La conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha tenido como lema oficial “Dar para recibir”. La idea alude certeramente a la necesidad de cooperación en un momento en el que las grandes fuerzas que gobiernan el mundo quieren empujarlo en sentido contrario. Se resalta, así, de diversas formas, la importancia de defender las rutas del consenso, la forja de acuerdos y el respeto a las normas y tratados para seguir avanzando en la realización de los derechos de las mujeres. Por otro lado, la sección especial de Naciones Unidas sobre esta materia, ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), adoptó la consigna de “Derechos. Justicia. Acción” para destacar que “(e)l Día Internacional de la Mujer 2026 llega en un momento en que los sistemas judiciales se encuentran bajo presión. Los conflictos, la represión y las tensiones políticas están debilitando el estado de derecho. Como resultado de ello, las mujeres y niñas disfrutan solamente del 64 por ciento de los derechos legales de los hombres. Las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización o se ven privadas de apoyo jurídico. La igualdad nunca llega.”
Estamos ante problemas históricos o estructurales frente a los cuales se estuvo logrando algunas mejoras –nunca satisfactorias, desde luego- en las últimas décadas, cuando se tomó plena conciencia de esta particular forma de desigualdad y, a partir de ello, se generaron normas, instituciones, políticas y diversas formas de intervención a escala global, regional y nacional. Si bien nada de esto era suficiente, hoy es duro comprobar que nos encontramos en un momento de retroceso, como lo está el resto de la amplia agenda de defensa de los derechos humanos. En el plano ideológico han cobrado fuerza los discursos que niegan la existencia de la desigualdad o rechazan las medidas necesarias para enfrentarla; en el plano político e institucional, el surgimiento de gobiernos autoritarios de derecha y de izquierda lleva a una paralización o desmantelamiento de las políticas y programas dirigidos específicamente a proteger los derechos de las mujeres. Se niega la especificidad del problema y de ese modo se bloquea el desarrollo de respuestas efectivas.
En el Perú esta tendencia se ha expresado de la manera más cruda en la norma dada por el Congreso para eliminar el enfoque de género y reemplazarlo por otra política que, justamente, niega la particularidad del fenómeno de desigualdad contra las mujeres. En la misma tendencia se inscribe la repetida intención de fusionar el Ministerio de la Mujer con otros ministerios. Fusionar es esconder, borrar, disimular y, en última instancia, olvidar.
Sería deseable decir que el horizonte de las elecciones generales de 2026, que se celebrarán en pocas semanas, marca una oportunidad para reorientar el tratamiento de este tema por parte del Estado: no solamente recuperar plenamente el enfoque de género sino también fortalecer y darle verdadera relevancia a la Política Nacional de Igualdad de Género. Desgraciadamente, y al margen de lo que hoy en día consignen los planes de gobierno sobre el tema, la calidad de las agrupaciones y personajes que compiten por ocupar la presidencia y el Congreso bicameral, salvo contadas excepciones, no ofrecen garantía de ese cambio de rumbo. Frente a ello el 8 de marzo seguirá siendo un día importante y necesario, una fecha de reivindicación, de generación de conciencia y de reafirmación de demandas.
