En diciembre de 2018 la ciudadanía fue consultada sobre si estaba de acuerdo con la instauración de un Congreso bicameral. La propuesta fue rechazada con el 90 por ciento de los votos válidos. En marzo de 2024 el Congreso dominado por una coalición liderada por el fujimorismo simplemente desechó la voluntad popular e impuso la bicameralidad.
El nuevo Senado fue diseñado con una hipertrofia de poderes, pero entre ellos no estaba el de modificar sin límites las propuestas legislativas que llegaran desde la Cámara de Diputados. Pero ayer, ignorando las reglas que ellos mismos impusieron, el fujimorismo y sus aliados aprobaron en la comisión de Constitución una grosera distorsión de lo aprobado en la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo: aumentaron de 20 a 27 los temas autorizados. Para llegar a ese punto no repararon en incurrir en varias transgresiones más del reglamento del Senado y de las maneras democráticas elementales.
En suma, este episodio registrado a menos de tres meses de iniciada la legislatura indica cuál será la pauta de comportamiento del gobierno y de su representación en el Congreso: imposición a rajatabla de los intereses propios sin ninguna consideración a las leyes, los reglamentos, los compromisos ni las reglas básicas de convivencia democrática. Ni siquiera se puede decir, como en otros casos, que se trate de una autoritaria imposición de la ventaja numérica, pues lo que hemos visto en estos días es que el fujimorismo sí pierde votaciones, pero que, cuando eso ocurre, simplemente ignora el resultado y lo sustituye por lo que se acomode a su voluntad. Entonces, estamos en realidad ante un poder de facto.
Lo señalado hasta aquí está lejos de ser una sorpresa. Es, más bien, una constatación de lo que cabía esperar del nuevo gobierno y su mayoría parlamentaria. Si el contenido de las propuestas legislativas para las que han pedido facultades tiene un sesgo autoritario (además de poco pertinentes para los problemas concretos), las tácticas para conseguir la autorización han sido un eco de las artimañas de los años 1990. Un voto desertor de la oposición sirvió para que el fujimorismo controlara el Senado en julio pasado; la comparecencia de un senador del Movimiento Obras le sirvió ayer al fujimorismo para formar quórum en la Comisión de Constitución y proceder con su irregular maniobra.
La figura resultante es la de un poder que no piensa detenerse ante normas constitucionales, leyes ni reglamentos, ni tampoco ante el control del Poder Judicial. En estos mismos momentos continúa la campaña de persecución y represalia contra fiscales y jueces que, en el ejercicio de sus atribuciones y de su deber, han contrariado la voluntad de quienes controlan actualmente el poder político. Hoy en día en el Perú se investiga y sanciona a jueces por el contenido de sus sentencias.
En estas circunstancias las fuerzas democráticas del país necesitan reforzar y renovar sus medios para defender lo que queda del Estado de Derecho o para restaurarlo. Esto empieza por la oposición política presente en el Parlamento, que tiene la responsabilidad de forjar acuerdos más sólidos y exponer públicamente sus compromisos. Pero se necesita también el trabajo de una prensa independiente que desvele y contrarreste la campaña de encubrimiento, desinformación y adulación al poder de los medios de comunicación más influyentes masivamente. Sin esos dos actores, será insuficiente lo que las demás organizaciones de la sociedad civil, también sometidas a acoso por el poder, puedan hacer por recuperar la democracia en el país.
