El IDEHPUCP realizó la presentación de los principales hallazgos de tres investigaciones sobre trata de personas, acceso a la educación e inserción laboral de migrantes y refugiados. Cada una de ellas es liderada por Andrea Carrasco, Jackeline Velarde y Stephanie Borios respectivamente.
Estas investigaciones se desarrollan en el marco del proyecto Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras. Este cuenta con la participación de Unesco Perú, Ideele, WeWorld Global, ChildFund, Universidad del Azuay y el IDEHPUCP. Asimismo, tiene la supervisión técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) entre los años 2022 y 2024. Esta es una iniciativa posible gracias al financiamiento de la Unión Europea.
Durante los últimos diez años, el panorama migratorio de varios países de la región latinoamericana ha experimentado cambios significativos, principalmente debido a la crisis humanitaria en Venezuela. En el caso de Perú y Ecuador, los últimos reportes de la plataforma R4V señalan que más de 1,5 millones personas venezolanas residen en territorio peruano y cerca de 480 mil en el ecuatoriano, colocando a ambos países como el segundo y sexto destino preferido por la población venezolana, respectivamente. Estos datos, no obstante, no reflejan las diversas dificultades que enfrentaron y aún enfrentan las personas que han migrado o se encuentran en situación de desplazamiento.
En este contexto, Andrea Carrasco, abogada por la PUCP y especialista en derechos humanos y política jurisdiccional, y Jackeline Velarde, comunicadora de nuestra universidad y especialista en género y diversidad, realizaron, respectivamente, investigaciones relacionadas a trata de personas y xenofobia contra población migrante venezolana, y acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en tres regiones del Perú: Piura, Lambayeque y La Libertad. Asimismo, la doctora en Antropología Stephanie Borios, especialista en migración, cuidado y trabajo, es la encargada de liderar la investigación sobre la situación e inserción laboral de los migrantes venezolanos en la región de Piura.
Andrea Carrasco se encarga de la investigación titulada Características de la respuesta estatal frente al delito de trata de personas migrantes con fines de explotación laboral y sexual en las regiones de Piura, La Libertad y Lambayeque, en relación con los ámbitos de gobernanza, prevención, asistencia y protección, y persecución del delito. Esta investigación se enfoca en la percepción que tienen las personas, tanto víctimas como quienes trabajan con víctimas, respecto a la respuesta que tiene el Estado al problema de la trata de personas.
Lo más resaltante que se encontró en este trabajo es que sí existe una articulación de actores, estatales y de sociedad civil, que ven el tema; sin embargo, no es suficiente. Esto quiere decir que lo que se conoce de la problemática de trata de personas sobrepasa a lo que se está haciendo actualmente en el Perú. Por ejemplo, en este año, han asumido nuevas autoridades regionales y locales. Esto ha generado una rotación de personal de las comisiones y redes encargadas del tema lo que produce una ralentización en los trabajos. Una problemática social y estructural como es la trata de personas no puede depender de cambios y voluntad política.
A su vez, Jackeline Velarde lidera la investigación titulada Limitantes y barreras del acceso a las escuelas por parte de personas extranjeras. Este trabajo se centra en analizar los obstáculos y limitaciones que tienen niñas, niños y adolescentes migrantes para acceder y permanecer en las instituciones educativas de Piura, Lambayeque y La Libertad. Entre los hallazgos más relevantes se destaca la existencia de diversos factores que perjudican el acceso y la permanencia de los estudiantes, tales como las migraciones internas, la inestabilidad laboral de los padres, la necesidad de trabajar de los menores por falta de ingresos, entre otros.
Asimismo, se presentan problemáticas como la falta de documentos necesarios para la inscripción de los estudiantes, la escasez de vacantes en las instituciones e, incluso, discriminación y xenofobia. En este sentido, encontramos muchos prejuicios y estereotipos hacia las comunidades migrantes y su derecho a ser educadas. Para el 2023, el MINEDU ha reportado que hasta el 31 de mayo se registró un total de 7 907 239 estudiantes matriculados en la Educación Básica Regular, de los cuales 123 886 son de nacionalidad venezolana y representan solo el 1.6% de la población estudiantil total del país. Pese a lo señalado, se percibe como una idea errónea que los estudiantes migrantes acaparan las vacantes de los peruanos. Este imaginario colectivo no concuerda con los datos recolectados.
Por su parte, Stephanie Borios se encarga de la investigación titulada Patrones y dinámicas de vulnerabilidad en la inserción laboral de los/as trabajadores/as migrantes en la región Piura. Esta investigación busca profundizar en el conocimiento de las dinámicas y patrones que caracterizan al trabajo de las personas migrantes venezolanas en la región de Piura.
Entre los hallazgos más relevantes, Borios destacó la problemática de la economía informal y la explotación laboral a la que se encuentran susceptibles las comunidades migrantes. También se observa una alta rotación e inestabilidad laboral, indicando que el 57% de la población migrante trabajadora en Piura gana menos de mil soles mensuales. “Este salario, claramente, no es suficiente para poder satisfacer las necesidades mínimas de ellos y sus familias”, comenta la investigadora.
Con el propósito de incidir en un diálogo que permita convertir los principales hallazgos de las investigaciones en insumos para mejores políticas públicas con enfoque de derechos humanos, el IDEHPUCP realizó mesas de diálogo regionales en Piura, Lambayeque y La Libertad junto con organizaciones de migrantes venezolanos, representantes del Estado peruano e instituciones internacionales.
Entre los asistentes a estas reuniones, destacamos la presencia de funcionarios de los Gobiernos Municipales y Regionales de Lambayeque, La Libertad y Piura; así como representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación el Ministerio del Interior, entre otros ministerios y entidades nacionales. Entre los actores civiles, destacamos a la Comunidad migrante Puerto Eten y ciudad, Venezolanos Organizados – VEO, Líderes comunitarias venezolanas, Hilo rojo, entre otros representantes de migrantes venezolanos. Asimismo, entre las instituciones internacionales, nos pudieron acompañar ACNUR, Save the Children, OIM y Word Visión Perú, HIAS, Cáritas, entre otros.
En el 2024 el proyecto Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras continuará sus actividades brindando cursos para docentes y autoridades educativas, y talleres dirigidos a miembros de la Policía Nacional del Perú en las tres regiones de intervención. Asimismo, se realizará una importante publicación a partir de las investigaciones realizadas y otras actividades de incidencia como una muestra fotográfica y una campaña de comunicación en redes sociales.
