Por Iris Jave (*)
Mientras la sociedad civil chilena exponía ante la CIDH el deterioro de su institucionalidad sobre memoria, en el Perú se libraba una disputa que confirma cuán cerca está ese escenario. Detrás de la pelea sobre el lugar del LUM en el organigrama del Estado hay una pregunta más de fondo: de quién es la historia que ese espacio cuenta, y qué ocurre cuando esa historia resulta incómoda a quienes gobiernan. A mediados de agosto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, propuso en una entrevista que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) dejara de depender del Ministerio de Cultura para pasar a su cartera, o incluso a las fuerzas armadas, argumentando que el LUM es «vocero de un falso relato, el de la CVR», uno que buscaría «salvar a la izquierda de su compromiso y complicidad con el terrorismo» y «desprestigiar a las fuerzas armadas”. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Caminos de Memoria respondieron con una carta pública exigiendo la rectificación, recordando que la propia CVR estableció sin ambigüedad que Sendero Luminoso inició la violencia y fue su principal responsable. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, salió al cruce de su colega descartando que el LUM cambie de sector y afirmó que «los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura». Pero su defensa vino acompañada de un matiz inquietante al sostener que en el Estado peruano ha existido una «hegemonía» de la izquierda y una «manera única de pensar» cuyos «privilegios» —dijo— ya se acabaron, sin ofrecer ejemplos concretos.
Frente a esa disputa, el propio Salomón Lerner Febres, expresidente de la CVR, junto con el exdirector del LUM Manuel Burga, respondieron que nadie ha logrado demostrar, en una década de funcionamiento, que el LUM tenga un sesgo contra las fuerzas armadas ni a favor de los grupos subversivos. Han recordado que conservar y curar el patrimonio histórico de la nación es una función museográfica que corresponde al Ministerio de Cultura, no al de Justicia. Advierten, además, que el pedido de trasladar el LUM invoca el caso de Venezuela para cuestionar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando ese precedente demuestra justamente lo contrario: la salida venezolana de la jurisdicción de la Corte Interamericana en 2013 no trajo una justicia nacional más soberana, sino el desmantelamiento del Estado de derecho y el éxodo de millones de sus ciudadanos.
Este episodio, ocurrido a pocos días de la audiencia chilena ante la CIDH, no es una coincidencia temática, sino que expresa una misma tensión estructural en dos países distintos. Los temas que la sociedad civil chilena llevó ante la Comisión son, con matices, los mismos que hoy están en disputa en el Perú. El primer aspecto es el de los sitios de memoria. En Chile solo 72 espacios de memoria han sido reconocidos oficialmente por el Estado; en el Perú, esa misma fragilidad institucional tiene su expresión más visible en el LUM y en espacios como el Santuario de la Memoria de La Hoyada. La pregunta que Chile deja planteada ante la CIDH —¿quién financia, quién administra, qué ocurre cuando vencen los convenios o cambian las prioridades políticas?— es exactamente la que hoy debemos hacernos sobre la sostenibilidad institucional del LUM. Que un ministro en ejercicio califique públicamente su relato histórico de «falso» y proponga trasladarlo a una cartera ajena a su mandato original no es un exabrupto aislado: es precisamente una muestra del tipo de vulnerabilidad —administrativa, presupuestal, narrativa— que el caso chileno documenta como patrón. Pero además ese relato “falso”, desconoce las historias de las víctimas del conflicto armado interno, que han encontrado en los espacios de memoria un reconocimiento simbólico que no han encontrado en otras políticas de justicia.
El segundo aspecto es el de los archivos. La eliminación de unidades técnicas especializadas en Chile —identificación de víctimas, búsqueda de orígenes— encuentra su correlato peruano en las amenazas recurrentes sobre el destino y la custodia del archivo documental de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que conserva el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de Defensoría del Pueblo. No se trata de un archivo administrativo cualquiera; allí se exponen los testimonios directos de miles de víctimas y familiares, la evidencia sobre la que se construyó la verdad oficial del país sobre 1980-2000. Cuestionar el relato que ese archivo sostiene —llamarlo «falso»— es desconocer esas historias, esos dolores, y también esos actos de resistencia que realizaron cientos de víctimas en el Perú para enfrentar la insania subversiva y el accionar de las fuerzas armadas.
El tercer aspecto, quizás el más urgente, es el de la ejecución de condenas y beneficios penitenciarios. El dato chileno es contundente: en 20 de 23 audiencias sobre beneficios penitenciarios a condenados por graves violaciones de derechos humanos, el Programa de Derechos Humanos no compareció o retiró recursos previamente presentados por instrucción ministerial. Este es probablemente el paralelismo más directo y más urgente con el debate peruano en torno a la Ley 32419 y al tratamiento de los casos de graves violaciones: la despolitización aparente de decisiones que, en los hechos, alteran radicalmente el acceso a la justicia de las víctimas.
Lo que Chile expone ante la CIDH no debería ser leído en el Perú como una advertencia lejana. Las declaraciones de Álvarez y la respuesta ambivalente de Beingolea —que promete no cerrar el LUM mientras cuestiona el relato que lo sostiene— muestran que la disputa por la memoria no siempre toma la forma de un cierre o una eliminación explícita. Toma, con más frecuencia, la forma más silenciosa del cuestionamiento narrativo, el cambio de adscripción institucional y el retiro discreto de garantías. La pregunta de fondo no es, entonces, qué ministerio administra el LUM, sino si el relato de las víctimas seguirá teniendo garantías de existir sin depender de quién gobierne.
(*) Investigadora senior. Coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos.
Para este artículo se contó con la colaboración de Daniela Pulido para recopilar información de la CIDH.
