Escribe: Rodrigo Rivera (*)
En 2019, Chile vivió un “estallido social”, con las masivas movilizaciones que se convocaron a raíz del alza del 3.75% de los precios en el transporte público, pero que terminaron incluyendo también demandas de reformas en materia de pensiones, educación, salud y territorio. En respuesta a estas protestas, el gobierno chileno desplegó a las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones. En ese contexto, se denunciaron numerosas violaciones a los derechos humanos, que incluían detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, actos de violencia sexual, lesiones oculares, asesinatos, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco entre el 25 al 31 de enero de 2020 con el propósito de conocer las causas subyacentes y consecuencias de las protestas sociales de 2019. Este mecanismo de observancia de derechos humanos, previsto en el artículo 39 de su Reglamento, implica que uno o más de sus miembros se trasladen a un país específico para monitorear la situación de derechos humanos y recabar información de primera mano. Sus hallazgos se recogen en un informe sobre el país, que en este caso fue presentado el 25 de enero de este año. A continuación, explicamos cuatro puntos clave que aborda el informe “Situación de Derechos Humanos en Chile”:
- Tras haber escuchado a sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura, así como organizaciones de derechos humanos que se manifestaron en el marco de las protestas, la CIDH identificó que uno de los principales desafíos de la institucionalidad democrática, está relacionado a la grave situación de impunidad y falta de acceso a la justicia respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura. En efecto, hasta la fecha del informe, continuaban abiertas un total de 1,471 causas, y , entre 1995 y junio de 2020, solo se habrían dictado 476 sentencias finales por violaciones a los derechos humanos. En vista de ello, la CIDH instó al Estado a fortalecer las políticas públicas de memoria y a avanzar con las investigaciones necesarias, en tanto la perpetuación de la búsqueda de la justicia por las graves violaciones del pasado afecta no sólo a las víctimas y sus familiares, sino a toda la sociedad.
- Junto a ello, la CIDH identificó que el “estallido social” que tuvo lugar en 2019 respondía principalmente a numerosas demandas legítimas e históricas, enmarcadas en una expresión intergeneracional y multicultural, con estrecha vinculación a la falta de acceso equitativo y disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). De acuerdo a la información que recibió la Comisión, las barreras en el ejercicio de estos derechos se fundamentan en los cambios instaurados en el sistema económico (por ejemplo, a través de privatización de servicios públicos) amparados en la Constitución de 1980.
- Específicamente, estas demandas comprenden cinco temas generales: pobreza, salud, seguridad social, educación y medio ambiente. En cuanto a lo primero, la CIDH observó que, pese al crecimiento económico y la reducción progresiva de la pobreza en Chile, las cifras demuestran que el 50% de la población expuesta a situaciones de pobreza solo posee el 2,1% de la riqueza; mientras que el 10% más rico acumula el 66,5%. A su vez, el 1% más rico posee el 26,5% de la riqueza nacional. Por su parte, la CIDH tomó nota de las falencias del Sistema Privado de Pensiones, que incluyen el otorgmiento de pensiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un monto menor a $189,67, lo que representa menos de la mitad del salario mínimo.
- En cuanto al ejercicio del derecho a la educación, se identificó la persistencia de patrones de desigualdad estructural reflejados, en particular, con la implementación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que recompensa a aquellos estudiantes que provienen de escuelas privadas. En efecto, en el 2018, de aproximadamente 290 mil personas que rindieron el examen, 108 mil provendrían de escuelas públicas, de las cuales solo 32 mil habrían sido seleccionadas. Además, la CIDH precisó que, según las cifras oficiales, el 94% de los estudiantes de escuelas privadas provienen del quintil más rico de la sociedad. Respecto a las demandas históricas expuestas, la CIDH concluyó que, al no garantizar el ejercicio de la participación plena y efectiva, el Estado afianzaría y reproduciría los privilegios que acotados porcentajes de la población gozan.
«Pese a que el informe emitido por la CIDH ha sido publicado después de más de dos años ocurridos los hechos, tanto las causas que motivaron las protestas como las consecuencias de la represión violenta están lejos de ser atendidas en su plenitud».
- Respecto a la actuación del Estado ante las movilizaciones, la CIDH consideró que esta se caracterizó por la estigmatización y criminalización del ejercicio legítimo a la libertad de expresión, seguido de acciones de represión policial y un uso desproporcionado de la fuerza. En efecto, el informe documentó el uso innecesario de armamento potencial letal, incluyendo escopetas antidisturbios; perdigones o balas de goma; y el lanzamiento indiscriminado de agentes químicos, tales como el gas lacrimógeno, granadas de humo y cañones lanza-agua. En el marco de las protestas, 31 personas habrían perdido la vida; se habrían realizado 23,274 detenciones;13,046 personas habrían resultado heridas, siendo al menos 442 víctimas menores de 18 años; y se produjeron 27 casos de violencia contra personas LGBTI, referidos a actos de violaciones sexuales y desnudamientos. Al respecto, la CIDH enfatizó que los Estados deben implementar mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas y que ésta debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad.
- Finalmente, como parte de las acciones adoptadas por el Estado para atender las consecuencias del estallido, se reportó que la Subsecretaría de Derechos Humanos elaboró un catastro de programas estatales orientados a la atención de la salud mental, rehabilitación física y asistencia jurídica. Asimismo, se implementó el Programa Integral de Recuperación Ocular (PIRO) para la atención gratuita de víctimas de trauma ocular.
En cuanto a las sanciones a los agentes del Estado, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 09 de marzo de 2020, 173 funcionarios de Carabineros habían sido sancionados de forma disciplinaria y se había iniciado 732 investigaciones administrativas a nivel nacional. Por último, como parte de las medidas en materia social, destaca la llamada “Nueva Agenda Social”, una política que incluye un paquete de ayuda a las PYMES; el incremento de pensiones, así como el proceso de ratificación del Protocolo de San Salvador. La CIDH consideró que, si bien Chile y sus instituciones siguen cumpliendo un rol fundamental en cuanto a la garantía de protección de derechos humanos, persiste una necesidad imperiosa de que se realicen ampliamente investigaciones diligentes y dentro de plazos razonables.
Es indudable que las movilizaciones masivas de 2019 no correspondieron únicamente al alza de los pasajes. Por el contrario, fueron un reclamo de la población chilena ante las desigualdades estructurales y abusos cometidos desde el régimen dictatorial. Pese a que el informe emitido por la CIDH ha sido publicado después de más de dos años ocurridos los hechos, tanto las causas que motivaron las protestas como las consecuencias de la represión violenta están lejos de ser atendidas en su plenitud. Si bien existen algunos avances, como el inicio de las labores de la Convención Constituyente y la elección de un Presidente que ha anunciado una “agenda transformadora”, aún persisten cambios por realizar, como la reforma a la institución de los Carabineros, y el fortalecimiento de partidos políticos e instituciones públicas deslegitimadas.
(*) Integrante del área académica.
