinta, es que un Estado extranjero lo castigue porque el contenido de un fallo contraviene sus intereses. Mañana otro juez en otra causa tendrá que atender las intrigas geopolíticas que ocurren aguas arriba antes de resolver, para evitar verse arrastrado en su vorágine.
Entre nosotros, de modo similar, se viene promoviendo el linchamiento público de jueces por el sentido de sus resoluciones. Se los denuncia ante la Junta Nacional de Justicia exigiendo su destitución por ejercer legítimamente el control difuso y el control de convencionalidad. Se publican columnas incendiarias sugiriendo, desde el más irrespirable absurdo, que los jueces que no se sometan serán denunciados, procesados y hasta detenidos “en flagrancia” en la propia sala.
Nadie niega que la CPI y nuestros jueces pueden equivocarse. Pero la forma de lidiar con el error judicial es por medio del derecho, con los mecanismos de revisión o los procedimientos que provee el ordenamiento, no con exclusión, aislamiento o amenazas de detención. Estas presiones socavan seriamente la independencia judicial, ese principio que garantiza que los jueces decidan conforme a derecho y sin interferencias externas, y que actúa a la vez como condición esencial del sistema democrático.
Defender la independencia judicial no es solo defender a los jueces; es, sobre todo, defender a los ciudadanos frente al abuso y la arbitrariedad. Esa independencia permite precisamente que, desde un modesto despacho, un juez pueda decirle no al más fuerte, hacer valer los derechos del más débil y controlar el uso del poder sin temor a represalias. La CPI ha dicho que la historia juzgará este momento. Tal vez sea más exacto decir que este momento nos juzga a nosotros. Nos interpela como ciudadanos sobre la justicia que queremos, una de jueces independientes o de jueces sometidos. No bastará con preferir la primera si en la hora señalada toleramos la segunda.
(*) Abogado constitucionalista
