La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un auténtico problema público de la sociedad peruana, un fenómeno en el que se condensa una diversidad de violaciones de derechos, que arruina vidas desde los momentos más tempranos y que en no pocas ocasiones conduce incluso a la pérdida de vidas: las muertes de niñas embarazadas como resultado de violación y obligadas a llevar adelante la gestación son un caso paradigmático de este complejo de crímenes.
Entre los instrumentos con los que cualquier Estado cuenta para hacer frente a ese problema tiene un lugar fundamental la educación sexual a través del sistema escolar. Por esa razón no se puede pasar por alto el nuevo ataque a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes perpetrado esta vez por el Ministerio de Educación y orquestado por el Congreso.
Siguiendo lo dispuesto por una ley aprobada en el Congreso por iniciativa de Renovación Popular (ley 32535 impulsada por la congresista Jáuregui, la misma que expuso públicamente a niñas embarazadas y obligadas a la gestación), el viceministerio de Gestión Pedagógica ha eliminado la Educación Sexual Integral y, siempre obedeciendo a lo impuesto por el Congreso, la ha reemplazado por una fantasiosa norma de “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”, concepto que no es recogido por ninguna entidad internacional como la UNESCO o el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Este reemplazo, que obedece únicamente a una consigna conservadora contraria al enfoque de género y otros paradigmas esenciales para la protección de derechos, no hace otra cosa que dejar desprotegida a una población altamente vulnerable. Como ha señalado el exministro de Educación Ricardo Cuenca, en cuya gestión se aprobaron los lineamientos de Educación Sexual Integral, con este cambio desaparecen, entre otros elementos, menciones a la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, el enfoque de igualdad de género como eje transversal y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad.
Estamos, así, ante un nuevo atentado contra los derechos de la población, un atentado triplemente grave por estar dirigido contra una población particularmente vulnerable, por significar la destrucción de un avance que situaba al país en una dirección correcta y por no tener otro fundamento o motivación que la imposición de consignas y dogmas retrógrados y oscurantistas: un capricho ideológico convertido en una agresión oficial contra los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de todo el país.
