Beatriz Ramírez: “Muchas mujeres al ir a las comisarías les señalaron que por la pandemia no atienden denuncias que no sean de delitos en flagrancia”

Por: Juan Takehara (*)

Si antes del COVID-19 la violencia doméstica ya era una de las formas de violación a los derechos humanos más frecuentes en el país, el confinamiento incrementa la tensión entre las mujeres y sus agresores. La pandemia generó durante semanas un ambiente de desprotección aumentando los casos de violencia y feminicidio en el país.

Para conocer cómo se desarrolló el sistema de justicia durante la cuarentena, conversamos con Beatriz Ramírez, abogada por la PUCP y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas.

La cuarentena por el estado de emergencia ha tenido como consecuencia que los servicios estatales frente a la violencia hayan estado funcionando en su mínima expresión. Eso significa que las mujeres que han requerido asistencia han tenido menos posibilidades de contar con apoyo público y con opciones de que sus casos sean atendidos debidamente por el sistema de justicia.

No ha funcionado correctamente. Un primer problema ha sido que en fiscalías y juzgados han atendido solamente los servicios de emergencia, es decir, por debajo de la capacidad que usualmente existía, que ya era insuficiente. El otro problema han sido las comisarías que a pesar de que formalmente han seguido atendiendo, en la práctica no lo han hecho. Son muchos los casos de mujeres que indican que al ir a las comisarías les ha señalado que por la pandemia no están atendiendo denuncias que no sean de delitos en flagrancia.

En las medidas de protección hay dos falencias. La primera falencia es la emisión de la medida de protección porque no se individualiza el riesgo de cada caso concreto y suelen dictarse medidas de carácter general que no son una respuesta precisa a lo que cada denunciante requiere. Para corregir eso se requiere afinar la valoración del riesgo que hacen la policía y los juzgados, atendiendo a una serie de criterios que ayuden a dar respuestas precisas para el caso; se trata de algo muy importante, pero, por ejemplo, durante la emergencia sanitaria se está prescindiendo de la realización de audiencias que debieran hacerse de forma virtual para permitir la interacción del juez o jueza con la persona denunciante y escuchar sus demandas y atender a su realidad. Una segunda falencia es la ejecución de las medidas de protección, lo que corre por cuenta de la Policía Nacional del Perú. Allí el problema tiene que ver con la falta de organización en las diferentes comisarías a nivel nacional para disponer que todo el personal pueda colaborar con el seguimiento y la atención de manera que el problema no sea delegado exclusivamente al personal de las secciones de familia de cada comisaría.

Deberíamos todas y todos tener en cuenta que la salida de las mujeres de su entorno no debería ser la primera medida, sino el último recurso. Eso supone que en un caso de violencia hay que preferir aquellas medidas que inciden en el agresor y que aseguran que no pueda tener contacto con la persona que lo denuncia. Solo si no es posible imponer medidas eficaces respecto al agresor es que se piensa en el retiro de las denunciantes y, como primera medida, se debe disponer su traslado donde alguien de su círculo cercano. Derivar a la denunciante a un refugio temporal no debiera ser la primera opción.

Reforzar la autonomía económica de las mujeres es una de las propuestas que siempre se han hecho como parte de las políticas de atención al problema de la violencia. Sin embargo, todavía no se ha consolidado una respuesta pública orgánica que permita a nivel nacional que haya una promoción de la autonomía económica de quienes denuncian. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hay algunos esfuerzos piloto en esta línea, pero, en mi opinión, hay que profundizar las alianzas con el Ministerio de la Producción, el de Turismo y Comercio Exterior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para promover la autonomía económica de las mujeres en los diversos sectores económicos.

Durante la cuarentena los mensajes del presidente Vizcarra se han enfocado en lo estrictamente sanitario y se ha descuidado algunos aspectos conexos. Uno de ellos es la respuesta estatal frente a los casos de violencia contra las mujeres y en los marcos familiares. Esto, en mi opinión, revela la necesidad de fortalecer la incidencia técnica y política del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para colocar esa agenda de forma transversal en todas las acciones del Estado.

(*) Integrante del área de Comunicaciones IDEHPUCP.