Por Kathy Subirana Abanto (*)
La campaña «Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso» comenzó como una lucha donde el foco se puso en la representación numérica en las listas electorales. Sin embargo, no era la única consigna. Una vez aprobada la Ley de Paridad, empezó la batalla por el cuidado integral de las mujeres que aspiran a participar en política. Los frutos concretos de esto último se recogieron en año 2021 con la promulgación de la Ley 31155, “Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política”. Sin embargo, la existencia de la Ley no ha eliminado el problema.
«Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso», es una iniciativa que nació el año 2011 con el impulso de las organizaciones feministas Flora Tristán y Manuela Ramos —y la Asociación Calandria en sus inicios— y se enfocó en poner en evidencia que el ingreso de las mujeres a los espacios de poder, históricamente masculinos, se ha dado enfrentando una ola de resistencia patriarcal que el Estado peruano aún no logra frenar.
El costo de la irrupción
Diana Miloslavich, vocera de la campaña, explica que la violencia política se intensificó precisamente con la implementación de las cuotas de género. «Antes de las cuotas, los consejos locales eran masculinos», señala, indicando que la inclusión de mujeres generó tensiones y violencia debido a la resistencia de sectores que se negaban a ceder sus espacios de poder.
Aunque casos extremos como asesinatos o agresiones físicas son excepcionales, el acoso cotidiano es la norma. Este consiste mayoritariamente en exclusión, humillaciones en sesiones municipales y violencia simbólica contra aquellas que irrumpen en el espacio público.
En ese sentido, las cifras del Ministerio de la Mujer revelan un patrón preocupante entre julio de 2021 y agosto de 2025:
- Vulnerabilidad: De 38 denuncias registradas, 32 corresponden a mujeres que son nuevas en la política.
- Identidad: El acoso afecta principalmente a mujeres mestizas (25 casos) y quechuas (9 casos).
- El agresor: En la totalidad de los casos (38), el agresor no tiene vínculo de pareja con la víctima, confirmando que la violencia ocurre estrictamente en el ejercicio del cargo o la aspiración al mismo.
- Riesgo: Si bien 14 casos se consideran leves, existen 3 registros de riesgo severo que demandan atención urgente.
Una ley con «dientes» de papel
A pesar de que desde abril de 2021 está vigente la Ley N° 31155, su aplicación es, en el mejor de los casos, deficiente. La norma define el acoso como cualquier conducta que busque anular o limitar los derechos políticos de las mujeres. Entre las manifestaciones sancionables están el restringir el uso de la palabra, divulgar información de la vida privada sin interés público o limitar recursos inherentes al cargo.
Sin embargo, la realidad administrativa choca con la letra de la ley. «La penalización real ha sido escasa y lenta, y la falta de reglamentación de la norma complica su aplicación», advierte Miloslavich. Y el escenario legislativo de los últimos años no ha sido favorable. Mientras que en los periodos parlamentarios que se dieron entre 2016 y 2021 hubo apertura para denunciar estos casos, el Congreso actual —caracterizado por sectores conservadores y fundamentalistas— ha bloqueado avances sustanciales.
Actores políticos como la presidencia de la Comisión de Constitución han sido señalados por obstruir dictámenes que permitirían una fiscalización más rigurosa. “Existe un interés en mantener el statu quo para evitar conflictos internos en los partidos. Con la mira puesta en los próximos comicios, la urgencia de protocolos efectivos es crítica”, señala la también exministra de la mujer.
La sociedad civil y redes feministas continúan acompañando a las víctimas, alertando que sin una reglamentación clara por parte del JNE y un compromiso real de los partidos políticos —que por ley deben incluir medidas de sanción interna—, la Ley 31155 seguirá siendo un marco legal de avanzada sin capacidad de protección real para las mujeres que deciden hacer política en el Perú.
¿Qué pueden decir sobre el acoso político mujeres que han ocupado espacios políticos?
Tania Pariona, excongresista. Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DDHH
“En mi condición de mujer indígena, viví el acoso y la violencia enfrentando el racismo y la discriminación antes, durante y después de mi participación en política. Esta práctica fue más acentuada, pública y con propósito de deslegitimar mi función como parlamentaria, cuando fui más visible en medios de comunicación, cuando asumí la vocería alterna de la bancada y cuando fui presidenta de la comisión de la mujer. La discriminación la ejercieron ciudadanos, autoridades, colegas del propio parlamento y funcionarios públicos.
El acoso político no es un tema que se priorice en el debate parlamentario. No hay espacio y tiempo para ello, sobre todo para los hombres. Hablar de este tema cuando tienes un cargo de autoridad, es un doble desafío: su abordaje como un problema y posibles soluciones y la discusión política, jurídica cuando se propone una ley para la prevención y atención.
Tenemos pendiente generar conciencia de que es un problema público, que nos afecta a todos y todas y tiene que ver con las relaciones asimétricas que profundizan las desigualdades y las violencias. Necesitamos contar con una institucionalidad capaz de adoptar medidas de implementación de la Ley de Acoso Político, bajo enfoques de interseccionalidad e interculturalidad”.
Ana Jara, excongresita y expresidenta del Consejo de Ministros
«Aunque parezca poco creíble, yo no he sufrido acoso político. Desde que inicie mi vida política, tuve la suerte de integrarme a una organización política con marcada presencia femenina y vida activa de mujeres desde sus bases, el otrora Partido Nacionalista. La apertura para participar de las actividades fue siempre en igualdad con los hombres, y luego me dieron la oportunidad, una vez electa congresista, de ejercer cargo en el Ejecutivo.
No obstante, yo debo ser la excepción, porque en provincia principalmente, la mujer está en abierta desventaja frente a los políticos varones en diferentes situaciones: el acceso a las entrevistas en los medios de comunicación, el trato de cierta prensa que recibe publicidad o apoyo de determinados candidatos, que invaden la privacidad de la vida de la dirigente, candidata o autoridad opositor, o de su familia, que no sea de interés público, como sanciona la norma. Hacen uso de sobrenombres para evitar ser denunciados, pero es evidente que están hablando de la política, trayéndose las honras al suelo. O en asambleas, como también se sabe, las dejan al final de la lista de oradores, restándole el tiempo concedido a los hombres, cuando muchas veces, el auditorio ya no tiene la misma concurrencia y tu intervención pasa desapercibida.
Tanto el acoso político contra las mujeres como el racismo son violencia de género, y de eso padecen marcadamente las mujeres de provincia y su objetivo es el mismo, socavar la autoridad o credibilidad de la mujer, invisibilizarla, en el segundo caso, con el agravante del componente étnico.
El trabajo pendiente es penalizar esta figura, porque sólo ha quedado a nivel de falta administrativa pasible de una multa, por parte del JNE, pero siendo su naturaleza jurídica de violencia de género, debe contemplarse como delito en el Código Penal con penas que contemplen, dependiendo la gravedad y la reincidencia del caso, pena privativa de la libertad.
Actualmente no vivimos en el mejor escenario en el Perú, pues una fuerte corriente conservadora pretende ignorar que subsiste la desigualdad y la equidad entre el hombre y la mujer. Hasta constitucionalistas se suman a este coro y pretenden derogar hasta la ley de cuota de género en las listas de elección popular, obviando que sin esta norma no habría aumentado la participación política de las mujeres en los poderes públicos, especialmente, el Legislativo».
(*) Responsable de prensa del IDEHPUCP.
