Este 28 de julio el país ha cerrado formalmente un periodo de alta inestabilidad y creciente autoritarismo solamente para ingresar en una etapa política que amenaza ser, si no tan inestable, sí tan oscura como la anterior. Si el lustro 2021-2025 fue el de la hegemonía del autoritarismo y la corrupción impuestos por un Congreso extralimitado en sus funciones, pero con la anuencia cómplice del Ejecutivo, ahora esa tendencia antidemocrática pasa a ser comandada oficialmente desde Palacio de Gobierno. Hoy, como hace tres días, la urgencia de la sociedad civil es la misma: defender lo que queda de la democracia y el Estado de Derecho en el Perú.
Lo señalado puede sonar prematuro cuando se habla de un gobierno que se acaba de inaugurar. Es habitual, e incluso razonable en términos generales, aguardar a ver los primeros pasos de un nuevo gobierno para tener una idea y una apreciación crítica sobre el curso que seguirá. Pero este es un caso distinto. No se trata, en sentido estricto, del estreno de un gobierno sobre cuya ejecutoria quepa tener incógnitas, sino de la continuación de un poder que ya se ha estado ejerciendo desde hace por lo menos cuatro años y cuya agenda de erosión de la democracia, protección a la corrupción y demolición de instituciones se puede rastrear hasta el año 2016. Una lectura realista de la situación actual, más allá de lugares comunes sobre cambios de gobierno, es que el ascenso de Keiko Fujimori a la presidencia solo marca la toma oficial de un poder, el Poder Ejecutivo, al que desde hace años venía obstruyendo, constriñendo y sometiendo a su voluntad desde el Legislativo. La “catástrofe” que Fujimori dice haber heredado no es otra que la que su partido le ha impuesto a la ciudadanía peruana, una “catástrofe” que ha resultado, en realidad, muy funcional a la agenda que se ha desarrollado en estos años.
Cualquier grado de expectativa sobre el nuevo gobierno será posible solamente en la medida en que, en lo que atañe al Poder Ejecutivo y con la fuerza que tiene en el Legislativo, emprenda el desmontaje de la estructura autoritaria, favorable a la corrupción y el crimen organizado, y enemiga de los derechos humanos que se ha levantado en estos años. Esto implica, como mínimo, suspender su control y su manejo autoritario de instituciones clave para el Estado de Derecho, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y devolverles independencia y autonomía; impulsar el ejercicio de la justicia sobre las masacres cometidas contra manifestantes en los años 2022 y 2023; revertir las leyes que garantizan la impunidad para violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra respecto de los hechos del conflicto armado interno; derogar las normas que garantizan impunidad para las fuerzas armadas y la policía por el uso desproporcional de la fuerza y violaciones de derechos humanos en el presente mediante la imposición del fuero privativo militar-policial sobre el fuero civil; deshacer el marco normativo generado para dificultar las investigación y el procesamiento de una diversidad de delitos conectados con la criminalidad organizada; restaurar el enfoque de género y la educación sexual integral, necesarios ambos no solo para garantizar la inclusión, sino también para prevenir la violencia sexual, sobre todo la que afecta a niñas y adolescentes; detener la campaña contra la verdad y la memoria sobre los hechos del conflicto armado interno y contra los familiares de víctimas; restaurar los mecanismos institucionales generados para promover los derechos de la población a educación y salud –como es el caso de la Sunedu–, que han sido desnaturalizados o incluso desmontados en el último lustro, y, desde luego, plantear una auténtica política de seguridad ciudadana con visos de efectividad, respetuosa de los derechos de la población y ajena a una demagogia populista y autoritaria.
Nada de eso ha sido siquiera insinuado como intención durante la campaña electoral, en el periodo posterior a la elección o en el discurso de asunción de mando. Por el contrario, en este solo han aflorado predecibles impulsos autoritarios como el de la “mano dura” contra el crimen, una forma de populismo securitario que ahora ha sido combinado con un populismo económico: la promesa de obras públicas, ayudas y una lluvia de gastos con sabor a dádiva destinados a generar la impresión de un gobierno que se preocupa por la población más desfavorecida, pero sin políticas realmente enfocadas en resultados sostenibles y en cumplimiento de derechos.
“Dinero de sangre” es como se denomina en ciertas sociedades martirizadas por la violencia y el autoritarismo al dinero que se ofrece a las víctimas a cambio del silencio, el olvido y la renuncia a sus derechos a la justicia. El Perú es un país victimizado en varios sentidos. En el sentido más concreto, están, además de las víctimas de la violencia armada, las víctimas de las recientes masacres en el sur andino, a las que se ha negado en estos años no solamente justicia sino también un mínimo de respeto. Esa población merece una respuesta a sus derechos, y esa respuesta no puede ser sustituida por los gastos populistas en sus regiones que hoy se anuncian. En un sentido más general, somos una sociedad que ha visto destruir en estos años las instituciones democráticas que tanto le costó recuperar tras una década de autoritarismo, y no es aceptable que esa destrucción sea olvidada, aceptada o legitimada mediante una campaña de gasto público a todas luces demagógico y en gran medida irresponsable. La “reconciliación” de la que se ha hablado este 28 de julio, si es que el concepto tiene alguna cabida, solo puede significar restauración del Estado de Derecho, ejercicio de la justicia y respeto a los derechos ciudadanos. Todo lo demás solamente es populismo autoritario y la sociedad peruana debe estar prevenida contra él.
