La Clínica Jurídica en temas de Corrupción y Lavado de Activos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) es una actividad coordinada por el IDEHPUCP en el marco del Proyecto “Promoviendo las capacidades de periodistas y estudiantes universitarios para la investigación de casos de corrupción y lavado de activos en el Perú”, realizado con el apoyo de The National Endowment for Democracy (NED). Una de las participantes de la Clínica, Cyntia Cocachin[1], nos cuenta su experiencia como participante en la misma.
Áncash ocupa el primer lugar de las regiones con más denuncias por corrupción presentadas en el Ministerio Público. En lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción ha contabilizado 431 casos en los distritos fiscales del Santa y Huaraz.
En la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), cada sábado por la mañana, un grupo de estudiantes universitarios nos reuníamos para aprender cómo desde nuestros roles podíamos contribuir con la solución a tal problema. Nosotros éramos estudiantes no solo de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, sino también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Con un tema como la corrupción, la labor que se podía hacer desde ambas especialidades era bastante amplia.
Si bien al inicio era más fácil integrar a los alumnos de Derecho a las tareas concretas de revisión de procesos legales, se encontró una manera de incluir a los alumnos que veníamos de Comunicaciones para el desarrollo de los talleres con casos prácticos. Así, a través del trabajo en equipo, compartíamos la información y evaluábamos los expedientes que se nos asignaban.
la experiencia de trabajar en equipos interdisciplinarios me confirma que debemos mantener la unión con el único objetivo de resaltar y defender la verdad.
Durante el análisis del expediente N° 01812-2016-63-0201-JR-PE-03 seguido contra cuatro funcionarios públicos de la red Huaylas Norte por el delito de negociación incompatible, nos involucramos a profundidad con la búsqueda de indicios. La colaboración como estudiantes de ambas carreras fortalecía la capacidad del equipo: por un lado, los estudiantes de derecho se enfocaban en los aspectos teóricos y la aplicación del Código Penal, mientras nosotros los comunicadores, desde un punto de vista empírico, nos enfocábamos en la búsqueda de nuevos indicios para concluir que era posible demostrar que los cuatro funcionarios cometieron el delito de negociación incompatible.
Como comunicadora en formación, me concentré en encontrar el ángulo social de los casos que veíamos. La corrupción, al afectar la función pública, termina afectando la administración de servicios y el funcionamiento de órganos que deberían velar por el buen uso de los recursos y bienes del estado, y por ello es de interés público que este tipo de fenómenos sean difundidos y revelados a la sociedad.
Como estudiante, el estar al tanto de diversos temas de coyuntura me ayudó a formar mis capacidades como comunicadora, y la experiencia de trabajar en equipos interdisciplinarios me confirma que debemos mantener la unión con el único objetivo de resaltar y defender la verdad. En Huaraz, se ha observado que muchos periodistas se dejan influenciar por la corrupción cuando nuestra verdadera labor es informar teniendo presente el código de ética del periodista. Hay muchos casos por revelar y es ahí donde debemos fortalecer nuestra cooperación.
Creo que es muy importante que todos los estudiantes seamos parte de actividades formativas como esta, sea cual sea nuestra profesión, pues es parte de nuestro deber de responsabilidad social profesional buscar el bienestar común y alternativas para vivir en un país sin corrupción.
[1] Estudiante del octavo ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) de Áncash.
