No se puede decir que sorprenda, a quince días de iniciado el nuevo gobierno, la elevada cantidad de nombramientos de personas con cuestionamientos de carácter judicial o administrativo para altos puestos en la administración pública. Eso es congruente con la trayectoria de la organización en el poder, lo cual, evidentemente, no significa que deba ser admitido como algo normal. Siempre será un escándalo la corrupción en general, y más aún en un país con tantas carencias como el nuestro. Por otro lado, también es llamativo el número de nombramientos de funcionarios que ocuparon altos puestos en el quinquenio pasado, ya fuera bajo las presidencias de Dina Boluarte, José Jerí o José María Balcázar. Eso puede ser leído como una incongruencia de quien dijo que acababa de heredar «una catástrofe», pero con la misma razón puede ser visto como una confirmación de que fue ella misma quien colocaba a esos nombres —los autores de la «catástrofe»— en los ministerios y direcciones o que, por lo menos, estos no eran nombrados sin su aprobación.
Estamos, pues, ante una clara continuidad de la lógica de gobierno que prevaleció en los cinco años previos: la asignación de ministerios, viceministerios y direcciones según cuotas de poder y diversas formas de asociación opaca, en lugar de aplicar un criterio de solvencia técnica y servicio público.
No faltarán matices de diferencia, como es comprensible. Y el más inquietante de ellos, por el momento, es la aguda militarización de la política de seguridad ciudadana, como se percibe por los nombramientos que tienen lugar en el Ministerio del Interior. La proliferación de oficiales o exoficiales de las fuerzas armadas —en lugar de autoridades civiles y de oficiales de la policía— evidencia el enfoque de «mano dura» ofrecido como fórmula para poner atajo a la criminalidad violenta y para recuperar la seguridad ciudadana.
Es por lo menos dudoso que una militarización de la política de seguridad sea una respuesta seria y efectiva al problema. Es más bien una respuesta aparatosa, más orientada a generar una sensación pública que a conseguir resultados reales. Se ha explicado reiteradas veces —y muchos altos mandos militares coinciden con esto— que las fuerzas armadas no están preparadas para esta tarea porque simplemente esta no forma parte de su mandato. Se suele alegar, como subterfugio para la militarización, que el personal militar va a ser un apoyo y complemento de la policía. En este caso, sin embargo, la entrega de los puestos directivos más altos a militares desmiente incluso esa débil coartada.
Este camino es doblemente peligroso para la ciudadanía. En primer lugar, porque significa que no hay una política específica, pensada mediante un diagnóstico serio, para afrontar el problema de la criminalidad. Lo que hay, según todas las señales, es más una operación de impacto público mediante el despliegue de personal militar en las calles. Pero, en segundo lugar, está el peligro de que se produzcan abusos y uso desproporcional de la fuerza contra la ciudadanía bajo el pretexto de la lucha contra el crimen. Esta posibilidad ominosa, como se ha comentado repetidas veces, se asocia además con la arquitectura normativa levantada por el Congreso para evitar la rendición de cuentas de agentes estatales por violaciones de derechos humanos. La reimposición del fuero militar-policial es la pieza central de esa arquitectura.
Como decimos al comienzo, estos primeros pasos del nuevo gobierno no son sorprendentes; por el contrario, son previsibles. Pero sería un grave error que por ello fueran recibidos en silencio, como un curso normal y correcto del manejo de los asuntos públicos. La sociedad peruana no debe renunciar a su derecho y a su capacidad de fiscalización, crítica y denuncia.
