En este octavo y último episodio del año de Amigos con Derechos tuvimos como invitadas a Andrea Carrasco, abogada y maestranda por la PUCP, y a Jackeline Velarde, comunicadora especialista en género y diversidad, quienes nos contaron un poco más sobre sus trabajos de investigación con las comunidades migrantes en marco del proyecto Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras.
Andrea Carrasco realizó la investigación titulada Características de la respuesta estatal frente al delito de trata de personas migrantes con fines de explotación laboral y sexual en las regiones de Piura, La Libertad y Lambayeque, en relación con los ámbitos de gobernanza, prevención, asistencia y protección, y persecución del delito. Esta investigación se enfoca en la percepción que tienen las personas, tanto víctimas como quienes trabajan con víctimas, respecto a la respuesta que tiene el Estado al problema de la trata de personas. Lo más resaltante que se encontró es la poca disponibilidad que tienen los actores estatales para responder sobre el tema mostrando la desidia que se tiene para abordar a profundidad la problemática que presenta el tema de la trata. Como prueba de ello, del total de entrevistas que se realizaron, solo el 20% o 25% fue a actores estatales. La falta de interés no solo se refleja en la participación en la investigación, es también por lo que viven las personas cuando van a denunciar ser víctimas de trata y pedir las garantías respectivas, comenta Carrasco.
Por otro lado, Jackeline Velarde lidera la investigación titulada Limitantes y barreras del acceso a las escuelas por parte de personas extranjeras. Este trabajo se centra en analizar los obstáculos y limitaciones que tienen niñas, niños y adolescentes migrantes para acceder y permanecer en las instituciones educativas de Piura, Lambayeque y La Libertad. Entre los hallazgos más relevantes podemos destacar que existen diversos factores que perjudican el acceso y la permanencia de los estudiantes; tales como las migraciones internas, la inestabilidad laboral de los padres, la necesidad de trabajar por falta de ingresos, entre otros.
Asimismo, encontramos muchos prejuicios y estereotipos hacia las comunidades migrantes y su derecho a ser educadas. Para el 2023, el MINEDU ha reportado que hasta el 31 de mayo se registró un total de 7 907 239 estudiantes matriculados en la Educación Básica Regular de los cuales 123 886 son de nacionalidad venezolana y representan solo el 1.6% de la población estudiantil total del país. Pese a lo señalado, se percibe como una idea errónea que los estudiantes migrantes le “roban” las vacantes a los estudiantes peruanos. Esto es claramente falso, comenta Velarde.
Ante la pregunta sobre los retos que han tenido que afrontar como investigadoras, Carrasco resalta que, en su caso, se ha realizado un trabajo que estudia la situación de víctimas que han sufrido una vulneración de sus derechos a través de un delito como es la trata de personas. Por su parte, Velarde indica que fue retador el enfrentarse a situaciones precarias de niños, niñas y adolescentes, y tener la responsabilidad de las expectativas de los actores con quienes tuvimos contacto. “La investigación académica sí tiene la capacidad de generar cambios a futuro y les decíamos a nuestros entrevistados que este trabajo se convertirá en un libro y que haremos todo lo posible para que llegue a las manos correctas para lograr esos cambios”, concluye Velarde.
Los y las invitamos a escuchar el desarrollo de estos y otros tópicos en la interesante entrevista realizada por nuestro conductor, el periodista Carlos Cornejo. No se lo pierdan.
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Sobre el Proyecto:
El proyecto cuenta con la participación de Unesco Perú, Ideele, WeWorldGlobal, ChildFund, Universidad del Azuay y el IDEHPUCP. Asimismo, tiene la supervisión técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) entre los años 2022 y 2024. Esta es una iniciativa posible gracias al financiamiento de la Unión Europea.
