Casi simultáneamente se han producido dos decisiones que evidencian la tensión que existe hoy en día entre la correcta administración de justicia y la tendencia a la impunidad que impuso el anterior Congreso y ha sido mantenida por el actual gobierno.
Por un lado, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos archivó las investigaciones sobre el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas en la década de 1990 por el gobierno de Alberto Fujimori. Para ello se ha aplicado la ley 32107 dada por el Congreso anterior, norma que consagra la impunidad al imponer la prescripción de crímenes de lesa humanidad.
Por el otro lado, la Corte Suprema confirmó las sentencias en el caso de violación sexual de mujeres conocido como Caso Manta y Vilca declarando inaplicable la misma ley. Esta había sido invocada por la defensa de los perpetradores para lograr su impunidad.
Aparte de los instrumentos normativos internacionales de los que el Estado peruano es parte, existe en el Perú amplia jurisprudencia que sustenta de manera inequívoca la aplicabilidad del tipo de crímenes de lesa humanidad a los delitos cometidos en la década de 1990. Existe, también, una categórica demostración, proveniente de altas instancias internacionales y de acreditadas organizaciones de la sociedad civil extranjeras y nacionales, que demuestran la carencia de todo sustento de las leyes de impunidad dadas por el Congreso. No obstante, y a pesar de que hay un valeroso reducto de jueces y fiscales que, cumpliendo su deber y ejerciendo sus legítimas facultades, hacen control difuso de la constitucionalidad y deciden la inaplicación de tales normas, todavía hay sectores que pretenden obligar a su aplicación.
Esto guarda una directa relación con la actual tendencia a la persecución de jueces y fiscales orquestada por una coalición de actores que desde hace años vienen demoliendo las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Para ello, como se sabe, y valiéndose de su control del Congreso pasado, han capturado a instituciones clave como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, o han enquistado a sus operadores en ellas. Desde allí ejercen diversas formas de presión y represalias contra magistrados que ejercen el control difuso de la constitucionalidad y/o de la convencionalidad de las normas. Esas represalias abarcan desde investigaciones por motivos completamente arbitrarios hasta suspensiones e incluso expulsiones de la judicatura.
La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la situación en el Perú. Recientemente se ha referido a la campaña de hostigamiento y sanciones arbitrarias a jueces que inaplican la ley de impunidad advirtiendo que se trata de una afectación a la independencia de la administración de justicia.
Es importante que la comunidad internacional acompañe a la sociedad civil peruana en este estado de alerta y en sus denuncias. Por hoy no hay señales de que la coalición autoritaria, que ahora ha tomado directamente el poder, esté dispuesta a retroceder ni a relajar su presión sobre las instituciones democráticas del país. Las normas que se emitirán próximamente bajo el amparo de las facultades legislativas cedidas por el Congreso serán un desafío más para el Estado de Derecho.
